“Al menos un millar de saudíes ha ido a luchar a Siria”

Las autoridades de Arabia Saudí han sido frecuentemente acusadas de tener una doble vara de medir para el terrorismo. Mano de hierro en casa, pero ojos cerrados ante la financiación e incluso la participación de saudíes en las insurgencias de Irak y Siria. Sin embargo, ahora una nueva ley antiterrorista incluye penas de prisión de entre tres y 20 años de cárcel para quienes combatan en el extranjero. “Al menos un millar de saudíes han ido a luchar a Siria”, admite el general Mansur al Turki, portavoz del Ministerio del Interior saudí, quien espera que el castigo disuada a los potenciales yihadistas.

“Antes, las fuerzas de seguridad hacíamos frente a quienes volvían tras luchar fuera, la mayoría jóvenes entusiastas de los que otros se aprovechan, pero no había bases legales para encarcelarlos y les enviábamos a un centro de rehabilitación. Ahora el Gobierno ha decidido que tienen que pagar por ello”, explica el general Mansur.

El portavoz aún no tiene datos sobre cuántos han aprovechado el período de gracia que el Gobierno ha dado para que regresen sin tener que afrontar la ley y que concluye este fin de semana. “El objetivo es asegurarnos que ningún saudí está implicado en guerras fuera del país”, insiste. “No tenemos frontera con Siria, así que la gente viaja a un tercer país y es muy difícil de controlar”, justifica.

No todo el mundo comparte esa visión. Analistas y diplomáticos occidentales han acusado a las autoridades de mirar para otro lado, cuando no de alentar la yihad (guerra santa). En los últimos meses sin embargo, el reino del desierto ha dado un discreto giro a su política siria.

La nueva ley antiterrorista coincide con el traspaso de ese dossier del jefe de los servicios secretos, el príncipe Bandar Bin Sultan, al ministro del Interior, el poderoso príncipe Mohamed Bin Nayef, quien teme las consecuencias del regreso de los yihadistas. A principios de la década pasada, una oleada de atentados en el país se atribuyó a los saudíes que volvían de Afganistán.

El general precisa al inicio de la entrevista que, como portavoz de Interior, no entra en asuntos políticos o legislativos. Sin embargo, en un momento determinado se enzarza en la necesidad de que los jóvenes se concentren en su formación y en encontrar trabajo, “y miren más allá de los conflictos regionales”. Habla del “abuso de la libertad de expresión en redes sociales y televisiones por satélite”. Como el resto de las autoridades, el veterano portavoz no establece ninguna relación entre la estricta versión del islam imperante en el país y la vocación yihadista de sus jóvenes.

Respecto a la inclusión de los Hermanos Musulmanes en la lista de grupos terroristas, explica que el decreto real incluye “cualquier otra organización similar que esté criminalizada en el país donde exista” y ése es su caso en Egipto. “Todas las organizaciones [TERRORISTAS]son iguales. Al Qaeda se formó para liberar Afganistán y miré en lo que se transformó. Se aprovechan de la libertad de expresión para atraer a los jóvenes de esta región”.

En su opinión, “Al Qaeda aún es una amenaza”. “Si les ignoráramos durante un mes, actuarían”, asegura antes de insistir en que su vigilancia se extiende “tanto en las fronteras como en el control de las finanzas”. Es ahí donde está la clave para acabar con ese monstruo de múltiples cabezas.