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Cuando el juez devuelve la extra

Funcionarios y pensionistas son los grandes beneficiarios de la sentencia

El Constitucional mantiene un impuesto especial que afecta a jubilados

Un voluntario de la ONG Re-Food reparte entre gente sin recursos de un barrio de Lisboa comida donada por los restaurantes.
Un voluntario de la ONG Re-Food reparte entre gente sin recursos de un barrio de Lisboa comida donada por los restaurantes.

Paula Tomaz es profesora de portugués en un instituto de Belem. Tiene 56 años. Vive con su hijo adolescente y el viernes pasado estuvo pendiente de lo que decía el Tribunal Constitucional a través de la televisión. Así se enteró de que va a cobrar la paga extra de verano, equivalente a su sueldo mensual de 1.800 euros. Tomaz hace dos años que no la cobra. Es más: desde 2011 experimenta una merma constante en su salario, a base de recortes y subidas de impuestos. Como otros muchos portugueses —como buena parte de la clase media— ha visto cómo su vida se encoje a base de pagar más y tener menos derechos. Por eso, el viernes, se sentó a ver la televisión, un poco, como el que se sienta a ver un sorteo de lotería.

Y le tocó. El Tribunal Constitucional de Portugal anuló la retirada de esa paga a funcionarios y pensionistas, creando de paso un agujero fiscal que se ha convertido de rebote en una enorme crisis política pero que, para Tomas, resultó, sencillamente, un alivio: “Yo tenía esperanza. Por lo que había oído en la prensa. Por eso esperé. Es importante. Con esas pagas antes hacíamos muchas cosas: seguros del coche, dentistas, gastos inusuales… Significa dinero, porque lo estamos pasando muy mal”. Acostumbrada a esta marea continua de recortes, a dejar progresivamente de ir al cine, a las librerías, al gimnasio y a los restaurantes, desconfía: “A ver por dónde sale ahora el Gobierno. Porque al final siempre pagamos los mismos. Y no sé de dónde van a querer recortar ese dinero que dicen que falta”.

En Portugal hay médicos especialistas en urgencias que certifican que muchas personas, aunque lo necesiten, ya ni se acercan por ahí desde que cada consulta cuesta 20 euros; recientemente se publicó un informe en el que se alertaba de la cada vez menor afluencia de personas en transporte público debido a una doble confluencia de razones que actúan como una tenaza: la subida de tarifas y la reducción de líneas. Los profesores denuncian que ya no hay docentes de apoyo para niños con problemas debido a los ajustes. Poco a poco, el Estado de bienestar se descose.

"En España, las pensiones son intocables. Aquí no"

Fernando Martíns, vicepresidente de la Asociación de Pensionistas

En la última oleada de recortes, uno de los sectores más afectado resultó el de los pensionistas y jubilados. Por un lado, se les recortaba su pensión, escamoteándoles una paga extra (medida ahora declarada ilegal por el Constitucional). Por otra, se les reducía el montante mensual en virtud de una denominada Tasa Especial de Solidaridad, una suerte de impuesto progresivo que afecta a pensiones superiores a 1.350 euros. El alto tribunal ha dictaminado que esta medida es legal y va a seguir aplicándose. De ahí que los jubilados portugueses no estén del todo conformes con la sentencia que ha sacudido al país.

Fernando Martíns, vicepresidente de la Asociación de Pensionistas, un colectivo de nuevo cuño muy activo que en la última gran manifestación en Lisboa, celebrada el 2 de marzo, tuvo una gran presencia, lo considera muy injusto: “En España, las pensiones son intocables. Aquí no. Y una pensión de 1.350 euros tampoco es una millonada”.

Muchos de estos pensionistas denuncian que se ocupan de gastos relacionados con sus hijos o sus nietos en paro, y otros jubilados argumentan que el dinero que reciben no es ningún regalo sino la retribución de lo que aportaron con su trabajo durante muchos años.

“Yo trabajé durante 40 años en la Biblioteca Nacional, como funcionaria de alto nivel, y me quedó una pensión de unos 2.000 euros que se va reduciendo paulatinamente. Y todo se reduce: menos libros, menos viajes, menos conciertos de música, a los que soy muy aficionada pero a los que ya no voy a no ser que me regalen la entrada”, explicaba María Luisa Cabral, de 66 años.

Víctor Ferreira, un exagente de seguros de 64 años y 47 de cotización a la Seguridad Social, goza de una buena pensión. Pero se siente estafado: “Esto no es un esfuerzo de guerra. Esto es simplemente robar a los pobres para dárselo a los bancos. Yo creía que mis 15 o 20 últimos años iban a ser tranquilos. Pero ya veo que no va a ser así”.