Berlusconi pide cumplir con trabajos sociales su condena por fraude fiscal

Desde que, hace unos cuantos días, se empezó a rumorear que Silvio Berlusconi quería descontar su año de condena por fraude fiscal por el caso Mediaset cumpliendo servicios para la comunidad –por edad no tendrá que ir a la cárcel y la otra opción era el aburrido arresto domiciliario--, empezaron a lloverle las ofertas. Desde la fundación de Don Mazzi, un cura muy mediático dedicado a la rehabilitación de jóvenes descarriados, hasta un centro dedicado a la biotecnología pasando por una cooperativa de payasos terapéuticos. Ahora que ya es oficial –los abogados del exjefe del Gobierno presentaron este viernes la petición ante el tribunal de vigilancia penitenciaria de Milán-, el circo se ha redoblado. “Aún es posible rehabilitar a Berlusconi”, ha sentenciado Don Mazzi en la televisión.

No se descarta, en cualquier caso, que se trate de otra puesta en escena del político, quien sigue maniobrando en la oscuridad para lograr el indulto. De hecho, no faltan quienes creen que tras la amnistía propuesta por el presidente de la República, Giorgio Napolitano, para paliar la superpoblación de las cárceles italianas se esconde en realidad una treta para salvar a Berlusconi.

El presidente Napolitano, que lo ha negado airadamente, se dirigió el martes por escrito a diputados y senadores en términos muy duros: “Someto a la atención del Parlamento la inaplazable necesidad de poner fin, sin demora, a un estado de cosas que nos hace a todos responsables de las violaciones de los derechos humanos atribuidas a Italia por el tribunal de Estrasburgo”. En las cárceles italianas, con capacidad para 47.615 reclusos, se hacinan en la actualidad casi 68.000 personas en condiciones “inhumanas y degradantes”, según una sentencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Utilizará Berlusconi esa posible amnistía para irse de rositas? La duda, como no podía ser de otra manera, alimenta el rifirrafe político –a veces soterrado, a veces abierto, pero siempre vivo— entre los diferentes socios del Gobierno de Enrico Letta. Los parlamentarios del Partido Democrático (PD) dicen que la amnistía que ya intentó sin éxito el Gobierno de Mario Monti jamás servirá de salvoconducto a Berlusconi, pero el caso es que el Pueblo de la Libertad (PDL), siempre reacio a este tipo de medidas, parece decidido a impulsarla.

Entre otras cosas porque, estrategias mediáticas aparte, lo que menos preocupa a Berlusconi son los 12 meses de servicios sociales. En primer lugar porque la siempre lenta burocracia italiana –también la judicial—suele tomarse unos seis meses de media para decidir dónde y de qué manera tiene el reo que descontar la pena. Y, sobre todo, porque aún hay dos batallas abiertas más peligrosas para el futuro político de Il Cavaliere. La primera es que, dentro de unos días, el pleno del Senado tendrá que decidir finalmente su expulsión en virtud de la llamada Ley Severino aprobada por el Gobierno Monti contra los políticos corruptos. Y la segunda es que, a partir del próximo 19 de octubre, la Corte de Apelación de Milán tendrá que revisar la pena de inhabilitación para cargo público que también preveía la sentencia por fraude fiscal del caso Mediaset. Si el verano fue malo para Berlusconi, el otoño no pinta mejor, aunque Don Mazzi se haya comprometido a convertirlo, a sus 77 años, en un hombre de provecho.