Disturbios en Perú tras no llegar a un acuerdo Gobierno y mineros informales

La tarde del viernes, dirigentes de los mineros informales y pequeños mineros se reunieron con el primer ministro, René Cornejo, en su segundo día de protestas masivas, para pedir al Gobierno una prórroga para formalizarse, dado que el plazo vence el 19 de abril. La cita ocurrió mientras unos 5.000 mil trabajadores cumplían 48 horas manifestándose en las calles de Lima, y otros miles bloqueando carreteras en los departamentos de Arequipa, Puno y Madre de Dios. No llegaron a un acuerdo, fijaron una nueva conversación para el sábado por la mañana, y en ésta ninguna parte cedió.

Alrededor de las 7:00 del sábado, un duro operativo policial despejó momentáneamente tres kilómetros de la carretera Panamericana Sur (Chala, departamento de Arequipa) retirando a los mineros con disparo de perdigones, sobrevuelo de helicópteros, gas lacrimógeno y violenta entrada de los policías a domicilios de personas comunes y corrientes. Un pequeño comerciante de Chala, Sandro Montesinos, en una llamada telefónica a Radioprogramas, dijo que unos 1.000 policías participaban de las acciones.

El saldo inicial de la acción fue tres civiles y un efectivo de la policía con heridas graves, y 14 mineros heridos —12 de ellos por disparo de perdigones o por contusiones—, según información del centro de salud de Atico, Caravelí, el más cercano a Chala.

A media mañana, la Presidencia del Consejo de Ministros –la oficina del primer ministro, de quien depende Daniel Urresti, el alto comisionado encargado de la interdicción de la minería ilegal– divulgó un comunicado que daba cuenta del punto muerto de las negociaciones: “A pesar del pedido de desbloqueo de las carreteras y la voluntad del diálogo, los gremios mineros persisten en sus medidas de fuerzas, actuando en contra de la ley”.

“El Ejecutivo tomará las medidas necesarias para restablecer el orden y garantizar respeto del estado de Derecho. Se continuará con la agenda de formalización en el espacio de diálogo establecido actuando responsablemente en cautela del medio ambiente, mejoras en las condiciones de trabajo y respeto a las normas legales vigentes”, añadía el comunicado oficial.

Cerca de las 13:00, el comisionado Urresti -un militar en retiro- indicó: “El diálogo se ha roto. No podemos conversar mientras no se liberen las carreteras”.

A media tarde, en Chala los piquetes de trabajadores informales e ilegales dieron pase a los ómnibus y vehículos que llevaban 48 horas varados, a manera de tregua, como un gesto al gobierno. Una mujer que protestaba reclamó que “las leyes están muy duras, muy críticas”. También explicó que los concesionarios, los que detentan formalmente los derechos de explotación y que alquilan sus espacios para que otros los trabajen informalmente, “cobran de US$ 5.000 a US$ 20.000 por firmar un papel”. Dicho documento es uno de los requisitos del trámite de proceso de formalización minera.

La minería informal e ilegal se desarrolla en 21 de los 25 departamentos del país. A fines de 2012, el gobierno de Ollanta Humala indicó que unos 60.000 trabajadores habían empezado el trámite de formalización, una cifra que en 2013 sinceró a 30.000, pero el principal dirigente de este sector, Luis Otsuka, señala que más de 100.000 se dedican a esta actividad y no cumplirán con la formalización a mediados de abril. Ya en agosto el gobierno había cedido y amplió los plazos para la presentación de requisitos como un compromiso de remediación ambiental, el denominado instrumento de gestión ambiental correctivo (IGAC), en el que el minero reconoce el daño causado al medio ambiente.

La actividad informal e ilegal minera ha deforestado y depredado ríos, valles y bosques, especialmente en los departamentos de Madre de Dios (selva sur), Puno (sierra sur) y Piura (costa norte), especialmente por el uso descontrolado de mercurio y maquinaria pesada para revolver y succionar la tierra y los cauces de los ríos (en la minería fluvial).

El antropólogo Alberto Chirif comentó esta semana, en la apertura del año académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que si bien el Estado combate ahora a los mineros ilegales e informales, no ha reconocido su culpa en el problema, pues “hasta hace unos años entregaban petitorios mineros como si fueran volantes en el departamento de Madre de Dios”.

Debido al bloqueo de carreteras en la costa de Arequipa, una mujer de 71 años, pasajera de uno de los omnibús interprovinciales retenidos, murió luego de un paro cardiaco. También hay vías interrumpidas en la ciudad de Juliaca, la más comercial de Puno, en particular en la salida hacia Arequipa.

Los mineros que llegaron a Lima en protesta la mañana del jueves, vistiendo chalecos con el nombre de las asociaciones de mineros artesanales o pequeños mineros a las que pertenecen, y portando banderolas y carteles, desquiciaron el tránsito de la capital, puesto que ese día hubo también una marcha de enfermeras de los hospitales militares. Desde entonces, duermen en la plaza Dos de Mayo del centro de Lima, uno de los lugares emblema de las manifestaciones en Perú.