Amnistía pide a Egipto frenar la represión contra los refugiados sirios

El pasado viernes, mientras otro naufragio de un bote cargado de inmigrantes que intentaban arribar a la costa de Lampedusa dejaba de nuevo decenas de cadáveres, 12 personas fallecieron ahogadas poco después de abandonar la costa de Alejandría. La nave transportaba 150 refugiados, entre sirios y palestinos, que intentaban salir de Egipto con destino a Europa.

En las últimas semanas las autoridades egipcias han interceptado 13 barcazas ilegales, repletas de exiliados sirios que buscan por todos los medios abandonar el país. Pagan aproximadamente unos 3.500 dólares por persona para enrolarse en un viaje de incierto final. Es la última salida a la campaña de represión que sufren por parte de las autoridades egipcias después de haber dejado atrás un país en guerra.

Según los datos de Naciones Unidas, citados por Amnistía Internacional (AI), 946 refugiados sirios han sido detenidos en Egipto en las últimas semanas, de los que 724 —entre ellos menores de edad— se encuentran todavía bajo arresto. En un informe que se publica este jueves, titulado No podemos vivir más aquí: Refugiados de Siria en Egipto, AI pide a El Cairo que termine con esta “abominable política de detenciones ilegales y con el retorno forzado de cientos de ellos”.

“Las autoridades egipcias tienen la obligación de proteger a cualquiera que haya abandonado el conflicto en Siria para encontrar un lugar seguro como refugiado. En estos momentos, Egipto está infringiendo radicalmente sus obligaciones internacionales para proteger incluso a los refugiados más vulnerables”, señala Sherif Elsayed Ali, máximo responsable para asuntos de inmigración de la ONG, con sede en Londres.

Según AI muchos de los detenidos permanecen bajo custodia policial incluso después de que la fiscalía haya ordenado su liberación. Denuncian que ni tan siquiera las organizaciones humanitarias tienen acceso a los refugiados y que las únicas alternativas son aceptar la deportación o permanecer detenidos de forma ilegal indefinidamente. Como resultado, decenas de familias han vuelto a separarse por la fuerza.

Las cifras de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (Acnur) establecen que en estos momentos hay unos 125.000 sirios registrados en Egipto, aunque cálculos no oficiales del Ministerio de Exteriores egipcio elevan la cifra hasta cerca de 300.000.

Durante el año que duró la presidencia de Mohamed Morsi, los islamistas promovieron una política de puertas abiertas para los sirios que decidían abandonar su país forzados por las circunstancias. Pero tras el derrocamiento del presidente elegido en las urnas por parte de los militares, el Gobierno endureció las condiciones de entrada cortando de raíz el flujo migratorio.

Las nuevas autoridades dictaron que los sirios que llegaran a las tierras del Nilo debían presentar un visado que antes no se requería y una autorización especial emitida por el régimen de Bachar el Asad. La campaña contra los sirios se había extendido ya a las calles, donde eran acusados de apoyar a los islamistas e incluso de provocar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las últimas manifestaciones previas al golpe.

Amnistía Internacional no es la única ONG que condena los malos tratos a los que se ven sometidos estos ciudadanos, sino que otras asociaciones locales como la Red Árabe para la Información de los Derechos Humanos también alertan de la situación. El ministro de Exteriores, Nabil Fahmi, negaba en un reciente entrevista con los medios de habla hispana en El Cairo que el problema se hubiera acentuado bajo los auspicios del actual Gobierno interino. “Nosotros no estamos obligando a nadie a salir del país”, justificaba el canciller egipcio.