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EE UU autoriza a las tecnológicas a revelar las órdenes judiciales de la NSA

El Departamento de Justicia llega a un acuerdo con las compañías de Internet que responde a la petición de mayor transparencia realizada por Obama hace unas semanas

El acuerdo permitirá conocer la asiduidad con la que la agencia les solicitaba datos

Una mujer consulta su teléfono móvil.
Una mujer consulta su teléfono móvil. EFE

El Gobierno de Estados Unidos ha llegado este lunes a un acuerdo con las principales proveedoras de Internet del país para que puedan revelar las órdenes de solicitud de datos de sus clientes cursadas por las diferentes agencias de inteligencia del país. De esta forma, la Administración Obama no sólo evita que continúen su curso las demandas al respecto que presentaron compañías como Google, Yahoo, Facebook o Microsoft al comienzo del escándalo del espionaje provocado por las filtraciones de Edward Snowden, sino que evidencia su compromiso de hacer cumplir la petición de mayor transparencia que realizó el presidente Barack Obama durante su discurso sobre la reforma de los métodos de vigilancia de sus servicios de espionaje. El trato permitirá hacerse una idea de la asiduidad con la que la NSA solicitaba información de los clientes de las tecnológicas.

El Departamento de Justicia anunciaba el compromiso a través de un comunicado firmado por el Fiscal general, Eric Holder y el director Nacional de Inteligencia, James James Clapper. El trato permite a las compañías dar a conocer “un determinado número de órdenes de seguridad nacional y de requerimientos remitidos a los proveedores de servicios de comunicación, el número de las cuentas de sus clientes objeto de dichas órdenes y la base legal de las mismas”, señala la nota.

Los gigantes tecnológicos podrán, por tanto, ofrecer a rasgos generales -cientos, miles, pero nunca cifras exactas- cuántas veces las agencias de seguridad les exigieron que les cedieran información y a cuántos clientes y usuarios afectaba dicha solicitud. También están autorizadas a desvelar las reclamaciones cursadas por FBI y del Tribunal de Vigilancia Extranjera, cuáles tenían por objeto el contenido de correos electrónicos o cuántas afectaban a las cuentas de sus usuarios.

Las compañías de Internet estuvieron en el punto de mira de las filtraciones de Snowden desde el primer momento. En algunos casos, sus responsables alegaron que la información que proveyeron al Gobierno siempre se hizo conforme a los requerimientos y requisitos recogidos en la Ley Patriótica. Cuando comenzaron a revelarse otro tipo de mecanismos de recopilación de datos que también implicaban a los servidores o los nodos empleados por los gigantes tecnológicos, muchas de estas empresas denunciaron su desconocimiento y exigieron poder hacer públicas las órdenes de la NSA para eludir cualquier responsabilidad de connivencia con las cuestionables prácticas de vigilancia de las agencias de espionaje estadounidenses.

“Aunque este tipo de información había sido clasificada, la oficina y el Director Nacional de Inteligencia, tras consultarlo con otros departamentos y agencias, ha determinado que es de interés público dar a conocer esta información”, señalan Holder y Clapper en su comunicado.

Hasta el momento, debido a que esas órdenes estaban protegidas y catalogadas como información reservada, las compañías no podían hacerlas públicas. Ante la imposibilidad de defenderse de las insinuaciones de colaboración con el espionaje del Gobierno en detrimento de la protección a la privacidad de sus clientes, de las que muchas habían hecho hasta una consigna, entidades como Yahoo, Google o Microsoft interpusieron sendas demandas para poder revelar la naturaleza y el alcance de su cooperación con las autoridades.

Desde que comenzó el escándalo del espionaje, las empresas tecnológicas han exigido a la Administración mucha mayor transparencia y celeridad en la reforma de la NSA. El recelo hacia la protección de la intimidad suscitada por las filtraciones de Snowden ha costado a las entidades miles de millones en beneficios y la obligación, en algunos países, de revisar su modelo de actuación y de negocio. Con el acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia las empresas esperan poder convencer a sus clientes de la legalidad de su cooperación y recuperar parte de la reputación perdida.

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