Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Bruselas señala a la Administración local y a la construcción en España

La Comisión alude, sin nombrarlos, al ‘caso Bárcenas’, los ERE andaluces o la ITV catalana

El 83% de los empresarios ve las corruptelas muy extendidas

La juez que investiga el caso ERE en Andalucía, Mercedes Alaya.
La juez que investiga el caso ERE en Andalucía, Mercedes Alaya.

Un antiguo tesorero de un partido político acusado de corrupción por irregularidades en contratos públicos y financiación ilegal de partidos. Las cuentas de ese gran partido sometidas a escrutinio. Un antiguo dirigente regional que malversó dinero público de un fondo ligado al empleo y la jubilación. Con este sigilo alude el informe de la Comisión Europea a los casos más sonados de corrupción en España. Las turbias adjudicaciones de las ITV en Cataluña o los contratos privados en la sanidad pública (con dos exconsejeros madrileños imputados por irregularidades) completan el cuadro de alusiones concretas.

Es la primera vez que Bruselas se decide a poner sobre un papel los casos de corrupción que están en primera línea informativa (con la excepción, eso sí, del que afecta a la monarquía). Hasta ahora, las autoridades comunitarias habían rehusado pronunciarse sobre estas irregularidades con el argumento de que eran cuestiones nacionales. Más allá de un documento interno, desvelado por este periódico, que revelaba hace un año el temor por el impacto de estos escándalos en España, el Ejecutivo comunitario había evitado poner en evidencia a los Estados en un asunto sonrojante.

El texto español menciona también los ventajosos préstamos que algunas cajas de ahorros concedieron a diferentes formaciones políticas —a veces condonados— y critica la “creciente influencia” que tuvieron los partidos en el nombramiento de los consejos de las cajas. Todas esas investigaciones de alto nivel han logrado elevar la consciencia ciudadana sobre los riesgos de corrupción. Ese fenómeno ha presionado a los poderes públicos para mejorar sus políticas contra las prácticas ilícitas, aunque, a raíz del análisis comunitario, el esfuerzo ha sido insuficiente.

El documento coloca a Administraciones autonómicas y locales como las más propensas a las corruptelas. “Muchos casos antiguos y actuales afectan a cargos regionales y locales, incluido el desarrollo de redes clientelares”, critica Bruselas, que recoge un estudio español según el cual durante 1996 y 2009 hubo 5.144 supuestos casos de corrupción denunciados en el país. “No se ha adoptado una aproximación completa desde el ámbito central para abordar los riesgos y vulnerabilidades del nivel regional y local”, constata el texto. Fuentes de la Comisión aseguran que esa mayor corrupción en Administraciones más pequeñas se produce también en otros países debido a la falta de controles. Para el caso de España recomiendan fijar unos reglamentos mínimos, aplicables en todo el país, que permitan evaluar los casos y atajarlos con una cierta homogeneidad.

Lo que agrava el problema en España es el gran poder de decisión que tienen las Administraciones territoriales. El informe destaca la “fuerte descentralización” existente, especialmente en las comunidades, que deciden sobre políticas sanitarias y sociales. Y la brecha entre unas y otras es enorme. España figura entre los cinco Estados comunitarios donde las buenas prácticas de gobiernos varían más de unas comunidades a otras, según un estudio citado por la Comisión.

Más allá del ámbito administrativo, existen áreas más proclives a la corrupción que otras. Las adjudicaciones públicas y el desarrollo urbano en general se sitúan como “las más vulnerables”. En el primer caso, los contratos públicos son particularmente dados a la corrupción en el sector de la construcción y en la recogida de basuras. En el desarrollo urbanístico, el elevado nivel de gasto unido a la falta de supervisión “eleva la vulnerabilidad de este sector hacia el fraude y la corrupción”.

La percepción ciudadana respalda ese diagnóstico. España es el país comunitario donde más se constata el empeoramiento de la situación con la crisis (el 77% de los ciudadanos observa un deterioro) y el 83% de los empresarios encuestados cree que la corrupción está muy extendida en la adjudicación de contratos, según el Eurobarómetro incluido en este trabajo.