EE UU entra en la ‘lista negra’ de la CIDH

Los criterios según los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide o no incluir a alguno de sus Estados miembros entre los países que no garantizan plenamente el ejercicio de derechos fundamentales en el hemisferio son cuatro: violaciones graves contra la institucionalidad democrática –incluyendo abusos de poder y golpes de Estado; la suspensión total o parcial de los derechos contemplados en la Convención y en la Declaración Americana; la violación masiva, grave y sistemática de los DDHH por parte del Estado; y la ocurrencia de crisis institucionales, omisiones e incumplimientos que vulneren el disfrute de los DDHH. En su informe anual 2013, la CIDH ha mencionado por primera vez a Estados Unidos dentro del panorama general de problemas y desafíos que enfrenta la región, a causa de su manejo del centro de detención de Guantánamo. Y en esa lista negra comparte lugar con Ecuador, República Dominicana, Cuba, Honduras y Venezuela.

La opinión de la CIDH es que Washington ha fallado en su deber de garantizar el derecho a la libertad de las personas detenidas en la Base Naval de Guantánamo, ubicada sobre la costa sudeste de Cuba. Desde la apertura misma del centro de detención, a principios de 2002, la Comisión ha recomendado su cierre inmediato y en varias oportunidades ha solicitado sin éxito permiso para visitar la base y entrevistar libremente a los detenidos. En mayo de 2013, la CIDH reiteró su llamado a acabar con la detención indefinida de los presos de Guantánamo, que calificó como una “flagrante violación al derecho internacional” y como “una forma de trato cruel, inhumano y degradante”. Tres meses antes, varios de los detenidos iniciaron una huelga de hambre para demandar un cambio de su detención y fueron sometidos a tratamientos de alimentación forzada que la comisión tildó de “injustificables”.

La CIDH prepara actualmente un informe temático sobre la situación de los presos de Guantánamo, donde promete abordar “los sucesos recientes relacionados con las condiciones de detención, el acceso a representación legal y las restricciones de los traslados”, entre otros asuntos. A tales fines y durante el último semestre de 2013, la comisión convocó varias audiencias públicas en las que Estados Unidos no presentó alegatos, bajo la excusa de que el cierre del Gobierno –en octubre de 2013—le impidió preparar su defensa.

En su labor de monitoreo anual del panorama de los derechos humanos en el hemisferio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha detenido también en la nueva jurisprudencia adoptada por Ecuador y República Dominicana que lesiona, respectivamente, el derecho de sus ciudadanos a la libre expresión y a la nacionalidad. En el caso de Ecuador, el informe se refiere a la Ley Orgánica de Comunicación promulgada por el presidente Rafael Correa en junio de 2013, que impone mayores restricciones y obligaciones a los medios de comunicación social, “que podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y generar un fuerte efecto intimidatorio, incompatible con una sociedad democrática”.

En el caso de República Dominicana, la comisión sigue atenta y preocupada por la sentencia dictada en octubre de 2013 por el Tribunal Constitucional que despojó de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia extranjera, nacidos en territorio de la República a partir de 1929; para la CIDH, esta sentencia tiene “un efecto discriminatorio” pues afecta principalmente a los descendientes de haitianos, “priva de la nacionalidad retroactivamente” y “genera apatridia” en el caso de aquellas personas que no son consideradas como ciudadanos de ningún Estado.

En la evaluación individual de la situación de los derechos humanos, Cuba, Venezuela y Honduras son los tres países que esta vez concentran el foco de atención y a cada uno, la comisión ha dedicado un informe especial. Como cada año, la situación de los derechos humanos en Cuba sigue ocupando un lugar destacado en el informe de la Comisión.

La CIDH insiste en la responsabilidad jurídica del Estado cubano en esta materia, aún a pesar de que La Habana no participa en la Organización de Estados Americanos (OEA) desde 1962 –en principio, por una resolución adoptada por la OEA y desde 2009, por voluntad propia del Gobierno castrista. En este sentido, el documento señala: “Las restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento, han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos de los habitantes en Cuba. En el transcurso del 2013, la información disponible sugiere que la situación en general de derechos humanos no ha variado”. A la situación preexistente, se suman casos de severa represión contra defensores de DDHH en la isla, y de discriminación y violencia contra la comunidad LGBT –de lesbianas, gais bisexuales y transexuales. Como es usual, la Comisión envió estas observaciones a Cuba y Cuba no respondió.

En Honduras, la comisión continúa observando fallos estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación “que han afectado durante décadas los derechos humanos de sus habitantes”. Pero también le preocupa la fragilidad de las instituciones democráticas y los continuos episodios de violación de DDHH que han sido documentados desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en junio de 2009, que han complicado aún más la ya difícil situación del país.

La subordinación del Poder Judicial frente al Ejecutivo, el uso abusivo del derecho penal, la inseguridad ciudadana, la negación sistemática de derechos políticos, la violencia en los centros penitenciarios y las amenazas a la libertad de expresión y a los defensores de derechos humanos son los problemas más graves que la CIDH sigue identificando en Venezuela en su informe 2013. Y lo que más lamenta la comisión en esta oportunidad, es la denuncia por parte de Caracas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente desde el 10 de septiembre de 2013, y que en opinión de la CIDH “limita los recursos con que cuentan los ciudadanos venezolanos para defenderse en el contexto de violaciones a los derechos humanos”.