Cuando la oposición son los jueces

Los jueces del Tribunal Constitucional portugués se han convertido en el principal escollo y en el imprevisto enemigo de las medidas de ajuste del Gobierno portugués del conservador primer ministro Pedro Passos Coelho. Hace dos semanas, los magistrados tumbaron la decisión del Ejecutivo luso, ratificada por el Parlamento antes del verano, encaminada a posibilitar y facilitar el despido de funcionarios bajo ciertas condiciones. Los jueces dictaminaron que eso no encajaba con el texto constitucional y echaron para atrás la medida. De paso, dejaron en el limbo de los deseos los 900 millones en tres años que el Ejecutivo portugués tenía pensado ahorrar en tres años a base de dispensar empleados públicos (la mayoría en el sector de Educación y Sanidad).

La sentencia del tribunal portugués se añade a otras decisiones de este grupo de jueces que, entre otras cosas, ya ha tumbado, por dos veces en dos años, los intentos del ministerio de Finanzas de retirar las pagas extras a funcionarios y pensionistas. A cada fallo del tribunal se produce un alivio por parte de los funcionarios, una convulsión mediática en el país y un maremoto presupuestario que sacude los cimientos (frágiles) del entramado de la (todavía muy frágil) economía portuguesa. Passos Coelho se ha comprometido con la troika a ahorrar, a base de recortes en la función pública, 4.500 millones de euros en 2015. Pero cada medida adoptada a ese fin por el Gobierno es remitida por diferentes instituciones (sindicatos, partidos políticos de la oposición, en ocasiones el mismísimo Presidente de la República o el Defensor del Pueblo, entre otros) al Tribunal Constitucional que, por lo general, se las devuelve al primer ministro convertidas en papel mojado. El semanario Expresso aseguraba el sábado pasado, citando una fuente gubernamental, que la troika –que visita Portugal a mediados de septiembre para inspeccionar, por octava vez, las cuentas públicas y el desarrollo de los prometidos recortes- planea dejar en suspenso el cheque correspondiente a este octavo examen hasta que el Tribunal Constitucional portugués decida sobre determinadas reformas, algunas relativas a condiciones de trabajo de funcionarios y pensiones. Es decir: a las promesas del Gobierno y la marcha de la economía, la troika, visto los visto, ha añadido un factor más a la hora de evaluar la situación financiera de Portugal: las cruciales decisiones de los jueces, que se han convertido en una suerte de contrapoder decisorio.

A cada fallo del tribunal se produce un alivio por parte de los funcionarios, una convulsión mediática en el país y un maremoto presupuestario

Algunos expertos y analistas próximos a las tesis del Gobierno han propuesto, llanamente, que se modifique la Constitución a fin de zanjar la cuestión de una vez por todas. Passos Coelho, para inaugurar el nuevo curso político, a primeros de septiembre, replicó que no hace falta darle la vuelta a la Constitución sino “sentido común, simplemente”, en una frase que atacaba directamente a unos jueces que, según él, torpedean ininterrumpidamente su acción política.

Paulo Portas, ex ministro de Asuntos Exteriores y actual vicepresidente, y la ministra de Finanzas, Maria Luís Albuquerque, han visitado estos días Bruselas y Estado Unidos para, según la prensa portuguesa, entrevistarse con los responsables de la troika (UE y FMI) a fin de sondear la posibilidad de que, el déficit previsto para este año, el 4%, algo difícil de alcanzar, se relaje. También para convencerles de que la crisis política que estremeció el país en junio (causada por el propio Portas al renunciar a su puesto de ministro de Asuntos Exteriores, dinamitando de paso la coalición gubernamental y parlamentaria, desestabilizando al Gobierno y generando el pánico en los mercados) está completamente superada. Y, asimismo, para recordarles de que Portugal, a pesar de todo, dio la campanada informativa a mitad de agosto al hacerse público que durante el segundo trimestre del año había crecido un sorprendente 1,1%, la cifra más alta de la Unión Europea, abandonando una recesión que duraba desde 2010 y que había hundido la economía lusa cerca de un 6%. Ayer se supo que el paro descendió en julio hasta colocarse en un 16,5%. Las exportaciones han crecido a un ritmo alto (un 11%) y el consumo interior (aún moribundo) comienza, aparentemente, a despertar. Señales positivas. Débiles. Pero, al fin y al cabo, las primeras en mucho tiempo. Los próximos meses demostrarán si esta recuperación es simplemente un espejismo veraniego y si las decisiones de los principales actores de este drama, el Gobierno, la troika (y ahora el Tribunal Constitucional) son acertadas.