El martillo del ajuste portugués

En el Parlamento portugués, la oposición política al Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho bracea sin éxito en minoría, incapaz de frenar la oleada de medidas de recorte que se aprueban mes a mes. En la calle, la protesta social, intermitente y cada vez más resignada, asiste con una creciente impotencia a la merma constante de sueldos y a la subida de impuestos. Solo una institución portuguesa se ha convertido en los últimos años en la única barrera eficaz ante los ajustes de un Gobierno (espoleado por la troika): el Tribunal Constitucional. Sus 13 jueces vestidos de negro emiten comunicados breves y algo tortuosos sobre los fallos que devuelven al cajón de las malas ideas inservibles proyectos de ley encaminados a enderezar el presupuesto a base de recortes y más recortes en la esfera pública.

Por unanimidad (lo que es raro) tumbaron en la noche del jueves al viernes, por cuarta vez en lo que va de legislatura, un proyecto de ley clave de Passos Coelho. En este caso se trata de la intención de recortar en un 10% las pensiones de los funcionarios jubilados, unos 300.000 en todo Portugal. Los magistrados han declarado que la medida es ilegal y vulnera la Constitución porque el interés público que el Gobierno dice defender con la medida no justifica la quiebra de expectativas de vida de los jubilados.

Los magiustrados anulan la reducción de las pensiones y las de las pagas extra

Antes de recibir este varapalo, Passos Coelho había visto cómo los jueces echaban por tierra, por dos veces, en 2012 y en 2013, la eliminación de las pagas extras y, también en 2013, una ley que recortaba los derechos laborales de los funcionarios.

De este modo, los magistrados portugueses colocan en un nuevo un nuevo brete presupuestario y financiero al Gobierno portugués, casi obsesivamente ocupado desde que tomó el poder en junio de 2011 en encontrar lugares de la esfera pública donde recortar y ahorrar a fin de cumplir con los dictados de la troika, que prestó al país 78.000 millones de euros en abril de 2011

Y el calendario es duro: dentro de seis meses, Portugal sale de la tutela de la troika y, en teoría, deberá regresar a los mercados a financiarse por sí sola. De la salud de su economía dependerá que salga “a la irlandesa”, esto es, sin ninguna ayuda adicional de la Unión Europea o, lo que es más probable, con una especie de muletas financieras que le ayuden a dar los primeros pasos. También existe una tercera posibilidad: que los mercados se nieguen a prestar dinero a intereses razonables en vista de la asfixia de la economía lusa y que el Gobierno portugués se vea obligado a pedir un segundo rescate en toda regla, con lo esto representaría: ahí está el espejo griego para hacerse una idea.

El primer ministro lo aseguró ayer, con una frase que escondía cierto tufo vengativo ante la decisión del Constitucional: “Si Portugal no encuentra financiación, no podrá pagar los sueldos”. Pero las presiones han resultado inútiles. Y el Gobierno portugués está de nuevo entre la espada y la pared. La oposición de extrema izquierda le pide que dimita. El Partido Socialista portugués reclama al presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, que remita a los jueces todo el presupuesto del año que viene, con lo que el problema engordará hasta lo imprevisible.

Por lo pronto, Passos Coelho no solo deberá encontrar rápidamente dónde recortar los aproximadamente 400 millones que ya no podrá ahorrarse con las pensiones de los funcionarios. De paso, tendrá que convencer a los mercados de que no pasa nada. Los mismos mercados cuyos especialistas, cuando vienen a Portugal a elaborar sus informes, siempre colocan al Tribunal Constitucional como uno de los principales generadores de riesgo e incertidumbre.

María Rosário Gama, presidenta de la muy activa asociación de jubilados de Portugal, tiene otra idea de las decisiones de estos magistrados, y ayer la expresó así: “Menos mal que aún tenemos una Constitución que defiende a los portugueses”.