La justicia absuelve al expresidente De la Rúa en un escándalo de sobornos

Un escándalo por presuntos sobornos en el Gobierno del radical (centrista) Fernando de la Rúa (1999-2001) provocó el inicio de la crisis de su coalición que un poco más de un año después derivó en su renuncia, en medio de la última debacle política, económica y social de Argentina. Las denuncias de coimas del Ejecutivo a senadores radicales y peronistas llevaron a que el entonces vicepresidente argentino y aliado de De la Rúa, el progresista Carlos Chacho Álvarez, dimitiera en 2000. Sin embargo, 13 años después un tribunal de Buenos Aires absolvió a los ocho acusados, incluido De la Rúa y un arrepentido que los denunció, al considerar que el delito no se había podido comprobar.

Para la justicia argentina, no hubo sobornos ni culpables. El fallo motivó la indignación de muchos ciudadanos en las redes sociales, en una noticia que se conoció en un día atípico, entre el fin de semana y la celebración de Navidad, poco antes de que comiencen las vacaciones del verano austral.

De la Rúa había asumido el poder en diciembre de 1999 con la promesa de acabar con una década de Gobierno del peronista Carlos Menem (1989-1999) caracterizada por las políticas neoliberales y la corrupción. Había llegado al frente de la Alianza entre su partido, la Unión Cívica Radical (UCR), tradicional rival del peronismo, y el Frente País Solidario (Frepaso), que encabezaba el experonista de izquierda Álvarez y que se había formado entre fuerzas progresistas para oponerse al menemismo. La Alianza, sin embargo, profundizó la política neoliberal de Menem, en mayo de 2000 aprobó una ley de flexibilización laboral con el apoyo de peronistas y tres meses después un artículo del periódico La Nación denunció que habían mediado sobornos para convencer a senadores propios y extraños. Un histórico senador del peronismo, Antonio Cafiero, confirmó la versión.

Álvarez, que presidía el Senado, dimitió en octubre de 2000 con quejas contra De la Rúa por su pasiva reacción ante las denuncias y con el argumento de que "la política debe dejar de estar asociada con el delito”. Se quebraba así la ilusión de que la era posmenemista traería ética. De todos modos, Álvarez siguió apoyando al Gobierno de De la Rúa, aunque desde el llano. Dirigentes del Frepaso permanecieron en el Ejecutivo. Sin embargo, la renuncia del vicepresidente significó el principio del fin de la administración De la Rúa. La desconfianza popular y de los inversores hacia su gestión se profundizó y Argentina perdió acceso a los mercados de deuda. Los ajustes fiscales, el nombramiento como ministro de Economía al conservador Domingo Cavallo, que ya había ocupado ese cargo con Menem, la explosión del desempleo y la pobreza y la depresión económica acabaron con el Gobierno de De la Rúa en diciembre de 2001, entre saqueos a los supermercados, piquetes (bloqueos de calles y carreteras) de desempleados pobres,cacerolazos (caceroladas) y asambleas poulares de la clase media pidiendo “que se vayan todos” y ahorradores golpeando las puertas de los bancos para reclamar por sus ahorros atrapados en el corralito. El Frepaso desapareció y la UCR obtuvo en las elecciones presidenciales de 2003, cuando el peronista de izquierda Néstor Kirchner llegó al poder, solo el 2% de los votos.

En la investigación judicial de los sobornos del Senado, un militante radical que era prosecretario parlamentario, Mario Pontaquarto, se autodenunció en la trama corrupta y culpó a otros del reparto de 5 millones de dólares. Pontaquarto dijo que presenció una reunión en la Casa Rosada (sede presidencial de Argentina) en la que De la Rúa dio instrucciones sobre las coimas a senadores: “Eso arréglenlo con De Santibañes". Se suponía que el jefe de Estado se refería a su amigo y entonces secretario de Inteligencia, el empresario Fernando de Santibáñez.

Pero en casi un año y medio de juicio oral, el tribunal no halló pruebas que confirmaran los dichos de Pontaquarto. Es así que seguirán libres los ocho acusados: De la Rúa, Santibáñez; el exministro de Trabajo Alberto Flamarique, que pertenecía al Frepaso y que, según el sindicalista peronista Hugo Moyano, se jactaba por aquel entonces de contar con una tarjeta de débito para convencer a los senadores de la necesidad de la reforma laboral; cuatro exsenadores peronistas, Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell y Ricardo Branda, y el propio arrepentido. Un exsenador radical acusado por Pontaquarto, José Genoud, acabó suicidándose en 2008 por motivos sentimentales. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que en 2000 era senadora y votó contra la reforma laboral, fue testigo del juicio. La fiscal del caso, que había pedido cárcel para todos, con la excepción de Flamarique, pueden ahora apelar el fallo ante un tribunal superior.