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Bachelet pelea la legalización del aborto

Chile es uno de los pocos países del mundo que prohíben interrumpir el embarazo

La presidenta se enfrenta a duras críticas por plantear una ley de supuestos

La presidenta del Senado, Isabel Allende, y Bachelet.
La presidenta del Senado, Isabel Allende, y Bachelet. AP

La presidenta de Chile, la socialista Michelle Bachelet, camina por una cuerda muy delicada. Esta pediatra de 62 años, separada y con tres hijos, directora de ONU Mujeres durante los tres últimos años, prometió en su carrera hacia la presidencia despenalizar el aborto en caso de riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del feto y violación. Y a pesar de que un 67% de la población chilena se considera católica, Bachelet ganó las elecciones el pasado 15 de diciembre con el 62% de los votos, el porcentaje más alto cosechado por ningún presidente desde el retorno de la democracia en 1989.

Bachelet ha insistido en su proyecto para despenalizar la interrupción del embarazo en esos tres supuestos. Lo hizo el miércoles, dos meses después de asumido el mando, en su discurso anual de rendición de cuentas ante el Congreso con más de 800 invitados. Dijo que Chile debe enfrentar de una vez una discusión “madura, informada y propositiva” sobre el aborto. “Periódicamente conocemos por las noticias casos de mujeres que se practican abortos clandestinos que ponen en riesgo sus vidas y sin duda las marcan con una experiencia de dolor y angustia”, señaló antes de apelar, una vez más, al diálogo.

Pero la cuerda por la que pretende encauzar sus reformas es tan delicada que las objeciones hacia el proyecto que anunció en el Congreso no tardaron en llegar. Una de las primeras críticas provino de Sebastián Piñera, su predecesor en el cargo, quien publicó en Twitter: “Parece que hay más cuidado y preocupación por el bienestar de las mascotas, que por la vida y dignidad de los niños que están por nacer”. También se sumaron otras voces de la Iglesia, como el cardenal Ricardo Ezzati. El presidente del partido opositor Renovación Nacional, Carlos Larraín, advirtió de que el parlamentario de su organización que vote a favor de ese proyecto de ley debería ser expulsado del partido. “Despenalizar es un eufemismo (…) Lo que se quiere es abrir la puerta para el aborto universal, usando eufemismos”, señaló. “Es posible que reúnan los votos, pero yo todavía tengo la esperanza de que muchas personas que pertenecen a la izquierda racional y a la Democracia Cristiana voten en contra”.

A la mañana siguiente, Bachelet respondió a través de una entrevista televisada. Y lo hizo con sumo tacto: “Yo respeto todas las opiniones. Soy pediatra y amo a los niños. Sin embargo, esto es un tema tabú y a mí me parece que no debe haber temas tabú, que eso es antidemocrático. Yo no estoy imponiendo algo, lo que digo es que no cerremos los ojos. El Estado debe dar opciones para estos temas”.

Respecto a las críticas procedentes de la Iglesia, la presidenta señaló: “He conversado con sacerdotes y saben que hay mucha gente haciéndose abortos. Cada mes tenemos tres o cuatro muertes por aborto. También tenemos el caso de una mujer que es violada. Me parece que tenemos que conversar de estos temas”.

Chile es uno de los tres países de América —los otros son El Salvador y Nicaragua— donde el aborto está totalmente prohibido. La asociación chilena Miles, que aboga por la interrupción legal del embarazo, subraya que mucho antes de contar con el derecho al voto, en 1949, las mujeres chilenas tenían derecho al aborto terapéutico. Tanto Bachelet como los dirigentes de esta organización recordaban este jueves que durante unos 58 años fue legal la interrupción del embarazo en determinados supuestos, hasta que Augusto Pinochet (1974-1990) derogó la ley en 1989, meses antes de que volviera al país la democracia. Varios personajes públicos llevan años colaborando en una campaña de Miles en la que difunden este tipo de mensajes: “Si una mujer aborta puede ir a la cárcel. Si un médico la atiende para salvar su vida, también. Llevamos en Chile 25 años sin el derecho a decidir. La democracia está en deuda con nuestras mujeres y nuestros derechos”.

En 2012, durante el mandato de Sebastián Piñera, el Senado rechazó la posibilidad de debatir sobre el tema. En julio del año pasado, el caso de una niña de 11 años violada y embarazada por su padrastro volvió a poner la cuestión en el candelero. Y la semana pasada el debate resurgió cuando una menor de 17 años fue ingresada grave en un hospital después de que le practicaran un aborto ilegal. La joven fue denunciada al cuerpo policial de Carabineros. A raíz de aquello, la ministra de salud, Helia Molina, envió una circular a los hospitales en la que pedía a los médicos respetar el secreto profesional. “Pese al tipo penal que describe como ilícito el aborto, los médicos y el personal de Salud no deben extraer confesiones sobre dicha conducta a las mujeres que requieran atención médica como resultado de dicho ilícito”, indicaba el escrito.

Un portavoz del Gobierno indicó el jueves que el Ejecutivo enviará el proyecto de ley al Parlamento a lo largo del segundo semestre. En cuanto a la posibilidad de dialogar con aquellos que se oponen, el portavoz añadió: “Va a haber permanentemente diálogo antes, durante y después”. Pero aseguró que, además de escuchar a todos los sectores, el Gobierno “cumple con los compromisos contraídos”.

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