El Congreso del posconflicto

Las elecciones legislativas celebradas el domingo en Colombia no solo han determinado la configuración del próximo Congreso en un momento crucial para el país, con el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC en el centro del debate público. También han proporcionado un diagnóstico sobre el estado de la democracia colombiana, que en ciertos aspectos es bastante frágil.

Sobre lo primero, lo más destacable es que el presidente Juan Manuel Santos puede respirar con alivio, al menos en lo que respecta al proyecto al que ha atado su futuro político —las negociaciones con la guerrilla—, ya que el Parlamento bicameral que ha surgido de las urnas es mayoritariamente proclive al proceso de paz, un asunto de alta sensibilidad para los colombianos.

Ello no significa que Santos —que aspira a la reelección presidencial en los comicios de mayo próximo— pueda alardear de su nuevo escenario político. El amplio apoyo parlamentario del que ha disfrutado en los últimos cuatro años se ha mermado ostensiblemente. La Mesa de Unidad Nacional, alianza de cuatro partidos (La U, Liberal, Conservador y Cambio Radical) que sumaba 75 de los 102 escaños del Senado y que le ha permitido gobernar sin apenas sobresaltos, se ha debilitado. Por una parte, la nueva cúpula del Partido Conservador -que no oculta su simpatía por el expresidente Álvaro Uribe, hoy encarnizado enemigo de Santos- ha roto amarras con la Mesa de Unidad; el interrogante ahora es saber cuántos congresistas conservadores mantendrán su lealtad a Santos (se da por sentado que serán varios, que cobrarán muy caro al presidente el apoyo, por supuesto) y cuántos seguirán las directrices de su hoy agrietado partido. El hecho es que las cuatro formaciones de la coalición santista se han reducido a tres, que suman 47 escaños, menos de la mitad del Senado. El partido del presidente, La U, si bien sigue siendo el más votado, sufrió el mayor castigo en las urnas, al perder ocho de los 28 escaños que tenía.

El nuevo Congreso, al que los analistas han bautizado como el "Congreso del posconflicto" por cuanto será el encargado de legislar sobre el acuerdo de paz con las FARC si las negociaciones llegan a buen puerto, no representará, salvo sorpresas, problemas para Santos en este terreno. Máxime si se considera que las negociaciones con la guerrilla tienen también el apoyo de los partidos progresistas Alianza Verde y Polo Democrático. Cosa distinta es lo que suceda con las grandes reformas pendientes -justicia, educación, salud-, en las que ya no está claro que el presidente vaya a recabar el respaldo necesario. Santos, más amigo de la táctica que de la estrategia, seguramente confía en ir resolviendo los contratiempos a medida que se presenten.

Sin embargo, lo que no deja de ser un análisis convencional de aritmética parlamentaria adquiere en este caso una dimensión especial, por la irrupción en el Senado del expresidente Uribe, que ha hecho exhibición de una enorme fortaleza política y puede desde esa Cámara crearle más de un dolor de cabeza a Santos. Uribe, que acusa a su antecesor de haberlo traicionado y haberse apropiado del partido de La U, montó su propio movimiento, Centro Democrático, y en una campaña personalista en la que incluso ofreció recitales de poesía para recaudar fondos, consiguió 19 escaños y se convirtió en la segunda fuerza del Senado. El interrogante es si Uribe logrará atraer a su bando a los 19 senadores conservadores para formar un bloque más potente de oposición, lo que obligaría a Santos a buscar respaldos puntuales en los habitualmente reacios partidos progresistas para sumar mayoría en el Senado y sacar adelante sus proyectos.

Si el escenario político es complicado, más lo es el estado de salud de la democracia. Dejando de lado la corrupción (la compra de votos es una constante en amplias zonas del país), en las elecciones del domingo el abstencionismo se elevó a casi el 57%, seis puntos más que en las elecciones anteriores, lo que evidencia una enorme desafección de los ciudadanos hacia el actual orden político. A ello se le añade que el 16,1% de los votos fueron invalidados (declarados "nulos" o "no marcados"), cifra elevadísima que refleja serios problemas de cultura electoral y que equivale en torno a 20 escaños en el Senado. Otro elemento significativo es el voto en blanco, una herramienta activa para demostrar rechazo a los partidos tradicionales, que se multiplicó por 2,2 con respecto a los anteriores comicios y sumó el 6,1% de los votos totales. Si a esta cifra se le sumasen los votos "no marcados" (que en Colombia se invalidan, pero en otros países se asumen como en blanco), ese porcentaje superaría el 11%.

Las elecciones legislativas colombianas tuvieron la positiva novedad de desarrolarse soin la amenaza de violencia de grupos armados ilegales, como paramilitares o guerrilla. Sin embargo, la corrupcion y la apatía política siguieron, lamentablemente, bien presentes.

Marco Schwartz es director del Heraldo de Barranquilla.