Ortega se topa con la Iglesia en Nicaragua

Bajo un sol que mordía la piel en Managua, el pasado jueves Lillyam Canales tomó con fuerza el micrófono y gritó: “¡Somos ciudadanos, no súbditos de un reyezuelo!”. Canales formaba parte de un grupo de al menos 500 personas que marcharon hasta la sede de la Asamblea Nacional de Nicaragua para pronunciarse contra las reformas constitucionales impulsadas por el presidente sandinista Daniel Ortega. Con su grito, Canales resumía el rechazo, liderado por la Iglesia, que ha generado en amplios sectores de la sociedad nicaragüense la reforma, que permite al mandatario gobernar sin contrapesos y ser reelegido indefinidamente con una mayoría simple en el Parlamento.

Desde que Ortega presentó sus reformas las críticas han arreciado en un país profundamente polarizado. Una de las voces más discordantes ha sido la de los obispos. La Conferencia Episcopal remitió un documento a la Asamblea en el que acusa al presidente de querer instaurar un nuevo régimen familiar al estilo del somocismo, en referencia a la familia Somoza que gobernó de forma dinástica el país desde 1934 hasta 1979, cuando Anastasio Somoza fue derrocado por la revolución sandinista

“Consideramos que la actual propuesta de reformas a la Constitución, vista en su conjunto, está orientada a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto, ejercido por una persona o un partido de forma dinástica o por medio de una oligarquía política y económica”, denuncian los obispos.

Dadas las duras críticas que la Iglesia ha vertido contra el Gobierno, la institución no ha sido tomada en cuenta en el proceso de consultas abierto por el Parlamento para discutir las reformas. Un proceso diseñado para lavar la cara del Gobierno, dado que solo han sido invitadas instituciones que mantienen buenas relaciones con Ortega, como el empresariado y los poderes del Estado que controla el líder sandinista. Fue la oposición parlamentaria la que exigió que los obispos fueran incluidos en las consultas, según reveló Eduardo Montealegre, excandidato presidencial y diputado por el Partido Liberal Independiente (PLI).

No obstante, las objeciones de la Iglesia ya han sido rechazadas por los diputados sandinistas. Alba Palacios, primera secretaria de la Asamblea Nacional, declaró a los medios el martes que “una pequeña parte de los consultados trajeron posiciones políticas, de rechazo total y no con una actitud de venir a discutir cómo adaptar la Constitución a las nuevas necesidades del pueblo de Nicaragua”.

Desde que Ortega abrió la caja de pandora de las reformas otros sectores de la sociedad se han sumado a los obispos. La marcha del pasado jueves comenzó en la rotonda “Hugo Chávez” de la capital nicaragüense, donde se levanta un retrato del fallecido presidente de Venezuela. Los manifestantes avanzaron hasta las puertas de la Asamblea, a 400 metros de la rotonda, donde un cerco policial les impedió seguir. Hubo un breve forcejeo con la policía, hasta que los manifestantes superaron la barrera y llegaron a las puertas del Parlamento. Allí leyeron una proclama contra las reformas constitucionales y gritaron consignas contra el Gobierno y el Ejército.

“Daniel (Ortega) me hizo somocista”, dijo un hombre proveniente de las zonas rurales del país. “¡Viva Somoza!”, gritó el campesino. “¡Los militares a sus cuarteles!”, excalmó Sofía, una de las manifestantes, que denunciaba la posibilidad de que los miembros del Ejército de Nicaragua puedan ocupar cargos públicos en los Poderes del Estado. “¡No más Guardia Nacional!”, replicaban seguidores sandinistas, en alusión al cuerpo militar de la dictadura somocista, célebre por la represión y torturas.

La Asamblea Nacional deberá discutir en las primeras semanas de diciembre la propuesta. Es seguro que la reforma será aprobada, dado que el mandatario nicaragüense controla el Parlamento. La ley establece que las reformas constitucionales se deben aprobar en dos legislaturas, por lo que la segunda votación se produciría a inicios de enero.

Ortega, impasible, prosigue con sus planes y co-gobernando con la cúpula empresarial. Su partido y la patronal, los grandes beneficiados de unos cambios que perpetuarían su poder.