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El movimiento indignado prende en Perú

Jóvenes de clase media protestan en las calles de Lima contra la corrupción y piden la despolitización del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo

Protestantes en Lima, Perú
Protestantes en Lima, Perú EFE

En menos de una semana, dos movilizaciones masivas en el centro de Lima han lanzado un mensaje anticorrupción al Congreso y al oficialismo, en rechazo al pacto político de cuatro partidos que acordó elegir, como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y como Defensor del Pueblo, a personas no cualificadas para el cargo, sea por militancia partidaria, incompetencia profesional o conflictos de interés. La noche del lunes, cerca de tres mil jóvenes, universitarios en su gran mayoría, protestaron pacíficamente durante dos horas y media y llegaron a tres cuadras del Congreso. La policía los dispersó con violencia después de que estuvieron casi una hora apostados allí. La fuerza del gas lacrimógeno y los golpes con varas pudieron más.

El Parlamento se reunirá hoy en un pleno extraordinario para discutir cómo “dejar sin efecto” las resoluciones legislativas que nombraron el día 17 a seis nuevos magistrados del Constitucional, al Defensor del Pueblo, y a tres directores del Banco Central de Reserva. Deben decidir la forma de reemplazar a esos altos funcionarios, algunos de los cuales llevan un año con período vencido o en calidad de interino. Tras las críticas masivas, en las calles y en los medios de comunicación, han rechazado el cargo de cuatro de los magistrados y la Defensora del Pueblo, pero el Congreso aún espera la comunicación formal de algunos más.

Preguntado acerca de las protestas y la reacción del Congreso, el politólogo de la Universidad de Harvard, Steve Levitsky, dijo en Lima: “Si los políticos creen que pueden cruzar líneas y actuar de una manera ilegal o antiética sin pagar un precio político, lo van a hacer. Solo lo van a dejar de hacer cuando sepan que pagarán un costo. Esta vez pagaron un costo”.

“No se ve con mucha frecuencia en Perú una respuesta muy fuerte de la sociedad civil. Los políticos midieron muy mal la temperatura de la sociedad. Es sano para la democracia que una parte de la clase media y los medios, por primera vez en muchos meses, hayan reaccionado de una manera unida contra esa decisión del Congreso”, añadió el analista.

El pacto político que se visualizó con la elección de los cargos del Constitucional, la Defensoría y el Banco Central ha sido denominado popularmente “la repartija”, pues Gana Perú (partido gobernante), Fuerza Popular (fujimorismo), Perú Posible (del expresidente Alejandro Toledo) y el Partido Popular Cristiano (de centro derecha) definieron los cupos que cada agrupación podía tener en cada entidad.

Los representantes más cuestionados fueron dos excongresistas del oficialismo; el exparlamentario y socio del bufete de abogados del expresidente Alberto Fujimori, preso por crímenes de lesa humanidad; y una militante de Perú Posible acusada de irregularidades como funcionaria.

Tras el desprestigio en que se ha sumido el Legislativo, el presidente saliente del Congreso, Víctor Isla, declaró ayer: “Espero que la nueva mesa directiva busque este clima de confianza que se necesita”.

“Los congresistas tienen que garantizar a las personas más calificadas porque llegar a esos cargos significa una honra y no que los pongan de piñata”, comentó el psicoanalista Max Hernández, miembro de la asamblea de Transparencia, la principal ONG de observación electoral en Perú.

Los jóvenes de clase media que protestan, que no tienen un líder, ni un solo convocante y contactan a través de redes sociales, calificaron el pacto político como “vergüenza nacional”. Los manifestaciones coreaban lemas distintos: ”¡Fuera los corruptos!”, “Congreso y Tribunal: vergüenza nacional”, “Perú, te quiero, por eso te defiendo”, “Abajo los narcoindultos”, “No nos representan”, “Ollanta mentiroso”, "El pueblo, luchando, también se está educando". Según una encuesta nacional de GFK divulgada el domingo, un 62% de peruanos demanda que los elegidos para el Constitucional y la Defensoría del Pueblo sean personalidades independientes.