En busca de los invisibles de Brasil

En la puerta de una de las casas de arcilla de la zona rural de Alto Alegre do Pindaré, un municipio al oeste del pobre Estado de Maranhão, al norte de Brasil, Lucas, de tres años, juega con el cadáver de un pájaro junto a sus hermanas Ludmila, de seis, y Bruna, de cinco. Su madre, Maria Eliane da Silva, de 22, cuida del hijo más pequeño, de ocho meses, dentro de casa. El padre, Antonilson dos Santos, hace distintos trabajos informales y cobra, cuando tiene uno, una media de 30 reales (12 dólares) al día. En los buenos meses, paga los 50 reales (21 dólares) de alquiler de la casa de tres habitaciones y compra comida para los hijos. En los malos, pasan días comiendo una papa hecha de harina y agua.

Esta familia nunca ha tenido una fuente de renta mensual segura ni podía acceder al Bolsa Familia, el principal programa social del Gobierno de Brasil que destina dinero a quienes sufren pobreza o pobreza extrema. Les faltaban hasta los documentos de identidad, necesarios para inscribirse. Eran invisibles para la Administración, que ha lanzado un plan nacional, el Búsqueda Activa, para hallar a los pobres del país que no reciben ningún subsidio.

El programa Bolsa Familia fue creado durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e impulsado sobre todo durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Hoy en día, 13,9 millones de familias reciben la ayuda. Eso supone llegar a cerca de un cuarto de la población total de Brasil, de unos 200 millones de personas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en un informe publicado la semana pasada, lo considera clave en la reducción del hambre en el país, que en los últimos 20 años ha caído a la mitad. Todavía hay, no obstante, 3,4 millones de personas, el 1,7% de la población, que pasan hambre. Por eso todos los candidatos a las presidenciales del 5 de octubre aseguran que van a mantenerlo, aunque propongan distintas formas de gestionarlo.

Pese a los logros del programa, el Bolsa Familia tiene detractores entre quienes argumentan que se trata de un instrumento electoral que hace que los ciudadanos dejen de trabajar.

Un equipo municipal del plan para buscar a los más pobres se desplaza a Alto Alegre do Pindaré. Durante dos días, visitan a personas como Antônia Costa, de 31 años, que se prostituye para complementar su renta. Ven casos como el de Francilene Araújo, una joven de 14 años que acaba de casarse y nunca dejó el pueblo donde vive; y el de Sara de Jesús, embarazada de cuatro meses y que pasa hambre junto a su hija de cuatro años. Ninguno de ellos buscó el subsidio porque viven lejos de la oficina donde se gestionan las ayudas, la Secretaría de Asistencia Social. Una vez identificados estos casos, el equipo municipal inscribe a esas familias, les explica cómo funciona el programa y cómo lograr los documentos exigidos.

En Alto Alegre do Pindaré, que tiene cerca de 32.000 habitantes, seis de cada diez personas viven en la pobreza. De estas seis, cuatro de ellas forman parte de familias cuya renta per cápita no llega a los 70 reales (30 dólares): están en la pobreza extrema.

Las opciones de empleo son escasas. Solo hay una pequeña red de comercios en el centro o la opción de acceder a cargos en el Ayuntamiento. La mayoría trabaja en el campo o en el denominado roço da juquira, la limpieza de áreas taladas para la ganadería. La mitad de los que viven en Alto Alegre do Pindaré depende del Bolsa Familia. Se calcula, además, que esta ayuda social todavía no ha llegado al 25% de los ciudadanos que tienen derecho a recibirla.

El mes pasado, se inscribieron 44 familias de esa ciudad. Desde que el Gobierno puso en marcha el programa Búsqueda Activa hace tres años, ha localizado a 1,35 millones de familias brasileñas que no recibían la ayuda, según el Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre.

Quienes trabajan de cerca con los inscritos en el programa Bolsa Familia aseguran que nadie quiere que sus hijos tengan que recibir las ayudas en el futuro. De hecho, un total de 1,7 millones de familias lo han dejado de manera voluntaria, al declarar que ya no lo necesitaban. Además, más de un millón han dejado de solicitarlo, aunque no hayan informado del motivo. Para Renato Meirelles, presidente del Data Popular, agencia especializada en información sobre la población con pocos recursos, es falsa la idea de que la gente se acomode en el Bolsa Familia. “Todo lo que quiere el ciudadano es tener un empleo con contrato”, sostiene.

Para crear oportunidades para quienes reciben la ayuda, el Gobierno empezó a ofrecer cursos técnicos a través del Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y al Empleo (Pronatec). “La respuesta fue muy positiva. Teníamos planeado garantizar un millón de plazas hasta diciembre de este año, pero ya tenemos 1,36 millones de inscritos en los cursos”, explica la ministra de Desarrollo Social, Tereza Campello. “Muchos todavía creen que los pobres son pobres porque no trabajan. Más de la mitad de los que tienen el Bolsa Familia no trabajan porque tienen menos de 14 años. Y entre los adultos, el 75% trabaja. Hay personas que están empleadas y complementan su renta con el programa, pero eso no significa que son perezosas”, argumenta la ministra.

Los expertos coinciden en que este es el camino natural para continuar con la lucha contra la pobreza en Brasil, hasta el punto de que un día la ayuda social desaparezca porque nadie más la necesite. “Pero como el Bolsa Familia ha sido un éxito, nadie tiene el coraje de quitarlo”, concluye Campello.