La UE advierte de que el espionaje amenaza el tratado comercial con EE UU

La vigilancia a la que Estados Unidos ha sometido a buena parte de la Unión Europea ha dañado la relación transatlántica. Y las consecuencias pueden trasladarse al ámbito económico. La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, ha viajado a Washington para advertir a las autoridades de esos riesgos. “La seguridad nacional no significa que cualquier cosa vale. Los Estados no tienen un derecho ilimitado de vigilancia secreta”, espetó Reding a los asistentes a una conferencia en el Instituto Peterson de Washington. Seguramente con formas más diplomáticas, ese es el mensaje que traslada Reding a los distintos dirigentes estadounidenses con los que se está entrevistando desde el lunes.

El principal objetivo de esta visita es resaltar la importancia que tiene para Europa y para Estados Unidos el acuerdo comercial y de inversión que los dos bloques negocian desde hace meses. “Restaurar la confianza será muy necesario si queremos concluir satisfactoriamente el acuerdo en un futuro próximo. Si no, el Parlamento Europeo puede decidir rechazarlo”, deslizó Reding en Washington. La Eurocámara ya ha lanzado varios avisos en esa línea, aunque los Estados miembros no secundan esas amenazas. La mayor parte de ellos, con Francia y Alemania a la cabeza, prefieren no arriesgar esa mesa de negociación por los beneficios económicos que supone para ambos bloques: unos 100.000 millones de euros adicionales al año en el PIB de cada bloque, según estimaciones de la Comisión.

La comisaria quiso excluir la protección de datos del acuerdo comercial con Estados Unidos. Consciente de que hay mucho interés en que la norma europea –que se intenta pactar desde hace casi dos años- no salga adelante, Reding advirtió que no cabe torpedear esa legislación europea y buscar un atajo incluyendo la protección de datos como un elemento más de la negociación comercial. “La protección de datos es un derecho y como tal no es negociable”, zanjó. La Comisión intenta desde 2011 cerrar un acuerdo de intercambios seguros que permita a los ciudadanos europeos acudir a los tribunales estadounidenses si ven violados sus derechos, algo que los estadounidenses sí pueden hacer.