La justicia inicia los trámites para ejecutar la condena de Laura Borràs, pendiente del indulto

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado firme la sentencia que condenó a cuatro años y medio de prisión a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y ha iniciado los trámites para ejecutar la pena, que podría ser suspendida mientras el Gobierno resuelve si la indulta. En un auto, la sala civil y penal del TSJC ha dado 10 días de plazo a las defensas para que se pronuncien sobre la ejecución de las penas de prisión y económicas que la sentencia impone a Borràs y a los otros dos condenados, tras lo que lo hará la Fiscalía.

Borràs fue condenada en marzo de 2023 por adjudicar contratos a dedo a un amigo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que dirigió entre los años 2013 y 2018, por valor de 335.700 euros, en una sentencia que le impuso además 13 años de inhabilitación especial para cargos públicos electivos o de gobierno. En su sentencia, el propio TSJC proponía al Gobierno que concediera el indulto parcial a Borràs, ceñido exclusivamente a la pena de prisión y de como máximo dos años y medio de cárcel, por lo que es posible que suspenda la ejecución de la condena a la espera de que el Gobierno se pronuncie.

La sala reconocía en su sentencia que esa pena de cárcel resultaba “desproporcionada y excesiva” para los hechos cometidos por la exdirigente de Junts, teniendo en cuenta que si fraccionó los contratos de la ILC fue para adjudicarlos de forma “arbitraria” a su amigo, no para obtener con ello un “lucro personal”. A esa medida de gracia no se ha opuesto de momento la Fiscalía, que no recurrió la sentencia del TSJC contra Borràs y, en la vista de apelación celebrada en el Tribunal Supremo, consideró que el indulto planteado por la sala es “pertinente” por tratarse de una pena “excesiva”. A raíz de la causa abierta por las adjudicaciones a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Borràs fue suspendida como presidenta del Parlament en julio de 2022, cuando la justicia decidió enviarla a juicio, y perdió el acta de diputada en mayo de 2023, a las semanas de dictarse la condena.

El indulto no afectaría, eso sí, a los 13 años de inhabilitación impuestos a Borràs, pena que le impide presentarse a las elecciones u ocupar cualquier cargo público, electivo o de libre designación, aunque no limita su trabajo como docente. Laura Borràs, que el pasado mes de octubre dejó la presidencia de Junts en manos de Carles Puigdemont, se ha proclamado siempre víctima del ‘lawfare’ por sus convicciones independentistas, por lo que en las negociaciones con el PSOE su partido planteó sin éxito que la ley de amnistía diera cobertura a su caso.

Asimismo, su abogado, Gonzalo Boye, pidió al Supremo que amnistiara a Borràs alegando que fue condenada por “divulgar el proyecto independentista”, dado que los contratos fragmentados formaban parte de un proyecto para desarrollar la web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), en el marco de “un gobierno con vocación netamente procesista”. El Supremo, no obstante, rechazó aplicarle la amnistía al considerar que su condena obedece a una contratación administrativa que “obvió la normativa”, no a una acción de gobierno que pueda enmarcarse en el procés. Junto a Borràs, fueron condenados a dos años de cárcel Isaías H., el amigo de la expresidenta del Parlament adjudicatario de los contratos, y un año y dos meses para Andreu P., quien se prestó a hacer facturas falsas para encubrir las irregularidades.

A ambos se les condenó como cooperadores necesarios del delito de falsedad documental, una pena que se les podría suspender de forma que no entraran en la cárcel.