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Gobierno y víctimas buscan cómo mejorar la respuesta en Iguala

Representantes del Gobierno mexicano y de los 43 estudiantes desaparecidos se reúnen para elaborar una propuesta conjunta para solicitar “ayuda técnica” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

Protesta ante la CIDH por la desaparición de los estudiantes de Iguala
Protesta ante la CIDH por la desaparición de los estudiantes de Iguala EFE

Nadie se engaña de lo que el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, denomina el “tamaño del desafío” en Iguala: “A 34 días, no han aparecido los estudiantes” de magisterio desaparecidos en el Estado de Guerrero, subraya sobre el asunto que lleva más de un mes impregnando la política mexicana y que el jueves dominó las audiencias en la sede del organismo regional de derechos humanos.

Conscientes de que el tiempo apremia, representantes del Gobierno de Enrique Peña Nieto y de los familiares de los normalistas desaparecidos tienen previsto reunirse este viernes en la sede de la CIDH con un objetivo concreto: redactar un “memorándum de entendimiento” en el que especifiquen de forma consensuada qué tipo de “asistencia técnica” se le pide a la Comisión para mejorar -y acelerar- la búsqueda de los jóvenes estudiantes.

La idea, según había explicado el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, es que la CIDH nombre un grupo de “peritos” que puedan proporcionar ayuda en cuatro rubros: el análisis técnico del plan de búsqueda en vida, de la investigación de los vínculos entre delincuencia organizada y actores estatales, el de los medios tecnológicos para la búsqueda de fosas clandestinas y el análisis de los requerimientos adicionales del futuro grupo independiente de peritos de antropología forense.

Tras una hora larga de reunión con los comisionados al término de las cinco audiencias sobre México que se celebraron durante la jornada del jueves, Robledo se manifestó “confiado” en que este viernes se lograría consensuar el acuerdo con las organizaciones civiles. Sobre todo, recordó, porque en la reunión que esta semana celebraron el presidente Enrique Peña Nieto y los familiares de los desaparecidos “nos instruyeron a agilizar la celebración de este convenio”.

Álvarez Icaza confirmó este viernes a EL PAÍS que esperan recibir en las próximas horas el documento y explicó que estaba ya en conversaciones con los comisionados para poder acordar una cita para discutir la petición. El objetivo es, según había declarado ya la pasada noche, dar una respuesta lo antes posible.

El jefe de la CIDH subrayó que “en todos los actores prima un carácter de urgencia” para actuar lo antes posible, pero eludió comprometer una fecha de cuándo podría ponerse en marcha la comisión técnica debido a que, indicó, primero se tiene que estudiar la petición.

“Lo primero que tenemos que tener es claridad en la propuesta consensuada por las partes; lo segundo, cuáles son los términos que se espera de la intervención de la Comisión y si ésta acepta los términos de su mandato, capacidad y competencia; y tercero establecer una ruta de trabajo”, enumeró.

“Cuando esto esté claro, podemos hablar de fechas y tiempos”, agregó.

La decisión de la CIDH de proporcionar “asistencia técnica” es una medida inusual que demuestra la gravedad que se reconoce en el caso. Sólo existen dos precedentes en los que la Comisión proporcionó este tipo de ayuda: con el asesinato de la defensora de derechos humanos -también mexicana- Digna Ochoa en 2001 y el atentado contra la sede en Buenos Aires de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que causó la muerte de 85 personas.