Una maraña de sanciones

Washington y sus aliados se muestran convencidos de que han sido las sanciones las que ha llevado a Irán a aceptar negociar sobre su programa nuclear. Aunque el orgullo iraní obligue a desestimar esa explicación, el embargo económico y financiero, ayudado sin duda por una desastrosa gestión, ha puesto contra las cuerdas a un país que debería ser una superpotencia energética, con las cuartas reservas mundiales de petróleo y las segundas de gas. Desmontar ese castigo no va a resultar fácil porque se trata de una complicada maraña de medidas internacionales y bilaterales, algunas de las cuales se remontan a poco después de la revolución de 1979 y requieren la aprobación del Congreso norteamericano.

A raíz de la toma de su embajada hace 34 años, Estados Unidos prohibió a las compañías petroleras basadas en su territorio que operaran en Irán y la exportación a ese país de tecnología de doble uso, además de congelar los haberes iraníes en sus bancos. Esas sanciones se profundizaron en 1983, tras el ataque al cuartel de los marines en Beirut, y luego en 1992 y 1994 cuando se ampliaron al comercio y las inversiones. En 1996, poco después de que Rusia firmara el contrato para reanudar la construcción de la central de energía atómica de Bushehr, se incluyó específicamente la venta de tecnología y materiales nucleares.

No dejaba de ser una querella bilateral que, con todas las limitaciones que se quiera, Teherán sorteaba recurriendo a otros países, con frecuencia para hacerse con los productos norteamericanos que no podía adquirir directamente.

La internacionalización de las sanciones se produjo hace una década como consecuencia del descubrimiento, en el verano de 2002, del programa nuclear secreto iraní. Washington remitió entonces el caso iraní al Consejo de Seguridad de la ONU. Durante dos años, una troika europea (formada por Reino Unido, Alemania y Francia) negoció con Irán hasta lograr una moratoria, en noviembre de 2004. Pero la falta de respaldo de EE UU y la llegada al Gobierno iraní de Mahmud Ahmadineyad al año siguiente frustraron aquel acuerdo.

El enconamiento entre los Gobiernos de Bush y Ahmadineyad bloqueó cualquier diálogo

El enconamiento entre las administraciones de Ahmadineyad y de George W. Bush bloqueó la posibilidad de cualquier diálogo. Así llegó la primera resolución condenatoria de la ONU en diciembre de 2006, a la que seguirían otras cinco hasta junio de 2010, cuatro de ellas sancionadoras. En ellas se fue progresivamente prohibiendo el comercio de materiales nucleares, vetando a instituciones e individuos vinculados con el programa atómico, decretando un embargo de armas y, finalmente, se establecieron sanciones financieras contra empresas sospechosas de ser una tapadera, muchas de ellas vinculadas con los Pasdarán, el cuerpo militar de élite.

Pero a pesar de que esas resoluciones del Consejo de Seguridad obligan a todos los estados miembros de Naciones Unidas, su cumplimiento ha sido desigual. Y su efecto más simbólico que paralizante.

El verdadero cambio cualitativo se produjo de forma más silenciosa a partir de 2010 cuando el Departamento del Tesoro norteamericano no sólo prohibió las transacciones financieras con compañías iraníes y las relaciones interbancarias entre los dos países, sino que presionó a los principales bancos europeos y asiáticos para que eligieran entre mantener sus operaciones en Irán o en Estados Unidos. La mayoría cerraron sus oficinas en Teherán e incluso las cuentas de sus clientes iraníes o residentes en Irán en otras sucursales. Al año siguiente, el Tesoro prohibía a las compañías petroleras con intereses en EEUU trabajar con el Banco Central de Irán, lo que les obligó a cortar sus importaciones de crudo y abandonar los proyectos en ese país.

Después de años de negar el impacto de las sanciones, a las que Ahmadineyad se refirió en una ocasión como "un trozo de papel arrugado", el nuevo ministro iraní de Petróleo, Bijan Zangeneh, ha reconocido el descenso de la producción, las ventas y los ingresos. Según la Agencia Internacional de la Energía de EEUU, en 2012 exportó una media 1,5 millones de barriles diarios frente a los 2,5 de 2011, lo que ha supuesto una reducción del 60% de los ingresos en dos años. Además, buena parte de los ingresos por esas ventas, hasta 50.000 millones de dólares según Hossein Mousavian, permanecen en fideicomisos porque no pueden enviarse a Irán. El petróleo supone el 85% de los ingresos del Gobierno.