Nicaragua no es país para mujeres

El diario La Prensa, el mayor de Nicaragua, abría su portada del miércoles con una foto espeluznante: una mujer yacía ensangrentada a unos pasos de su cama, con en el piso y las paredes de la habitación manchadas de sangre y sobre el lecho una sábana blanca enrojecida. Al lado de la imagen un gran titular que afirmaba: “Otra víctima de femicidio”. Se trata, de hecho, de la víctima número 46 en lo que va de 2014, en un país de apenas seis millones de habitantes.

La mujer, Carmen Martínez López, de apenas 25 años, fue asesinada a machetazos por su pareja, Walter Galán, también de 25, quien no aceptaba que Martínez diera por terminada la relación. La saña fue tal que una de las heridas, según el rotativo, era de 25 centímetros. “Se dice que Nicaragua es uno de los países más seguros de Centroamérica, pero para las mujeres no hay seguridad”, dijo a EL PAÍS Magali Quintana, una de las coordinadoras de Católicas por el Derecho a Decidir, organización que lleva la triste tarea de registrar cada una de las mujeres asesinadas en esta pequeña pero convulsa nación.

El asesinato de Carmen Martínez se produjo en La Paz Centro, un pequeño poblado donde nunca ocurre nada destacable, de camino entre Managua y León, las dos principales ciudades de Nicaragua, localizadas en la región de las costas del Pacífico. Las organizaciones de mujeres aseguran que el asesinato de Martínez obedece a un patrón alarmante en el país: son asesinadas mujeres cada vez más jóvenes, por hombres jóvenes –sus parejas, en la mayoría de los casos– y con un alto nivel de impunidad. “La mayoría de agresores están prófugos de la justicia”, asegura Magali Quintana. Walter, la pareja de Carmen, huyó tras dejar a la joven tirada en un charco de sangre en su pequeña habitación.

El año pasado Nicaragua aprobó una ley que en su etapa de discusión era recibida como una buena noticia para acabar con la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres. El reglamento –conocido como Ley 779– levantó ampollas entre sectores conservadores, incluidos la iglesia católica, que la señalaban de afectar a la familia y de ser un instrumento de castigo contra los hombres, porque establecía 30 años de cárcel para quienes cometieran violencia contra las mujeres. La controversia fue tal que altos jerarcas católicos se pronunciaron abiertamente contra la ley. "Hemos dicho repetidamente que el número de la bestia ya no es 666, sino el 779, porque justamente está destruyendo a las familias. Cuántas veces se reacciona por la ira, por revanchismo y una vez pasadas las aguas las personas que han acusado al marido, al tío, al primo reconocen que la posición ha sido demasiado dura y piden revertir el caso”, dijo monseñor Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí, localizada al norte de Nicaragua.

La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional, pero se impuso un elemento que cayó como agua fría a los organismos de mujeres de Nicaragua: la mediación, una figura legal que prácticamente exige a las mujeres negociar con sus agresores después de denunciarlos. “La mediación sirve como un elemento que propicia la muerte de mujeres”, explicó Magali Quintana, de Católicas por el Derecho a Decidir. “Las Comisarías de las Mujeres –dependientes de la Policía Nacional– presionan para que las mujeres entren en un proceso cuyo resultado es la muerte”, agregó.

La Red de Mujeres contra la Violencia registró 72 féminas asesinadas el año pasado, 85 en el 2012 y 63 en 2011

Para las organizaciones nicaragüenses de mujeres la Ley 779 no ha ayudado a prevenir la violencia de género. La Red de Mujeres contra la Violencia registró 72 féminas asesinadas el año pasado, 85 en el 2012 y 63 en 2011. Una tendencia difícil de romper, según Reyna Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia. “Cada tres días hay una mujer asesinada en Nicaragua”, afirmó Rodríguez a EL PAÍS. “La Ley 779 es importante, pero no hay una intervención efectiva, porque el Estado no garantiza presupuesto para hacerla cumplir”, agregó. Las estadísticas muestran que de las 46 mujeres asesinadas en el primer semestre de este año, 6 eran adolescentes y otras seis de entre 18 y 20 años. Además, los agresores son también muy jóvenes, lo que para los organismos que luchan contra este fenómeno es una muestra preocupante de que hay todo una construcción de violencia y machismo muy arraigada entre los nicaragüenses.

Rodríguez afirmó que en Nicaragua es el mismo Estado el que fomenta este tipo de violencia, al permitir la impunidad. “El Estado tiene un comportamiento autoritario, con un sistema vertical, absolutista y excluyente, que se comporta con indiferencia ante los feminicidios”, dijo. Para Rodríguez el Gobierno del presidente Daniel Ortega debería designar un presupuesto que permita diseñar una campaña de sensibilización y prevención de la violencia de género.

Esta mujer se expresa muy frustrada ante la pasividad de las autoridades frente a las estadísticas. “Si fuera violentada una hija de Rosario Murillo (primera dama y jefa de Gabinete de Gobierno) o de Alba Luz Ramos (presidenta de la Corte Suprema) sí habría una alerta roja en todo el país, habrían desplazado a 20.000 policías, pero como las mujeres asesinadas no son hijas de grandes personalidades, son mujeres de barrio, el comportamiento del Estado es vergonzoso”, dijo Rodríguez.