Los jubilados se rebelan en Portugal

Cuando era estudiante, en los tiempos duros de la dictadura de Salazar, María do Rosário Gama se unió, jugándose el tipo (y perdiendo un curso), a una huelga universitaria; cuando, años después, fue directora de un colegio en Coimbra, también se puso al frente de una cadena de protestas contra un Gobierno socialista (al que votó). Ahora, con 69 años, cuando, según sus palabras, se imaginaba “cuidando de la nieta y leyendo” ha vuelto a la rabiosa pelea cívica, presidiendo una pujante y creciente organización de jubilados portugueses, la APRE, que aumenta día a día y que día a día adquiere poder y relevancia. Se alimenta de indignación y fue creada, expresamente, para oponerse a los recortes que el Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho está ejecutando a los jubilados y pensionistas.

No es una cuestión baladí: la, más que posible, enésima reducción de la pensión se ha convertido, en las últimas semanas, en el asunto clave de la política portuguesa. Hasta el punto de que ha hecho tambalearse varias veces la coalición gubernamental (formada por el conservador PSD del primer ministro, Pedro Passos Coelho y el democristiano CDS-PP del ministro de Asuntos Exteriores, Paulo Portas, contrario en apariencia a esta tasa a los jubilados).

En la terraza de un bar de Coimbra donde todos la conocen, María do Rosário explica, con ayuda de un taco de papeles, los liosos (pero sangrantes) ajustes en las pensiones presentes y futuras: “Nos quitaron, las pagas extras. Además, nos recortaron, por motivo de una nueva Tasa Provisional de Solidaridad, a todos, el 3,5%. Y a los que cobran más de 1.800 euros, les quitan encima el 16%". La jubilada, profesora de biología, toma un sorbo de café, coge aliento y prosigue: “Hace dos meses, el Tribunal Constitucional dijo que las pagas extras nos las tienen que devolver. Una, la de Navidad, se nos ha devuelto con pagos diferidos por meses (que con la subida de las retenciones por los impuestos voló). La otra nos la devuelven así: los que cobran hasta 600 euros, ahora en junio; los que cobran de 600 a 1.100 euros, la mitad en junio y la otra mitad en diciembre. Y los que ganan más de 1.100 euros cobraremos el 10% y el resto en invierno ¿Usted se cree que esto es de un país serio?”.

Después echa mano de otro papel y ataca: “El Gobierno propone, además, que esa tasa especial, que era provisional, se convierta en algo fijo: quiere recortar un 3,5% para todas las pensiones, con efectos retroactivos, y que, a los jubilados del Estado se les recorte un 10% más. Dice que aún no es seguro y que constituye el último recurso para cumplir con el déficit, pero muchos nos tememos que será así. Por eso tenemos que luchar y defendernos”.

La troika ha insistido en incluir los recortes a las pensiones como condición irrenunciable para aprobar el último tramo del préstamo de 78.000 millones de euros

En Portugal hay tres millones de jubilados, casi un tercio de la población. Constituyen un batallón considerable e influyente al que no conviene enfrentarse. Por lo pronto, la asociación que preside Gala ya ha participado, cada vez con más presencia, en las manifestaciones de protesta organizadas, entre otros, por el colectivo Que se lixe a troika (Que se joda la troika) y su teléfono móvil no deja de sonar: reuniones con los sindicatos, con el Defensor del Pueblo, entrevistas con partidos políticos, debates televisados. Cada vez que aparece en la televisión sube el número de asociados, explica esta jubilada dinámica y lúcida, que de golpe mira a la cara del interlocutor y añade: “Aquí no nos gobiernan políticos, sino técnicos, y necesitamos gente que les pare los pies a la troika”.

Fue precisamente la troika (compuesta por el FMI, la Unión Europea y el Banco Central Europeo) quien, en su última visita, celebrada hace unas semanas, insistió en incluir los recortes a las pensiones como condición irrenunciable para aprobar el, hasta ahora, último tramo —de 2.000 millones de euros— del préstamo de 78.000 millones pedido por Portugal en 2011.

Gama añade: “Ir a por los jubilados es como usar la violencia. Es una suerte de terrorismo social. No ocurre en ningún país. Además de subir el IVA, de subir el precio de los medicamentos y de las consultas médicas, nos bajan la pensión cada año. Esta austeridad está acabando con la clase media, y la clase media es la que sustenta la democracia. Cualquier día esto revienta”.

La presidenta de APRE recuerda que muchos de los pensionistas portugueses se han convertido en una suerte de mini-Estado social, o de subsidio alternativo de desempleo para los miles de parados que la economía estancada lusa escupe cada mes. Ella misma se ocupa de su hijo, biólogo en paro con muchas posibilidades de acabar trabajando en el extranjero. Cuando se le pregunta si su asociación se reciclará en partido político responde así: “Nuestra fuerza radica en que pertenecemos a todos los jubilados. No diremos a quién votar. Aunque la gente sí que sabrá a quién no tiene que hacerlo”.