Bolivia pide a Perú que cierre la frontera tras un ataque a oficiales
Dos uniformados fueron asesinados y más de una veintena resultaron heridos cuando iban a destruir cultivos de coca
![Un cultivo de coca en Bolivia.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/77IQJWNNOWL5NU6YUNE4TEDQHQ.jpg?auth=1f4f54e8ec2cefde7fa558ace1f7c6982775007e7ae37c606203fb6ab32b91c5&width=414)
El gobierno boliviano ha solicitado el cierre de la frontera con Perú para impedir la salida de presuntos traficantes que participaron en la emboscada a miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) cuando se disponían a destruir cultivos de coca ilegales en Apolo, norte de La Paz, con un saldo de dos uniformados muertos y más de una veintena de heridos.
“Queremos a esos asesinos frente a la justicia, y la máxima sanción que prevé el ordenamiento jurídico; vamos a actuar con el máximo rigor”, ha afirmado el ministro del Interior, Carlos Romero, sin ocultar el enojo ante el ataque a “soldados y patriotas que estaban solo con machetes para cumplir con la erradicación”.
Las autoridades bolivianas están convencidas de que los atacantes desarrollaron un “trabajo de seguimiento e inteligencia” para ejecutar una operación “bien planificada”. Dada la cercanía a la frontera con Perú, sospechan que los cocaleros –que resisten la erradicación de sus cultivos- recibieron el respaldo de traficantes de droga que pueden refugiarse en el país vecino, por lo que Romero anunció que, a través de la embajada en La Paz, se ha solicitado coordinar el cierre de frontera para capturar a los atacantes, además de una rigurosa vigilancia aérea.
El gobierno ha identificado los cultivos de coca excedentarios en el norte de La Paz y, desde mayo pasado, está en marcha la tarea de destruir los cocales ilegales pese a la fuerte resistencia de los agricultores que arguyen estar dentro de la zona tradicional de cultivo de esa hoja, en su mayor parte destinada a la producción ilegal de cocaína.
Las autoridades creen que los atacantes tuvieron apoyo de traficantes de droga
Un grupo de efectivos del Ejército y la Policía, que compone la FTC, comenzaba, el sábado pasado, su tarea de destruir arbustos de coca en la localidad de Miraflores, cercana a Apolo, en el norte de La Paz, cuando fue sorprendido por disparos desde la serranía y más adelante por los golpes de encapuchados armados y agricultores con palos, según el relato de uno de los sobrevivientes, el oficial Francisco Torres, ingresado en una clínica de La Paz.
Torres Choque ha declarado que los atacantes “utilizaron armas de fuego, nos cazaron como a animales. No tenían miedo de nada”, mientras que el policía Félix Moreira, atendido en un centro médico de El Alto, cree que “esas personas no parecían del lugar porque es ilógico que nos hayan masacrado de esa manera. Mi camarada Quispe [una de las víctimas fatales por herida de bala] estaba desmayado y lo han torturado, lo han pateado. Yo diría que son personas infiltradas”.
El ministro Romero ha dado a conocer el balance de los hechos: un oficial de Policía y un subteniente del Ejército muertos, doce heridos de bala y otros quince efectivos de la FTC con contusiones. Otros tres estaban desaparecidos y se temía que fueran rehenes de los cocaleros. Sin embargo, a última hora del día se anunció el rescate del teniente coronel Miguel Ángel Mercado y continuaba la búsqueda de un suboficial de la Naval y el médico de la FTC.
El Defensor del Pueblo y la Fiscalía General han enviado sendas comisiones para aclarar las circunstancias en que se produjeron los hechos y establecer la existencia de violaciones a los derechos de las personas, los vecinos de Miraflores y los efectivos de la FTC. Los vecinos se quejaron por la violencia con que actuaron los uniformados, de acuerdo al informe de la Defensoría que recogió el testimonio de una quincena de amas de casa afectadas en sus derechos y por los gases lacrimógenos que se expandieron en sus viviendas.
Pero también, los efectivos de la FTC sufrieron maltrato físico de parte de sus atacantes, encapuchados unos y agricultores otros. Los uniformados señalaron que, además de golpes, les quitaron sus ropas.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, ha confirmado la presencia en Apolo de una comisión de cuatro investigadores del Ministerio Público para tratar de identificar a los autores del ataque a la FTC. Los cocaleros han denunciado la detención de algunos de sus dirigentes.
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