Un conflicto campesino enfrenta al Gobierno colombiano y a las FARC

Cerca de 8.000 campesinos del Catatumbo —una zona selvática fronteriza con Venezuela con grandes reservas mineras y petroleras, pero abandonada por el Estado y epicentro de la violencia causada por los grupos armados que operan al noroeste del país— llevan dos semanas en paro. La protesta ha bloqueado carreteras, lo que ha provocado desabastecimiento de alimentos y gas, y enfrentamientos entre manifestantes y policías que hasta ahora han causado dos muertos y una decena de heridos.

Los campesinos exigen al Gobierno de Juan Manuel Santos que suspenda los planes para erradicar los cultivos de coca y que impulse programas de sustitución de esos cultivos. También piden que el lugar se declare zona de reserva campesina, uno de los temas polémicos que se discute en la mesa de negociación con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en La Habana.

Los líderes de la marcha han denunciado que han sido atacados con armas de fuego y gases lacrimógenos, lo que ha dejado un saldo de cuatro campesinos muertos, más de una decena de heridos y tres detenidos. Las víctimas del domingo son Edwin Franco Jaime (22 años) y Yonel Jácome Ortiz (28 años) y murieron, aparentemente, tras enfrentamientos con el Ejército y agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios cuando los manifestantes intentaban tomar el aeropuerto de Ocaña, una de las poblaciones donde se concentra la protesta. El otro sitio es Tibú, epicentro del Catatumbo. Los otros dos murieron este martes.

Los campesinos han denunciado que estas muertes se producen luego de que el presidente Santos había dicho que la marcha campesina estaba infiltrada por las FARC y ordenó a las fuerzas militares “implantar el orden”, algo que fue rechazado de inmediato por los protestantes y por la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Santos afirmó que desde Cuba le habían enviado un mensaje para que dejara de “oprimir” a la población. “Es una torpeza, lo que hacen es comprobar que en esas manifestaciones estaba infiltrada la guerrilla”, dijo. Desde La Habana, las FARC expresaron su solidaridad “con la lucha de los campesinos del Catatumbo por sus derechos” y calificaron de “brutalidad” la manera como las autoridades han respondido a la movilización campesina.

El jueves pasado, el Gobierno intentó dialogar con los campesinos en paro pero estos rechazaron la reunión y se levantaron de la mesa, en protesta por la presencia del general Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía. El martes, tras un nuevo intento y luego de una reunión entre el ministro del Interior Fernando Carrillo y las autoridades de la zona, el Gobierno condicionó sentarse a dialogar solo cuando cese la violencia y el bloqueo.

Una vez garantizadas las condiciones de seguridad y orden público, una comisión de alto nivel del Gobierno se desplazará a la región para “dar inicio, con las comunidades campesinas y no con actores ajenos a las pretensiones que se han venido indicando desde hace una semana”, advirtió Carrillo, haciendo referencia a la denuncia de infiltración de las FARC. También pidió que la situación se trate “sin vetos de ninguna naturaleza” a los miembros que designe el gobierno.

El Catatumbo es una región con un pasado guerrillero. Antes ahí operó el ELN (Ejército de Liberación Nacional), más tarde el EPL (Ejército Popular del Pueblo) y más tarde las FARC, que mantiene aún cierta presencia. Es una región que se volvió cocalera en los años ochenta, negocio que primero controló las FARC y luego los paramilitares, y que desató una violencia sin precedentes, presencia de narcotraficantes y de carteles de la droga. Por eso allí se realiza un intenso programa de erradicación manual de cultivos ilícitos. Según analistas del conflicto armado, en su momento cumbre hubo alrededor de 40.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en la región. Hoy, según cifras oficiales podría haber entre 3.000 y 4.000 hectáreas, pero analistas independientes hablan de 8.000 hectáreas. Aunque la fumigación y la erradicación manual han sido muy fuertes, los cultivos se han ido trasladando a nuevas zonas dentro de la misma región, como la provincia de Ocaña.

La llegada de los erradicadores a la zona fue uno de los detonantes de la protesta. Los campesinos alegan que no tienen otros productos para reemplazar la hoja de coca, a lo que se suma las casi inexistentes vías de comunicación, que encarece la producción agrícola. Más allá de la erradicación, el gran tema de fondo sería la petición para que se declare el Catatumbo como zona de reserva campesina, que abarcaría más 360.000 hectáreas.

“Ya se había avanzado en los trámites de legalizar esta zona en el gobierno de Álvaro Uribe, pero con Santos se paró por el complicado tema de frontera con Venezuela”, dice una fuente de la región que conoce de cerca el movimiento campesino. “Indudablemente, hay un campesino organizado que le ha dicho al Gobierno en numerosas ocasiones que no quieren sembrar coca, que necesitan alternativas. Pero también es evidente que por la coyuntura de la discusión del tema agrario en La Habana, ellos entendieron que este es el mejor momento para exigir la declaratoria de reserva campesina”, añade.