Buenos Aires camina a paso lento hacia la urbanización de sus chabolas

Antes le llamaban la casa de los paqueros, los consumidores del paco (pasta base de cocaína). Estaba casi abandonada y era esquivada con temor por los vecinos del barrio porteño de Soldati, un complejo de edificios sociales construidos en la década del 70 para alojar a chabolistas. Ahora la casa se ha convertido en una sede social municipal a la que asisten 250 personas, desde niños de tres años hasta jubilados, a hacer gimnasia, danzas, teatro o ajedrez. Está rodeada por una plaza con juegos nuevos y una cancha de fútbol con hierba sintética. La mayoría de las viviendas sigue deteriorada, aunque el ayuntamiento de Buenos Aires ha comenzado a pintar algunas. Esa es una realidad de los planes de urbanización de villas (barrios de chabolas) y otras viviendas precarias en la capital argentina y su periferia, que juntas hacen de Buenos Aires la decimoquinta metrópolis más poblada del mundo, pero expertos y vecinos coinciden en que son programas que marchan lento.

Está mal manejado el asunto: se buscan soluciones individuales y no un programa global
Jorge Jáuregui, arquitecto

Desde hace más de un mes, vecinos agrupados en la Corriente Villera Independiente acampan frente al Obelisco porteño para reclamar por la urbanización de sus barrios al alcalde, el conservador Mauricio Macri. Pero también comentan que se encuentran en la misma o peor situación los villeros del Gran Buenos Aires, es decir, los suburbios, que son jurisdicción del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerista moderado Daniel Scioli. En la tienda se turnan cada cinco días militantes que hacen huelga de hambre. Una de ellas es Silvia, que ha vivido sus 28 años en la Villa 21 de la capital y trabaja en una cooperativa de barrido y recolección de residuos en su barrio. “En 28 años la villa se superpobló, no se abrieron calles y las ambulancias siguen sin entrar”, se refiere a barrios en los que se circulan por pasillos entre casas de materiales más o menos precarios. “Hay gente a la que se le está cayendo el techo. Hay pocas cloacas. Si llueve, saltan los chispazos del tendido eléctrico. Lo único que pusieron son contenedores para atender quejas”, comenta Silvia sobre los llamados portales inclusivos, oficinas que el alcalde instaló en villas. Juan, un militante del movimiento estudiantil universitario Marea Popular que adhiere a la huelga de hambre, cuenta que su agrupación cuenta con sedes en barrios pobres de los municipios de Lanús y San Isidro, en el Gran Buenos Aires, y advierte de que allí “la situación es la misma o peor, lugares sin salita de salud (puesto sanitario) y chicos que no van al colegio porque no tienen zapatillas”.

“Ellos quieren definir qué obras hacemos y que el Gobierno (porteño) les transfiera la plata para hacerlo, que les transfiera una ambulancia, pero no tienen representatividad, son votados por 200 o 300 vecinos en villas donde viven 10.000”, rechaza la protesta la secretaria de Hábitat e Inclusión de la ciudad de Buenos Aires, Marina Klemensiewicz, en la oficina que ha instalado cerca de los barrios de chabolas del sur de la capital. El alcalde Macri, candidato presidencial para las elecciones de 2015, había llegado al poder porteño en 2007 con la promesa de erradicar la villa más céntrica de la ciudad, la 31, y urbanizar los otros 29 barrios de chabolas de la ciudad. Finalmente, ante la presión de los 40.000 habitantes de la Villa 31, optó por incluirla en los planes de urbanización. Con el modelo de Río de Janeiro y Medellín en la cabeza, la capital puso en marcha en 2009 su plan y prometió que al año siguiente ya estarían urbanizadas cinco villas. Klemensiewicz, que asumió en su cargo en 2012, cuenta que completaron el trabajo en dos y que este año las dependencias de Gobierno dedicadas al programa tienen un presupuesto de 185 millones de dólares para todos estos barrios, incluidos los de edificios sociales antiguos, en los que en total viven 275.000 personas. “Antes había una política de parches. Nosotros llegamos con mucha intención de hacer, pero nos dimos cuenta de que teníamos que hacer un programa para la transformación urbana con los ciudadanos”, admite Klemensiewicz, que dice que habla con los vecinos de las villas y no solo con sus delegados.

