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Tribuna
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La justicia y el poder

El dar a cada uno lo que en derecho corresponde atenta, según algunos gobernantes, contra las amplias facultades discrecionales supuestamente obtenidas cuando resultaron electos. Quienes hoy ejercen funciones de mando gubernamental piensan que esas limitaciones antiguas sobre la justicia de “vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo” se convierten en limitantes para la interpretación interesada que hoy pretenden darle a la indispensable independencia judicial.

Si un juez o magistrado se atreve a ejercer con libertad su cargo de inmediato se le acusa de contrarrevolucionario y deshonesto, como fue el caso de la Jueza venezolana María Lourdes Afiuni al liberar al banquero Eligio Cedeño, detenido sin cargos por más del tiempo requerido. Como el preso tenía un problema personal con el difunto Presidente Chávez, éste ordenó en acto público su detención y la imposición de la pena máxima de 30 años de prisión. Los jueces, sin cuestionamiento alguno, cumplieron la autoritaria orden; la lección estaba dada para los demás por si se salían del tiesto.

La tendencia reciente en nuestro Continente ha sido el promover mecanismos de control a los sistemas judiciales, nombrando en los cargos a jueces afectos al Poder Ejecutivo. No más el 2 de julio pasado, el candidato opositor en las elecciones presidenciales de abril pasado en Venezuela, Henrique Capriles, recusó a 7 de los 9 magistrados del Tribunal Constitucional de su país por tener vinculación con el partido en el poder, del cual hasta militantes inscritos han sido.

Bolivia, ha ido a los extremos, cuando en 2011 promovió una elección para escoger por votación popular a sus jueces, ya que su Presidente Evo Morales planteó “la revolución de la justicia”. El resultado fue una escasísima votación atribuida por Evo a falta de información y, por supuesto, una calidad muy baja de los elegidos aunque muy leales al poder político que les facilitó ser electos. Los mejores abogados del país no se prestaron a la especie de vorágine en que tal elección se convirtió.

Nicaragua por igual. Criticados por la repartición de los puestos judiciales entre liberales y sandinistas, cuando Daniel Ortega procura una opinión favorable para su reelección presidencial en 2012, prohibida por la Constitución nica, no convocan a los liberales, asumiendo sus cargos suplentes sandinistas. Así se interpreta que no permitir su reelección violaría sus derechos humanos. Sabemos que sin problemas triunfó en esa elección.

Recientemente Cristina Fernández, preocupada por los reveses judiciales que su administración tenía en su intento de doblegar a la empresa dueña del diario El Clarín, logró aprobar en el Senado ampliar el Consejo de la Magistratura agregando tres Salas de Casación; pretendía controlar con más magistrados por ella nombrados el hasta ahora independiente y crítico Órgano Judicial argentino. Sin embargo, la pretendida reforma quedó en ascuas cuando la Corte Suprema consideró que parte importante de su contenido era inconstitucional.

Ecuador, siguiendo ese ejemplo absolutista, no sólo ha querido controlar la justicia sino también los medios de comunicación. Cualquier crítica a un funcionario, si éste la considera ofensiva, basta para que el agraviado pueda recurrir a la justicia para reclamar al periodista y al medio, tanto por lo penal como por lo civil. Vimos cuando, gracias a la presión mundial, un fallo a favor del mandatario por calumnia en contra del Diario El Universo donde se le condenaba a pagar 40 millones de dólares al Presidente, hubo de desestimarse.

La justicia se ha convertido en el talón de Aquiles para aquellos que no quieren tener nada que los controle. Para esos que entienden el poder como una forma para hacer prácticamente lo que les da la gana. Aquello de que el Estado según el Barón de Montesquieu lo integran los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, cada uno independiente, pero que colaboran entre sí, está pasando a la historia. Por eso es que hay que controlarlo todo, como si quisiéramos pasar de la tradicional democracia liberal inspiradora de nuestros sistemas políticos a los típicos reinados de la Edad Media.

 

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