Crece el debate sobre el matrimonio igualitario en Colombia

Aún no está claro cómo responderán las parejas del mismo sexo en Colombia cuando les pregunten sobre su estado civil tras formalizar sus uniones. Lo que sí se sabe es que por ahora no podrán decir que están casados, así la Corte Constitucional haya ordenado que desde hoy las parejas homosexuales pueden acudir a notarías y juzgados a solicitar sus uniones.

El debate por las bodas gay en Colombia está lejos de terminar. En abril se hundió en el Congreso un proyecto de ley que buscaba legalizar estas uniones y ahora que pueden acudir a notarías y juzgados, sigue sin saberse qué figura se utilizará, ya que el gremio de notarios ha interpretado la sentencia de la Corte (la C-577 de 2011) como un “vínculo contractual solemne” y no como matrimonio, algo que la comunidad LGBTI rechaza ya que considera que este tipo de contrato no garantizaría ni los derechos ni la misma validez que un matrimonio civil.

“No aceptamos una figura distinta. Además, jurídicamente los notarios no pueden hacerlo. Lo pudo haber hecho el Congreso, pero no lo hizo. Entonces ante la ausencia de una nueva reglamentación, la que queda por usar es la del matrimonio civil, no hay otra”, dijo a EL PAÍS, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, la ONG más visible en Colombia que trabaja en la defensa de los derechos de la población LGBTI. Para Sánchez, los notarios interpretaron literalmente la orden de la Corte y elaboraron un contrato que no existe en la legislación actual. “No cambia el estado civil, no se sabe cómo se disuelve y si uno lo firma no sabe qué derechos tiene. No es matrimonio”, agregó. Por su parte, los jueces no se han pronunciado sobre si casarán o no a estas parejas.

La Corte Constitucional ha reconocido que las parejas gay en Colombia constituyen una familia y desde 2007 también les reconoce el derecho a seguridad social, a pensión y a la herencia. Pero ahora, cuando ha dicho que los notarios y jueces tendrán que “formalizar y solemnizar estas uniones”, sin mencionar la palabra matrimonio, se ha generado toda una controversia jurídica.

No son pocas las voces que se oponen al matrimonio de parejas del mismo sexo y que han pedido a los notarios que no los casen. El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, ha insistido en que será a través del contrato que diseñó la Unión Colegiada del Notariado Colombiano y que habla de la "formalización y solemnización del vínculo contractual", que celebrarán estas uniones, descartando que se trate de un matrimonio. Álvaro Rojas, presidente de ese gremio, también ha dicho que “todo matrimonio civil es un contrato pero no todo contrato es matrimonio”.

Por eso, Colombia Diversa también elaboró un documento, que no es otra cosa que una solicitud de matrimonio como lo haría cualquier persona heterosexual, pero en este caso “nosotros la hicimos sustentada, con los argumentos de la Corte”, explicó la directora de la ONG, que ha pedido a las parejas que decidan formalizar sus uniones que se rehúsen a firmar un contrato distinto al matrimonio. Si los notarios se niegan a celebrarlo, la idea es que estas parejas presenten tutelas, el mecanismo de protección de los derechos fundamentales que se utiliza en Colombia, para que sea finalmente la misma Corte quien resuelva la controversia.

La Iglesia también se ha pronunciado fuertemente contra el matrimonio igualitario afirmando que la comunidad LGBTI no tiene derecho ni al matrimonio ni a la familia. “¿Qué es lo que se le está negando a la comunidad homosexual?, se le está negando algo que no le compete, algo a lo que no tienen derecho, porque el matrimonio y la familia están basados por leyes naturales fundamentales”, dijo en rueda prensa el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Rubén Darío Salazar. También invitó a los notarios a alegar objeción de conciencia para no formalizar estas uniones, un argumento al que ha recurrido el Procurador General, Alejandro Ordóñez, quien además ha advertido que podría abrir investigación y sancionar a los notarios que celebren estos matrimonios, algo que el Fiscal General, Eduardo Montealegre, descartó por completo.