TRIBUNA

Avatares de las conversaciones de paz de La Habana

Al tomar posesión de la presidencia de Colombia, Juan Manuel Santos dijo que la puerta del diálogo con la guerrilla no estaba cerrada con llave. Tres días después, el ministro que más ponzoña había metido a las relaciones con la Venezuela chavista, en particular con su máximo líder, se reunía con este en San Pedro Alejandrino, la última morada de Bolívar. La reconciliación trajo el arreglo de los asuntos pendientes comerciales, diplomáticos, financieros, entre los dos países; facilitó la reanudación de relaciones con Ecuador, rotas a raíz del sonado bombardeo a un campamento de las FARC en la frontera, del lado ecuatoriano, y rompió el relativo aislamiento de Colombia en Suramérica. También se habló de guerrillas y, una vez más, Chávez entró a mediar con las FARC de un modo más práctico, tanto que de ahí arrancó el actual proceso de conversaciones en La Habana, primero en secreto y ahora semi-públicas.

El giro de 180 grados en relación con la política de Uribe pareció confirmar el principio según el cual el poder o la autoridad no son realmente delegables. Uribe no habría de gobernar más, por interpuesta persona. Además Santos no era el delfín. El papel le había correspondido a otro ministro de Uribe: Andrés Felipe Arias, quien no tuvo el respaldo suficiente para ser candidato presidencial y desde hace meses espera tras las rejas por si lo llaman a juicio en un caso de presunta malversación del erario nacional. En la estrategia uribista Santos era como el second best, papel que no tenía por qué jugar, y menos una vez investido presidente. Al separarse de la cauda de Uribe, Santos entendió el juego que normaliza las presidencias de ocho años y el 10 de agosto de 2010 en Santa Marta abrió su campaña de reelección. Por eso, desde el anuncio presidencial de las conversaciones con las FARC el asunto es la principal materia de la contienda. Puede decirse que Uribe, sin que necesariamente lo supiera de ese modo, consideró que el arte de la política es saber escoger al enemigo y ahí estaban las FARC, en ese 2001, el año terrible del golpe de Osama bin Laden. Abanderado de la cruzada de arrasar las FARC, el ex presidente no parece entender los cambios en el mundo y en Colombia y no considera opciones diferentes. Además, dejó la tarea a medias pues esa organización, disminuida y circunscrita, sin haber sido derrotada militarmente sigue unificada como se desprende de las mismas estadísticas e informaciones del Gobierno de Uribe. Por todo esto la campaña electoral en marcha ha sido y será sucia.

El problema es la complejidad del modelo de conversaciones. Aunque considera la permanente interacción de factores internacionales y de política doméstica colombiana, no se atienden debidamente situaciones inesperadas como las que llevaron al actual incidente en las relaciones colombo-venezolanas a raíz de la reunión de Santos con el señor Henrique Capriles quien llegó a Bogotá a recabar apoyos para su reclamación de fraude electoral y, por tanto, de ilegitimidad e ilegalidad del mandato de Nicolás Maduro. Aunque lo más probable es que el incidente se zanje diplomáticamente y pronto, la cadena de reacciones de políticos y comentaristas colombianos muestra un grado inusual de confrontación verbal, de por sí alto. Si nada sorprende de las posiciones y el lenguaje, sí es conveniente recordar que unas conversaciones de paz, en el formato convenido, requieren sopesar las decisiones, pues el único ganador neto del actual incidente colombo-venezolano ha sido el político Capriles. Asunto secundario en cualquier estrategia de paz en Colombia pero no así en la campaña presidencial. Por precisas que sean las reglas en la mesa de La Habana y juicioso su cumplimiento, la añeja y complicada relación colombo-venezolana cuenta y mucho.

No deja de ser significativo que entre el anuncio del pasado domingo 26 de mayo del acuerdo logrado en la mesa de La Habana sobre el punto uno, el agrario, el decisivo según se dice, y el arribo de Capriles a Bogotá, el vice-presidente Biden haya visitado a Santos y reiterado el apoyo del Gobierno de Estados Unidos a las conversaciones de paz con las FARC y “en el campo de batalla” con esa guerrilla. Y no está de más recordar que Estados Unidos es de los poquísimos países, acaso el único, que no ha reconocido todavía al presidente Maduro.

La representación usual de las conversaciones con las FARC es que fluctúan inesperadamente como el termómetro en la lengua de un palúdico. Pero no puede olvidarse que se conversa en medio de la guerra. Como recordó tersamente Biden, hay un campo de batalla activo y en este sentido es apenas obvio que el ministro de Defensa y los demás voceros hacia abajo hablen un lenguaje castrense y produzcan partes de guerra. Las FARC hacen otro tanto. Así se pactaron las reglas y de esos hechos y vocabularios no puede colegirse nada que ponga en cuestión el proceso mismo. Pese a la volatilidad, de La Habana sale una tendencia central que es al avance. Sobre el principio de que nada se ha pactado hasta que se pacte todo, las conversaciones progresan. Pese a su vaguedad, la declaración del acuerdo del punto agrario, lo prueba y muestra que el proceso está a cargo de gente práctica. Así, la “propiedad privada” parece como una abstracción absoluta. Según versiones separadas de las dos partes, puede decirse que el mundo rural que pide el acuerdo es perfectamente alcanzable dentro del actual sistema político y económico. Trampa hacen quienes argumentan que para eso no era necesario “rendirse a la guerrilla”. El problema histórico es precisamente por qué el sistema político colombiano, uno de los más liberales de América Latina, no ha conseguido procesar y sacar adelante esos cambios y reformas propuestas desde mediados del siglo XIX por el jefe liberal Manuel Murillo Toro.

Acordar sobre el primer punto de la agenda ha sido un paso adelante. Pero lo que sigue no es fácil. El balance de la justicia y la paz que está en la base del tipo de participación política de las FARC, una vez desmovilizadas y vueltas a la vida civil, es el tema en la mesa y cabe esperar que, más bien pronto, también se pacte.

Marco Palacios es profesor-investigador de El Colegio de México. Su último libro Violencia pública en Colombia 1958-20100 ha sido publicado por Fondo de Cultura Económica.

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