Perú cierra el caso de las esterilizaciones forzadas de Fujimori

Durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) en Perú, el ministerio de Salud esterilizó al menos a 272.028 mujeres, y en más de 2.000 casos lo hizo sin consentimiento informado, o mediante engaños, coacción o soborno.

Las primeras denuncias ante la Fiscalía, de 1988 y 2001, fueron archivadas en 2009 y reabiertas en 2012, en cumplimiento de un acuerdo amistoso entre el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La tarde del jueves la Fiscalía notificó el archivo definitivo del expediente, luego de excluir de responsabilidad a Fujimori, a los ministros y viceministros de Salud y formalizar una denuncia contra cinco trabajadores de salud directamente vinculados con la muerte de Mamérita Mestanza, en 1998, a causa de la infección generalizada que le produjo la ligadura de trompas que le realizaron en el distrito de La Encañada, Cajamarca, sierra norte del país. Hubo otras 17 muertes derivadas de las esterilizaciones forzadas.

Rossy Salazar, abogada de la ONG Demus, informó a EL PAÍS de que en la resolución de más de 100 páginas el fiscal Marco Guzmán Baca concluye que “no se ha llegado a comprobar que [la esterilización forzada] fue una política sistemática” y que Fujimori no tenía conocimiento de los hechos.

“Refiere que no hay delito de homicidio, ni lesiones, y que todo era una política de control de la natalidad, no había dolo para esterilizar”, añade la responsable del área jurídica de una de las ONG que defiende legalmente a decenas de víctimas de la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQVs como las denominaba el gobierno de Fujimori).

Aunque el fiscal Guzmán Baca refiere que no encontró pruebas, los testimonios de las mujeres esterilizadas, de operadores de salud y otros elementos conformaron 118 tomos de investigación, y ello apuntaba a un plan y una política de salud para lograr cantidades específicas de esterilizaciones por semana y por mes.

Los trabajadores de salud eran supervisados para cumplir con un mínimo de esterilizaciones en hombres y mujeres, y estos procedimientos los realizaban en los departamentos y provincias más pobres del país, especialmente en zonas rurales, con predominio de quechua-hablantes. El director del programa de salud reproductiva y planificación familiar entre 1997-2000, Jorge Parra, tenía una sala con una moderna pizarra en la que registraba el número de AQVs logradas en cada departamento del país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó en 2010 al Estado peruano el compromiso que firmó en 2003 de “investigar y sancionar debidamente a los responsables”, y por ello el Ministerio Público anunció en 2011 la reapertura del caso. Sin embargo, los trabajos empezaron entrado el 2012. Expertos en defensa de los derechos de la mujer, como la abogada Jeannette Llaja, destacaron en 2012 la falta de recursos para que la Fiscalía recogiera testimonios fuera de Lima.

Demus y el Instituto de Defensa Legal presentarán, a más tardar el martes, un recurso de queja ante el Ministerio Público. “El fiscal de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima no formula denuncia contra Alberto Fujimori, los exministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga [actual congresista fujimorista]. Tampoco contra John Nagahata Susanibar, Jorge Parra Vergara, Ulises Jorge Aguilar [entonces directores de programas del ministerio de Salud] por ninguno de los delitos, ni homicidio culposo, secuestro y coacción”, indicó Salazar a EL PAÍS.

Por el caso de Mestanza, la Fiscalía formalizó denuncia contra cinco servidores de salud: entre ellos Liborio Serna y Carlos Alberto Herrera Fernández -por presunto homicidio culposo-, y contra Enrique Octavio y Enedina Zavaleta, por presuntos cómplices primarios y presunta comisión del delito de exposición al peligro.

En 2011, la campaña electoral presidencial de Keiko Fujimori -la hija del expresidente- que contaba con el respaldo de la mayoría de medios de comunicación y el empresariado, fue mellada por la alusión a las esterilizaciones forzadas. El recurso fue parte de las estrategias de comunicación política que encabezó el estratega franco-argentino Luis Favre.

La Fiscalía de la Nación precisó en su cuenta de Twitter que “comprobó que hubo violación de los derechos humanos, denunciándose a un grupo de médicos de Cajamarca”, pero que “no se incurrió en crimen de lesa humanidad”.

Un comunicado de Demus explica que, de acuerdo a la resolución fiscal, “los hechos denunciados no constituirían crímenes de lesa humanidad por el desconocimiento del ataque generalizado y sistematico de parte de Alberto Fujimori”, y porque los delitos enmarcados en el Código Penal no se dan por falta de dolo de los ex ministros y altos funcionarios de salud.

La ONG asevera que el fiscal no ha tomado en cuenta “la política estatal vigente entre los años 1996-2000 que era de conocimiento del entonces presidente Alberto Fujimori, los titulares de Salud de ese período y de los funcionarios, quienes ordenaban y monitoreaban el cumplimiento de esas metas”.

Un grupo de activistas de derechos humanos ha convocado para este lunes a una movilización frente a la sede del Ministerio Público en Lima, y ante el Poder Judicial en Cusco, en rechazo a la resolución fiscal. De Anta, Cusco, procedían las primeras denuncias que hicieron mujeres en 1998, cuando el Poder Judicial era controlado por el aparato del gobierno de Fujimori.