Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

Grecia desguaza el sector público para cumplir con la troika

El Parlamento aprueba suprimir 15.000 funcionarios en 2014 y reducir el sueldo mínimo

Funcionarios municipales de Atenas marchan hacia el Parlamento el viernes pasado.
Funcionarios municipales de Atenas marchan hacia el Parlamento el viernes pasado. AFP

No por anunciados —o rumoreados, y luego desmentidos por las autoridades—, los recortes aprobados el domingo por la noche por el Parlamento griego han dejado de sacudir a una sociedad que, tras cinco años de recesión, está económicamente en el chasis. La contestación, no obstante, fue escasa: apenas un millar de manifestantes ante la Cámara, una imagen inédita en comparación con anteriores protestas más multitudinarias.

A cambio de recibir el siguiente tramo de ayuda de la troika (8.800 millones de euros hasta mediados de mayo, con un anticipo inmediato de 2.800 imprescindible para pagar sueldos y pensiones y que fue aprobado ayer mismo por el Eurogrupo), las medidas —pactadas con la troika, según la versión oficial; simplemente impuestas, para el resto— son de envergadura: sueldo mínimo (580 euros) recortado en cien de una tacada para incentivar la contratación de jóvenes y desempleados —427 euros para los menores de 25 años; 490 para los que superan esa edad—; supresión de 15.000 puestos en la Administración hasta fines de 2014 (la mayor andanada contra el sector público desde que en 1911 una ley consagrara la protección de los empleos públicos de cualquier cambio de Gobierno, y que con el tiempo se convirtió en puntal del clientelismo político); liberalización de profesiones como los contables o los panaderos, a los que se despoja del monopolio de la fabricación del pan; o mantenimiento, en fin, del impopular impuesto inmobiliario que se recauda en el recibo de la luz, si bien reducido en un 15%. Otra de las medidas es la regularización del pago de los impuestos atrasados a Hacienda y la seguridad social en mejores términos —es decir, en varios tramos—, tanto para particulares como para empresas.

El proyecto de ley, de 110 páginas e innumerables medidas, se tramitó como un solo artículo y por la vía de urgencia para agilizar la votación (y también las objeciones de inconstitucionalidad de la oposición, con la izquierdista Syriza a la cabeza). El Ejecutivo tripartito logró salvar el expediente —168 diputados votaron a favor, y 123 en contra—, pero no sin tensiones en su seno. La modificación del salario mínimo que se sacó de la manga en el último momento, minutos antes de la votación, el ministro de Economía, Yanis Sturnaras, fue el blanco de las críticas de la oposición y de la opinión pública. “Es verdad que 490 euros es un salario bajo, pero no hay que olvidar que estamos hablando de gente sin trabajo, así que para ellos será un alivio”, se justificó Sturnaras tras la ruidosa protesta de la oposición.

No era siquiera algo nuevo. Desde hace meses, la posibilidad de rebajar el salario mínimo —ya jibarizado en febrero de 2012— iba cobrando fuerza entre rumores, desmentidos y globos sonda, como el del subsecretario de Economía, Yorgos Meros, a quien irse de la lengua al respecto le costó el puesto, tras ser desautorizado por Sturnaras. A favor de su recorte también se pronunciaron hace dos meses los comisarios europeos Olli Rehn y la griega Maria Damanaki —miembro precisamente del Pasok, uno de los partidos que componen la coalición de Gobierno— y, sobre todo, los representantes de 11 multinacionales europeas que en febrero pusieron como condición para invertir en Grecia la rebaja del sueldo mínimo e incluso la implantación de minijobs a tiempo parcial con salarios en torno a los 300 euros.

La otra gran bofetada, que sin duda contribuirá a incrementar el paro —hoy es del 27%—, es el desmantelamiento de una parte considerable de la Administración. Hasta finales de mayo, se suprimirán unos 2.000 empleos públicos, que serán unos 4.000 a finales de este año. En diciembre de 2014, los puestos de trabajo suprimidos serán 15.000. Según anunció el ministro para la Reforma de la Administración, Andonis Manitakis, serán despedidos preferentemente los funcionarios con procesos disciplinarios abiertos; los contratados de forma fraudulenta o los que trabajan en empresas públicas o semipúblicas en vías de privatización (un plan que acumula meses de retraso y, sobre todo, falta de resultados).

Más información