La crisis de la desmesura

Nuevamente y por tercera vez desde que fuera destituido e inhabitado por 15 años en el ejercicio de sus funciones públicas, Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, volvió a llenar la Plaza de Bolívar erigiéndose esta vez ante sus seguidores como el nuevo Gaitán. En otros discursos ha preferido asemejarse a Allende.

La desmesura de su discurso radica en que en nombre de la democracia y los derechos políticos que reclama ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le está pidiendo a la población que lo respalda, que recuerde el Bogotazo y se levante en contra de las mafias de contratistas y los “poderes excluyentes” que no lo dejan gobernar. Les está pidiendo con un discurso por los derechos, el ejercicio de la protesta contra la persecución ideológica pero con violencia.

Ni Gustavo Petro es Jorge Eliecer Gaitan ni son los poderes excluyentes y las mafias, que bien son una terrible realidad, los que impiden que el exguerrillero desmovilizado del M-19 hace 25 años y el otrora valiente senador que honró la actividad legislativa con importantes denuncias contra el paramilitarismo, la parapolítica y la corrupción, pueda ejercer como burgomaestre. No. Petro tiene amenazada su continuidad por su desmesurada incapacidad e improvisación como gobernante en el manejo de las basuras.

Fue precisamente eso lo que aprovechó y castigó con una medida disciplinaria el Procurador Alejandro Ordoñez, en otra clara desmesura de su poder institucional, que es sobre lo único que ahora hay consenso: la necesidad de una reforma que limite las funciones al ministerio público colombiano, y devuelva a los sancionados la doble instancia, el debido proceso y la garantía de imparcialidad del juez.

El tema Petro está impregnando toda la política nacional y generando una delicada situación para el ordenamiento jurídico de cara a tribunales o instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha pedido inusualmente a Colombia una explicación sobre el proceso que se cursa al alcalde para estudiar el otorgamiento de medidas cautelares, con las cuales Petro ganaría tiempo para mantenerse en su cargo y el Procurador quedaría imposibilitado para destituirlo, pues el presidente de la República no podría expedir el decreto en el que se materializa la sanción.

Petro gana con cara si la CIDH le lanza el salvavidas de las medidas cautelares porque retomará su gestión enviando a la Habana, donde mañana lunes se reinicia el proceso de paz con las Farc, un doble mensaje: que son intocables quienes elegidos popularmente resulten incompetentes por su condición de reinsertados a la sociedad y que la tiranía de la extrema derecha impide la apertura de nuevos movimientos políticos.

La posibilidad de que la CIDH termine por apoyar la solicitud de Petro es posible, según algunos analistas, en la medida en que el bloque de países del ALBA que son Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, estarían presionando a la OEA.

Lo que resulta por lo menos inquietante es que sean precisamente estos países del Alba, que hace apenas un año, el próximo mes de marzo, impulsaran una reforma del sistema interamericano, para evitar el cumplimiento de las obligaciones internacionales y salirse de la OEA, los que defiendan los derechos políticos de un mandatario de izquierda pero rechacen cuando el mismo organismo les exige a presidentes de izquierda como Rafael Correa, el mínimo respeto por la libertad de expresión en Ecuador.

Para otros no es tan claro que la CIDH intervenga, porque si pide las medidas cauterales o la Corte interamericana termina por darle la razón a Petro y por ese mismo camino a Piedad Córdoba, estaría exigiéndole a Colombia una reforma integral de la estructura del Estado. Tendría que modificar además las salas disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y las del Consejo de Estado que decretan las muertes políticas al imponer la pérdidas de investidura para congresistas y concejales.

Igual, Petro gana con sello si la Comisión no pide las medidas y lo destituye el Procurador, pues queda en libertad para actuar como barón electoral de los progresistas, el movimiento que representa, y que está lejos de parecerse al camino elegido por Nueva York con Bill de Blasio.

Petro podría poner a su antojo a su sucesor en la alcaldía en pleno año electoral, porque tendremos cuatro elecciones en los próximos seis meses, empezando por el proceso de su propia revocatoria que ya está convocado para el 2 de marzo, una semana antes de las elecciones parlamentarias, donde se prevé que ganará el No.

Muchos son los bogotanos de las clases menos favorecidas quienes han recibido de Petro beneficios reales con sus políticas de la Bogotá Humana con el mínimo vital en el agua y la baja en las tarifas del sistema de transporte, para citar dos ejemplos. Pero no solamente esos bogotanos saldrían a votar por la NO revocatoria, también los llamados Indignados, a los que Petro ha venido recogiendo en su discurso bajo la denominación de la Primavera colombiana.

La desmesura solo produce caudillos…hoy de 600 candidatos inscritos para las elecciones parlamentarias solo uno concentra la atención de la opinión, el expresidente Alvaro Uribe. Algo debería decirnos lo que pasa cuando se pierden los límites y se utiliza la legalidad constitucional o los principios morales del catolicismo para actuar de “facto” debilitando los espacios democráticos, donde deben primar las mayorías populares.

Frente a todo este escenario cuál debería ser el papel de los partidos políticos, cuál es de los líderes nacionales y sobre todo del presidente de la República. Cómo leerá su posición la historia si de la desmesura de una decisión arropada de legalidad, terminamos por la senda de las autocracias y los caudillismos.

Diana Calderón es directora de Informativos y Hora 20 Caracol Radio Colombia