La ley de pensiones enfrenta a Evo Morales con los obreros

La ley de Pensiones es el mayor punto de controversia entre la Central Obrera Boliviana (COB), que ha recuperado su poder de convocatoria, y el gobierno del presidente Evo Morales, que ha llevado a las calles citadinas a miles de campesinos y productores de hoja de coca para que defiendan el proceso de cambio y se reste importancia al desgaste político que le ocasiona uno de los más duros conflictos con la clase laboral, su ex aliada.

El gobierno afronta más de dos semanas de protestas de asalariados en las calles de las principales ciudades y el cierre de carreteras en casi todo el país; no ha logrado aplacar el conflicto pese a haberlo ninguneado primero, satanizado después, hasta acusar a la COB de conspirar contra la estabilidad democrática y, finalmente, reprimirlas protestas. Ahora ha vuelto el diálogo en medio de pausas en busca de un acuerdo entre partes.

El vicepresidente Álvaro García Linera acusó a los “malos” dirigentes sindicales y a grupos radicales como los “trotskistas” de gestar un intento de golpe de Estado y, pidió a sus seguidores defender en las calles al Gobierno además de buscar que la COB recupere “su espíritu proletario” y su lucha a favor de los más humildes. García cerró una manifestación de apoyo en Cochabamba que congregó a unas veinte mil personas, según sus organizadores. Otro tanto se reunió en La Paz y los siguientes días se replicará en otras ciudades para demostrar el apoyo masivo al gobierno de Morales. Los dirigentes de la COB ordenaron el repliegue de sus afiliados de las calles y a mantener una vigilia mientras duren las negociaciones, con el fin de evitar la posibilidad de enfrentamientos con los seguidores del gubernamental Movimiento Al Socialismo.

La ley de Pensiones fue promulgada por Morales en diciembre de 2010 junto a la anterior dirección de la COB, entonces afín al partido oficialista, a pesar de la reticencia de algunos sindicatos sectoriales que, dos años después, lograron reflotar sus demandas de modificaciones al texto para lograr una renta de jubilación digna con el 100 por ciento ganado, que cubra las necesidades del trabajador pasivo.

La discutida norma legal mantiene la jubilación en base al ahorro de los propios trabajadores; un régimen no contributivo que comprende una renta de 20 euros mensuales a partir de los 60 años y, el Fondo Solidario que aspira a proteger a los retirados con rentas muy bajas o que no hayan cotizado antes al sistema de pensiones y no tengan capital de jubilación. Este Fondo se constituye en la manzana de la discordia, pues se financia con aportes de quienes tienen mayores ingresos hasta su retiro, ahora a partir de los 58 años en varones y 55, en mujeres madres de más de tres hijos.

El reclamo laboral apunta a la ausencia de participación tripartita –de trabajadores, empleadores y el propio Estado- en el financiamiento de las jubilaciones como ocurría hasta 1996, cuando se reformó la ley y se introdujo la aportación individual en las Administradoras de Fondos de Pensiones, vigentes hasta que las Gestoras Públicas, creadas por la actual ley, asuman la administración de los fondos.

El Fondo Solidario plantea la disminución de la pobreza mediante el mejoramiento de las actuales pensiones (entre 40 y 60 euros al mes) hasta un tope de 260 euros sobre el forzoso aporte de quienes registraron mayores salarios a lo largo de su vida laboral.

“Se necesita reestructurar la ingeniería financiera del Fondo Solidario para superar la mayor fuente de descontento de los trabajadores”, ha explicado el economista Alberto Bonadona al hacer notar que con este modelo, “el que gana unos 100 euros tendrá una pensión similar o menor al asalariado que ha recibido 40 euros de sueldo los últimos 24 meses”, después de una actividad económica de 25 a 30 anos.

Un análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) destaca que la norma legal “no garantiza el pago de rentas de jubilación dignas que cubran las necesidades básicas, porque los aportes para la jubilación recaen únicamente en el propio trabajador, liberando a los empresarios y al Estado de contribuciones para esta prestación”; además, con la pensión solidaria las rentas se “nivelan hacia abajo” con el agravante de que son los trabajadores quienes financian el Fondo Solidario, que estará administrado por el Estado sin control de los trabajadores.

El investigador del CEDLA Bruno Rojas ha declarado a la prensa local que solamente un millón y medio de personas está afiliado al sistema de pensiones, del que 550.000 hace aportaciones regulares mientras que el resto registra cotizaciones diferenciadas como consecuencia del cambio de empleo o, de las diversas remuneraciones en su vida laboral. Por ello considera que solamente “un veinte por ciento de la población podrá jubilarse con el actual sistema de pensiones y, apenas, un diez por ciento podrá recibir pensiones dignas en el futuro”.

El mayor mal del sistema boliviano de pensiones se encuentra en las aportaciones bajas como consecuencia de salarios escasos y empleos precarios, según CEDLA y sus investigadores. Por eso todo el ahorro acumulado en 30 años de vida laboral no cubre siquiera el porcentaje que establece la ley de Pensiones: el 60 por ciento del promedio de sueldo de los últimos 24 meses de trabajo. De hecho, las rentas actuales no superan el 40 por ciento de sus salarios. Y el otro factor señalado por los estudios es que ni el empleador ni el Estado “contribuye ni con un centavo” el ahorro laboral.