Balas contra la prensa

Brasil ya enterró más periodistas que Siria en lo que va de año. Hoy es el país más peligroso para la profesión del continente, después de superar a México. Y el quinto más mortífero del mundo, tras el asesinato de 11 periodistas en 2012, cinco de ellos directamente relacionados con el ejercicio de la profesión. Los datos del último informe de la ONG francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF) ponen de manifiesto un Brasil del progreso que ha avanzado poco en la defensa de la libertad y pluralidad de la información.

Mientras los telediarios nacionales dedican más de 15 minutos a la cobertura de la muerte del cámara Santiago Andrade durante un protesto en Río, el fallecimiento de otros dos reporteros en las últimas semanas se relega a pequeñas columnas de los periódicos nacionales y a la prensa local.

Hace una semana, Pedro Palma, de 47 años, dueño y único reportero del periódico semanal Panorama Regional, fue asesinado con tres tiros en Miguel Pereira, en el interior de Río de Janeiro. Palma denunciaba casos de corrupción y desvío de dinero público, en los que involucraba principalmente al alcalde y a su mujer y secretaria de Desarrollo Social, Kátia Kozlowski. El día 12 de febrero dos individuos dispararon contra él en la puerta de su casa. La policía descartó que se tratara de un asalto.

José Lacerda da Silva, 50 años, cámara del canal regional TV Cabo Mossoró, de Río Grande do Norte, también fue asesinado este mes. Los motivos que llevaron a su asesinato en el camino hacia el supermercado aún no se han confirmado y se sospecha que no tienen relación con el ejercicio del periodismo, pero continúa siendo parte de las estadísticas.

El informe más reciente de RSF dedica un amplio espacio para analizar el peligro que enfrentan los periodistas en Brasil. El informe menciona al “coronelismo” como el “verdadero obstáculo en el pluralismo y en la independencia de la prensa”. El periodismo se convierte en instrumento de los barones locales, a merced de los ajustes de cuentas políticas, que en algunas ocasiones son mortales, dice la ONG.

Sin embargo, los últimos asesinatos y la violencia en las manifestaciones contra los profesionales de la información (más de cien periodistas resultaron heridos desde junio de 2013) tambalearon la tesis defendida en el informe de RSF, enfocado en la denuncia de la extrema vulnerabilidad de los periodistas del interior del país, respecto a los profesionales de las grandes capitales. “Continuamos afirmando que es muy peligroso para los periodistas que trabajan en el interior, por el coronelismo o la corrupción, pero los acontecimientos recientes demuestran que no es verdad que la capital es más segura, visto el asesinato del periodista en Río y la seguridad de los periodistas durante las manifestaciones, que es otro tipo de peligro que aumentó en las grandes ciudades”, aclara Camile Soulier, responsable de la ONG en América Latina.

Lúcio Flávio Pinto, periodista en Belem, en el Estado de Pará, norte del país, ha sufrido amenazas desde 1992, cuando comenzó a publicar reportajes sobre la crisis de la prensa, que en el caso de Belem está dominada por el conglomerado de comunicación de la familia Maiorana. “Tuve 33 procesos, 19 fueron interpuestos por la familia Maiorana. Ya fui agredido tres veces y amenazado de muerte durante el gobierno de Jader Barbalho (1983-94)”, cuenta el periodista. Pinto responde en la justicia por reportajes publicados en el Jornal Pessoal, un periódico quincenal independiente, sin publicidad que vende 2.000 ejemplares a poco más de dos dólares cada uno. “Es una democracia aguada. Lo que salta a la vista es que la justicia está saliendo de la imparcialidad para tomar partido contra la libertad de prensa. Antes, la ponderación era del interés colectivo sobre el derecho a la privacidad, ese era el elemento para definir los conflictos”, se indigna Pinto, que cuenta con una red de lectores y amigos que lo apoyan en esos litigios.

Pero escribir para uno de los grandes medios del país tampoco es garantía de seguridad. El caso del reportero André Caramante, de la Folha de S. Paulo, muestra que cualquiera es vulnerable. Después de 15 años cubriendo seguridad pública en São Paulo, durante los que denunció varios casos de corrupción y grupos de exterminio dentro de la policía, Caramante comenzó a recibir amenazas más graves después de la publicación en julio de 2012 de un reportaje sobre el coronel Telhada, elegido concejal por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en São Paulo, en octubre de aquel año. La denuncia le obligó a salir de Brasil para proteger a su familia. En diciembre del año pasado, de vuelta en el país, pero alejado de sus responsabilidades anteriores en el periódico, Caramante recibió el premio de Derechos Humanos de las manos de la presidenta Dilma Rousseff. Hoy, sin embargo, busca empleo porque Folha lo despidió alegando corte de gastos.

Crímenes sin culpables

La impunidad de los crímenes, en un país donde el 80% de los homicidios son archivados sin culpables, depende de la presión social ejercida por la propia prensa. Cuanta más visibilidad, más rápido se detiene a los culpables. Un ejemplo es la detención de los jóvenes responsables por la muerte del cámara Andrade, que fueron presos en tiempo récord. La visibilidad mediática marcó también la resolución de la muerte del periodista Tim Lopes, torturado y muerto por narcotraficantes en una favela de Río en 2002. Otros casos menos divulgados siguen otro ritmo. El asesinato de Décio Sá, periodista y bloguero del periódico Estado de Maranhão, muerto a tiros en un restaurante en 2012, acaba de ser condenado a 23 años de prisión. El caso de Luis Carlos Barbon, asesinado por policías militares en Porto Ferreira, a 228 kilómetros de São Paulo en 2007, tardó aún más para ser resuelto. Cinco años para condenar a 16 años de prisión a los tres policiales acusados.

A pesar de que la mayoría de los responsables por los asesinatos más recientes hayan sido detenidos, el Comitee to Protect Journalists (CPJ) afirma en su web que de las 27 muertes de periodistas –todos hombres- registradas desde 1992 en Brasil, el 73% de ellas quedó completamente impune.

A la vez, según la denuncia de RSF, las órdenes de censura a los medios de comunicación y periodistas saturan los tribunales, atendiendo a las peticiones de políticos que se aprovechan de una justicia complaciente.