Maduro despliega al Ejército para combatir la delincuencia en Caracas

Ayer arrancó en Caracas la décimoquinta operación en 14 años de revolución bolivariana para combatir el crimen, el asunto que, incluso en medio de una empinada crisis político-electoral, más preocupa a los venezolanos. El plan, denominado Patria segura, es la nueva respuesta que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro da al problema, pero a fin de cuentas se parece mucho a lo que hacían los viejos gobiernos de la denostada IV República (nombre que el fallecido Hugo Chávez acuñó para las administraciones democristianas y socialdemócratas del período 1958-98): desplegar a los militares en las calles.

Venezuela se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo. El informe anual del Ministerio del Interior admitía más de 16.000 asesinatos en toda Venezuela durante 2012. Caracas, la capital, se mantiene en el podio de las tres ciudades más letales del planeta. En lo que va de mayo, en su área metropolitana se registraron 186 homicidios. Solo durante este fin de semana ingresaron 41 cadáveres en la principal morgue de la ciudad.

Estas cifras de guerra civil dan sustento a un clima persistente de verdadero pánico entre la población, que el Gobierno por mucho tiempo buscó caricaturizar como “una sensación” propiciada por el amarillismo de la prensa, mientras intentaba paliarla en la calle con diversas iniciativas de abordaje “social” del problema.

Sin embargo, en su última campaña electoral, Hugo Chávez entendió que ya no era posible eludir el tema. En junio pasado lanzó una misión —las operaciones paraestatales de atención social que tanto rédito electoral le dieron desde 2004— bajo el nombre de A toda vida, Venezuela, que incluía la transformación del sistema penitenciario, la municipalización de la justicia y la atención integral a las víctimas del hampa. El comandante se cuidó entonces de precisar que la misión evitaría incurrir en los tics represivos de otros planes de seguridad.

Ahora Maduro sustituye esa consigna con una operación de clara impronta militar. En su fase de prueba, el plan prevé el despliegue de cerca de 3.000 militares en 500 puntos de control, sobre todo en los municipios de Sucre y Baruta del área metropolitana, gobernados por alcaldes locales de oposición. Esa suerte de ocupación ha activado las alarmas de los grupos de defensa de derechos humanos, que señalan la falta de adecuación del Ejército para atender situaciones de desorden civil, lo que podría dar pie a excesos.

La inquietud llegó hasta la cadena informativa regional TeleSur —que el gobierno venezolano financia—, en cuyo plató principal la periodista colombiana Patricia Villegas, su directora, preguntó a Maduro al respecto durante una entrevista el viernes. “Esta es otra fuerza armada”, dijo descartando el riesgo el presidente Maduro, que ese día cumplía tres semanas en el poder. “Es la fuerza armada de Hugo Chávez”.

El giro hacia la disuasión y, eventualmente, la represión, coincide con la llegada al despacho de Interior del director por muchos años de la policía política, el general retirado del Ejército Miguel Rodríguez Torres. Se atribuye al exoficial la concepción del plan, que pondrá bajo su comando todos los cuerpos policiales de los municipios, lo que cancela una autonomía fundamental de los gobiernos locales.

La jornada fue pródiga en lauros y prebendas para el sector militar. Maduro inauguró la sede de un nuevo batallón de infantería blindada en Caracas, ciudad de la que dijo que “ya queda bien protegida militarmente”. En el mismo acto, dio inicio a una misión especial para mejorar la seguridad social de las tropas, incluyendo nuevas prestaciones de atención médica, subsidios de alimentación, facilidades de créditos para la adquisición de vehículos y viviendas, entre otras mejoras, que incluyeron el decreto de aumento de los salarios. Así mismo, ofreció al alto mando militar la asignación de una frecuencia para un canal de televisión de las fuerzas armadas para el que pidió se le presentara un proyecto de parrilla de programación en un mes. Por último, tanteó la posibilidad de que el sector armado gestione “zonas económicas especiales” en las que produzca alimentos y equipo militar.

Todo esto debió sonar como música para los oídos de la cúpula castrense, que por mucho tiempo fue columna vertebral de la ecuación de gobierno del teniente coronel Hugo Chávez, pero que paradójicamente parece haberse vuelto indispensable para la continuidad en el poder de un civil, Nicolás Maduro. Éste afronta una virtual situación de resistencia civil de una mitad del electorado que no le votó en las elecciones del 14 de diciembre y que, para más inri, está convencida de que ocurrió un fraude en contra del candidato opositor, Henrique Capriles Radonski. El agudo desabastecimiento de productos alimentarios y de primera necesidad refuerza el malestar social.