La opositora venezolana Machado reclama protección a la OEA

Puesta entre la espada y la pared por el asedio del Gobierno de Nicolás Maduro, María Corina Machado, la exdiputada y dirigente de la oposición venezolana, llevó este viernes a la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas una solicitud de protección para sus derechos civiles.

Machado, que ya fue despojada en marzo pasado de su investidura de diputada por la directiva oficialista de la Asamblea Nacional, deberá acudir mañana a declarar ante las autoridades de la policía política y de la Fiscalía en Caracas. Los cuerpos de inteligencia del Gobierno venezolano aseguran tener evidencias de un plan que se estaría tramando para atentar contra las vidas del presidente Maduro y de otros funcionarios, compló del que Machado sería parte. Se prevé que durante el acto quede acusada formalmente.

La exprecandidata presidencial es una de las figuras opositoras más aborrecidas por el chavismo gobernante. En enero pasado, junto al exalcalde y líder de Voluntad Popular, Leopoldo López —en una cárcel militar desde el 18 de febrero—, se puso a la cabeza de una facción opositora denominada La Salida que, como su nombre sugiere, propugna el desalojo de Maduro del poder. Desde esa posición dio respaldo a la oleada de protestas callejeras que azotó a varias ciudades venezolanas en febrero, con un saldo de 44 muertos y más de 3.000 detenidos.

La petición de Machado al organismo hemisférico fue recibido por el representante de la OEA en Caracas, Miguel Ángel Trinidad. El documento hace alusión a la manera sumaria en la que la entonces diputada por el Estado de Miranda fue destituida de su cargo en marzo pasado. Entonces, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello —exteniente del ejército y considerado número dos del chavismo— anunció que Machado había perdido su escaño al presentarse ante una sesión de la OEA en Washington como miembro de la delegación panameña. A partir de entonces, se impidió manu militari el acceso de la parlamentaria defenestrada al hemiciclo. Pocos días más tarde, el 1 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la decisión, sin escuchar los alegatos de la afectada. Durante ese proceso relámpago, sostiene Machado, le fueron privados sus derechos a la participación política y a la defensa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la OEA, tiene la potestad de emitir medidas cautelares, de aplicación obligatoria por parte de los Estados, para proteger de manera inmediata a ciudadanos individuales. Sin embargo, una eventual medida de ese tipo no pasaría de ser un gesto político en este caso. Desde 2002 el gobierno de Caracas caracteriza a “la burocracia” de la CIDH como un enemigo de la revolución bolivariana. Después de promover diversas iniciativas para reducir las capacidades de la comisión, Venezuela se desvinculó del sistema interamericano de Derechos Humanos. 

La iniciativa ante la OEA forma parte de una campaña con la que Machado buscaría elevar el costo político de una medida judicial en su contra, que luce inminente. En las últimas horas, la dirigente opositora recibió cartas públicas de apoyo del expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso y de su colega colombiano, Andrés Pastrana.