Así llegó el matrimonio homosexual hasta el Supremo de Estados Unidos

Una viuda de Nueva York y dos parejas de California, una de ellas formada por dos lesbianas madres de cuatro niños, protagonizan esta semanas dos casos históricos que han llegado al Tribunal Supremo tras un largo proceso de denuncias, apelaciones, victorias y derrotas. Son los demandantes que han llevado la Proposición 8, la eliminación del derecho al matrimonio homosexual en California, y contra la ley de Defensa del Matrimonio, que impide reconocer las uniones homosexuales a nivel federal, hasta la más alta autoridad judicial del país.

Ambos casos pueden cambiar el panorama del matrimonio gay en Estados Unidos en diferente grado, pero su llegada al Supremo, coincidiendo con el giro en la opinión pública acerca de los derechos de los homosexuales, ha llevado a definir estos casos como "la lucha por los derechos civiles" del presente en EE UU, como antes lo fue el derecho a voto de la mujer o la igualdad de las minorías raciales. Sin embargo, cada una de las denuncias ha seguido una evolución diferente y, tal y como han sido planteadas, también pueden lograr resultados distintos.

Edith Windsor, de 83 años, y Thea Spyer se casaron en 2007 en Canadá. Su unión estaba reconocida en el estado de Nueva York, pero no a nivel federal, por el límite que establece desde 1996 la ley DOMA al definir el matrimonio como “la unión entre un hombre y una mujer”. Cuando Thea falleció dos años después, y tras 44 años de convivencia, Windsor obtuvo una herencia por la que, hasta ahora, ha debido pagar más de 300.000 dólares. Si una de ellas hubiera sido un hombre, -su matrimonio hubiera sido válido entonces a nivel federal-, Windsor no habría pagado ni un solo dólar.

Así, un caso relacionado de impuestos puede acabar con la limitación federal al matrimonio gay en EE UU. Más de 1000 regulaciones federales, entre ellas la que establece el porcentaje impositivo a pagar en el caso de una herencia nominal, o por matrimonio, están afectadas por DOMA. Windsor alega que el sistema legal incurre así en una discriminación contra ciudadanos como ella basándose únicamente en su orientación sexual.

Los jueces no están obligados a declarar que los Estados deban garantizar el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo o que éste sea legal

Sus abogados pedirán al Tribunal Supremo esta semana que se pronuncie sobre si el Congreso puede definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer dentro de los límites constitucionales o si esto supondría denegar a parejas gais derechos fundamentales que son avalados para el resto de los ciudadanos. Los denunciantes cuentan con el respaldo de la Administración Obama, que hace unas semanas presentó un sumario ante la corte, argumentando la inconstitucionalidad de la ley DOMA.

Un juez federal ya ha dado anteriormente la razón a Windsor, reconociendo que la definición vigente del matrimonio viola los derechos de los ciudadanos gais al discriminarlos con base en su orientación sexual. El próximo mes de junio, los jueces del Supremo podrían respaldar a Windsor, revocando la ley DOMA, aunque eso no supondría la legalización del matrimonio gay a nivel federal. Allí donde aún no ha sido regularizado o está prohibido, las parejas del mismo sexo no se podrán casar.

A pesar de los avances del matrimonio gay en los últimos años, y del cambio de la opinión pública norteamericana, en EE UU todavía hay 41 estados que lo prohíben explícitamente. Estas jurisdicciones estarán pendientes del otro caso -cuya vista se celebra este martes- contra la Proposición 8 de California. Aprobada en referéndum en 2008, denegó por primera vez derechos que ya habían sido reconocidos por la cámara legislativa estatal.

Las dos parejas denunciantes de California, Kristin Perry y Sandra Stier, y Paul Katami y Jeffrey Zarrillo, han puesto en duda si el Estado puede prohibir su matrimonio y al mismo tiempo cumplir con la obligación constitucional de proteger el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos. Los nueve jueces del Tribunal Supremo, en su sentencia, deberán responder por tanto si un Estado tiene competencias para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y, de ser así, si esto violaría los derechos de los homosexuales.

La decisión de los magistrados podría por tanto declarar ilegal la prohibición del matrimonio gay, eliminando las regulaciones que existen al respecto en 41 Estados del país. Los jueces no están obligados, sin embargo, a declarar que los Estados deben garantizar el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo o que este sea legal. Pueden limitarse a decir que el Estado no puede prohibirlo. Tradicionalmente reacio a imponer regulaciones a los Estados, el Supremo podría optar por dejar que cada Estado apruebe el matrimonio gay individualmente, a través de sus cámaras legislativas y de acuerdo con los avances defendidos por los ciudadanos.