En 28 años la villa se superpobló, no se abrieron calles y las ambulancias siguen sin entrar Silvia, habitante de la Villa 21

También a partir del ejemplo de Brasil y Colombia, la provincia de Buenos Aires anunció en 2010 que urbanizaría las 1.000 villas de la periferia de la capital, en las que viven unos dos millones de habitantes, pero aclaró que en una primera etapa comenzaría por mejorar unas cien. El subsecretario de Tierras, Urbanismo y Vivienda bonaerense desde 2012, Fabián Stachiotti, cuenta que ya ha “intervenido” en más de 200 barrios en toda la provincia, tan extensa como Italia y que va más allá de los suburbios de Buenos Aires. Dice que esas intervenciones consisten en la provisión de agua potable, cloacas, conexión eléctrica, pavimentación de calles, arreglo de techos de las casas e instalación de escuelas, comisarías, centros sanitarios, culturas y deportivos y plazas. Stachiotti menciona tres villas ya urbanizadas, dos en el Gran Buenos Aires y otra en Mar del Plata, y añade que en 2007, cuando comenzó el Gobierno de Scioli, solo un 33% de los habitantes del Gran Buenos Aires contaba con cloacas y que en la actualidad suman el 75%. El subsecretario admite que Scioli, otro aspirante a la presidencia argentina, se “encontró con un montón de dificultades” desde que comenzó el plan: “Primero, que no había una definición presupuestaria para abordarlo. En 2013 se aprobó la ley de hábitat que transfiere la mitad de la recaudación del impuesto a los terrenos baldíos para un fondo de 200 millones de pesos (24 millones de dólares) para arreglar techos, asfaltar calles y generar lotes con servicios públicos. Segundo, no teníamos el nexo con las organizaciones sociales del barrio y lo construimos porque son ellos los que saben lo que hay que hacer. Tercero, que la población de las villas es creciente, hay mucha migración desde otras ciudades y pueblos de Argentina y desde países vecinos. Cuarto, es difícil llevar infraestructura a lugares donde la gente se asienta pero que los municipios no tenían planificados”. Unos 249 millones de dólares destina en total la provincia al presupuesto de dependencias involucradas en el mejoramiento de los barrios.

“No he visto avances”, lamenta el arquitecto argentino Jorge Jáuregui, que vive en Río de Janeiro y allí ha liderado diversos proyectos de urbanización de favelas, cuando se le pregunta por las villas de Buenos Aires y sus alrededores. “Está mal manejado el asunto: se buscan soluciones individuales y no un programa global, con recursos nacionales y de organismos internacionales, como en Brasil. En Argentina son acciones de funcionarios de turno, que duran cuatro años, analizan la situación, hacen acciones parciales y se les terminó el tiempo. En Río empezamos hace 20 años y el plan continúa a pesar de los cambios de Gobierno. Además, hay que poner mucho dinero: 4.500 dólares por familia”, calcula Jáuregui. Es decir, la urbanización de la capital y sus suburbios requeriría unos 2.500 millones de dólares destinados a obras, es decir, sin contar el sostenimiento de la administración.

El coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, coincide en que la urbanización de barrios chabolistas en Buenos Aires y su periferia ha logrado “avances pobres frente al volumen del problema”. En la Villa 31, la misma donde se desempeñaba el cura Carlos Mujica, asesinado hace 40 años por la parapolicial Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), otro sacerdote, Eduardo Drabble, prefiere hablar de “integración urbana” antes que de urbanización porque considera que las villas tienen “muchos valores que aportar al resto de la ciudad, como la fraternidad entre vecinos”. Considera que ese proceso “todavía está inconcluso, es muy lento”, pero lo que se ha logrado fue “fruto de mucho de trabajo, en el que el centro han sido los vecinos, que reciben fondos de la ciudad y la Nación para hacer obras”. “Cuanto más se escucha a los vecinos, mejor es la solución”, añade Drabble, que considera justas las reclamaciones de los villeros que acampan en el Obelisco.