La UE exige explicaciones a EE UU por el espionaje

Amenaza velada de Bruselas a Washington por el caso de espionaje masivo de datos. La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, ha querido dejar las cosas claras al fiscal general estadounidense, Eric Holder. Reding ha enviado una carta inusualmente dura a Holder para pedir explicaciones sobre el espionaje orquestado desde el Gobierno de Barack Obama y advertirle de que el asunto puede afectar gravemente a las relaciones entre la Unión y Estados Unidos, en plenas negociaciones por el tratado de libre comercio entre las dos potencias.

La responsable de Justicia europea, que viajará el jueves a Dublín para participar en el encuentro bilateral entre las dos potencias, envió el pasado lunes una carta de dos folios y medio al fiscal general en la que exige explicaciones detalladas por este escándalo. Y deja para el final la advertencia más contundente: “Dada la gravedad de la situación y la seria preocupación que ha expresado la opinión pública a este lado del Atlántico, entenderá usted que espere respuestas rápidas y concretas el viernes. La Comisión Europea rinde cuentas ante el Parlamento Europeo, que probablemente evaluará toda la relación transatlántica a la luz de sus respuestas”, concluye la misiva.

La luxemburguesa Reding avisa así a EE UU de que la representación más directa de los ciudadanos en las instituciones comunitarias, el Europarlamento, puede querer revisar todos los acuerdos de cooperación que existen entre ambas partes y que benefician en gran medida a EE UU. No es una fórmula habitual en Bruselas, poco dada a las guerras comerciales y las amenazas. Un portavoz del presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, advirtió el jueves de que todo el arco parlamentario, incluidos los conservadores, ha mostrado un inusual grado de dureza en los últimos debates con la postura de Washington. “Hay dos dossieres que están en peligro: el tratado de libre comercio entre la UE y EE UU, y la propuesta de protección de datos reforzada, que implica intercambio de datos con los norteamericanos y puede generar grandes recelos si no hay explicaciones convincentes en Washington”, según el portavoz.

Los países comunitarios ya entregan, por ejemplo, información sobre movimientos de capitales y sobre pasajeros aéreos de todos los vuelos que tengan como origen o destino EE UU. Se da la paradoja de que los Veintisiete aún no comparten esa información entre sí —llevan meses intentando sacar adelante esta regulación— pero sí se la suministran a Washington con el objetivo de luchar contra el terrorismo.

Antes de lanzar esa amenaza, Reding —que suele plantear los asuntos de forma clara, alejada del eufemístico lenguaje comunitario— muestra inquietud por las “adversas consecuencias [del programa de vigilancia de datos] para los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos”. La comisaria recuerda a Holder que hace un año los dos coincidieron en la necesidad de ofrecer a los ciudadanos “un alto nivel de protección para su privacidad”.

Los paños calientes han corrido a cargo de España y Francia. Los ministros de Exteriores de esos dos países, José Manuel García-Margallo y Laurent Fabius, pidieron “prudencia” para que las relaciones entre las dos potencias no descarrilen en un momento clave. Frente a ese llamamiento, Reding dejó clara la postura de Bruselas: subrayó que el acceso directo de las fuerzas de seguridad estadounidenses a los datos personales de ciudadanos europeos almacenados en servidores de compañías estadounidenses “deben quedar excluidos salvo en situaciones concretas, excepcionales y revisables judicialmente”. Lejos de quedar en generalidades, Reding presentó una lista con siete preguntas que exigen respuesta de Holder.

Lo primero que le interesa a la comisaria es saber si el programa de espionaje afecta principalmente a ciudadanos que no sean estadounidenses y, en concreto, a europeos. Además, pregunta si el acceso a esos datos personales se limita a casos concretos y cuáles son los criterios empleados para el seguimiento. E inquiere sobre el caso contrario: si la información se recoge de forma masiva, “sin justificación relativa a casos concretos”, y si esas prácticas son regulares u ocasionales.

En cuanto a los objetivos, la titular de Justicia pide aclaraciones sobre si se utiliza con fines de seguridad nacional, de inteligencia relacionada con el exterior y cómo se definen ambos conceptos. Y le pregunta qué vías administrativas o judiciales tienen a su alcance las empresas en Europa o EE UU para el acceso, la recogida y el procesamiento de datos bajo programas como el de vigilancia de datos. Casi de forma retórica —porque conoce la respuesta— le pide información sobre los procedimientos por los que un ciudadano europeo puede informarse de si está afectados por alguno de estos programas de espionaje. Más claramente, le pide una comparación entre los procedimientos disponibles para los estadounidenses y los residentes (aunque no sean estadounidenses).

El trasfondo de esas preguntas es el profundo malestar que la UE lleva tiempo arrastrando sobre las diferencias de trato a los europeos en EE UU respecto a lo que sucede con los estadounidenses en territorio comunitario. Uno de los elementos que paralizan el acuerdo global de protección de datos que negocian desde 2011 las dos potencias reside en que un norteamericano puede recurrir ante las autoridades europeas si siente que su información personal ha sido violada y, en cambio, un europeo no puede hacer lo mismo en EE UU. La gota que colma el vaso son esas informaciones que señalan que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense tiene acceso a los registros de llamadas de Verizon, At&T y Sprint, las mayores teleoperadoras norteamericanas, y que entre 2007 y 2011 las webs de Microsoft, Google, Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL y Apple se integraron en un programa secreto que ha sido defendido por el presidente estadounidense, Barack Obama.