Colombia, del laberinto de la violencia al jeroglífico de la paz

Ante el proceso de diálogo para la finalización del conflicto armado que el Gobierno de Colombia y las FARC-EP iniciaron a finales de 2012 en La Habana, han surgido esperanzas contenidas en una población agotada por años de terror, pero también se han reactivado grandes interrogantes y escepticismos, siempre presentes en esa Colombia invisible que padece la lógica de la violencia, alejada cada día más del ajetreado ritmo cosmopolita y pujante de Bogotá y Medellín.

¿Será la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla más importante del país el paso esencial para la normalización de la vida política, social y económica en Colombia? ¿o es, por otro lado, un hito que no va a ofrecer soluciones a las dinámicas de violencia que atenazan el desarrollo rural y la paz social en amplias zonas del país? ¿Son acaso las FARC la piedra angular de ese laberinto violento que impide el normal funcionamiento del aparato del Estado en algunos territorios, o son ya un actor de reparto más en el músculo mafioso y criminal del narcotráfico y de otras industrias, que son parte del mosaico violento en Colombia? ¿cuál es la dimensión y el alcance real de la solución política al conflicto colombiano, del diálogo actual? ¿a quién representan las FARC-EP, y qué nivel de legitimidad política y social tienen?

Podríamos pensar que sin la presencia de las FARC habría más Estado y este sería más efectivo. El monopolio de la fuerza y el imperio de la ley desarrollarían una gobernabilidad real. La descentralización hacia las regiones sería un ejercicio de auténtica transferencia de recursos, de subsidiariedad y regulación real. Habría más transparencia y la burocracia existente no abonaría el campo de la corrupción y la justicia ganaría terreno a la impunidad. Sin las FARC-EP, el miedo abandonaría las comunidades, el reclutamiento de menores cesaría, los paros armados que bloquean la actividad económica desaparecerían, las minas antipersonas serían desactivadas para dejar paso a los cultivos, las misiones médicas accederían a los lugares remotos para brindar atención médica de forma segura, las fumigaciones dejarían de contaminar los manantiales, las industrias extractivas, en todas sus formas, no serían fuente de financiación para la criminalidad y la reconciliación y el perdón calarían lentamente en una nueva Colombia, donde todos tendrían cabida, menos el miedo y la violencia. Sin embargo, resulta muy arriesgado sostener estas hipótesis hoy en día en Colombia.

Como lo ha explicado el profesor Luis Jorge Garay, en la captura del Estado colombiano el control social y económico no es patrimonio exclusivo de nadie, tampoco de las FARC-EP. Por lo tanto, los acuerdos que de esta negociación se deriven, si los hubiera, podrían tener un impacto más simbólico que práctico en la solución de fondo. Así lo reconoce el propio Humberto de la Calle, ¨la resolución del conflicto con las FARC EP solo es el inicio de la construcción de la paz social.¨

Si estamos de acuerdo en analizar el conflicto colombiano como un conflicto de origen agrario, incluso de un conflicto de lucha de clases o estamentos sociales, ni las FARC-EP están en capacidad de plantear ni liderar una propuesta de desarrollo para el país en estos momentos, ni el Gobierno se va a despegar de su hoja de ruta, ni es factible refundar 60 años de Colombia en La Habana. El país está entrando en la senda del capitalismo global. Por el contrario, si de lo que estamos hablando es de neutralizar mediante el diálogo la acción armada de la guerrilla, más longeva que recordamos, e incorporar su visión política, económica y social a través de los canales ordinarios, con plenas garantías de supervivencia física e intelectual por parte del Estado, para desde allí buscar la transformación social y económica que la guerra no ha conseguido, entonces quizás estamos siendo más realistas con el verdadero objetivo del Gobierno, con algunas visiones pragmáticas al interior de la propia guerrilla y con lo que realmente podemos esperar de este proceso, si es que podemos todavía esperar algo.

La violencia en Colombia se constituye como un modus vivendi y operandi del proceso político, como mínimo desde 1946, cuando las élites liberales y conservadoras pusieron en marcha un estilo en la concepción de las relaciones de poder que se ha ido sofisticando y mutando durante todos estos años, a través de los procesos de colonización dados hasta 1964 en el Tolima, Caldas o Valle del Cauca, la aparición de los movimientos guerrilleros en los 60 (como las propias FARC, EPL o ELN), la creación de las estructuras paramilitares de los 90 como las AUC (que en poco se diferencian de las guerrillas de paz o guerrillas del Llano de mediados del siglo XX), la cultura de los llamados traquetos y la época de los carteles de Cali y Medellín, que tuvieron como mayor exponente la figura de Pablo Escobar.

Todo ese combo, esa amalgama de procesos perfectamente relacionados entre sí, estructuras visibles o invisibles, intereses e impunidades, legales o ilegales cocidos a lo largo de más de medio siglo como parte intrínseca de las dinámicas políticas, sociales y económicas, con mayor profundidad en lo local, han ido construyendo, dinamizando y transformando la sociedad colombiana y constituyen el verdadero laberinto de la violencia y un jeroglífico difícil de interpretar en la búsqueda de la paz social, la buena gobernanza y el desarrollo rural. La solución, va mucho más allá de la finalización del conflicto armado con las FARC - EP.

No obstante conviene otorgarle toda la relevancia a un posible acuerdo de esta naturaleza, ojalá, sin duda histórico. Además, es necesario reconocer los esfuerzos del Presidente Santos, por hacer la tarea con un gran sentido de Estado, responsabilidad, discreción y coherencia, lo cual no es poco ni es fácil, considerando la herencia recibida de su antecesor, en términos de polarización social y derechos humanos.

Por supuesto, hay riesgos claros en este proceso, lo vemos dia a dia, que van desde los saboteadores que circulan ocultos o a pecho descubierto, hasta los personalismos excesivos, pasando por la agenda del diálogo, la dinámica incesable de enfrentamientos y el rol de las víctimas ligado a la futura reparación, entre otros aspectos.

Además, la agenda de negociación no debería invisibilizar la crisis humanitaria que viven amplias zonas del país. Fuentes no oficiales calculan que 2012 se ha cerrado con un incremento del 70% de personas desplazadas respecto a 2011. Las realidad nos aleja del escenario del postconflicto y las soluciones duraderas. En este sentido, las instituciones del Estado y la comunidad humanitaria en general (donantes incluidos) no deberían dejarse arrastrar exclusivamente por el entusiasmo que genera esta agenda política.

Lastimosamente, no estamos cerca de descifrar el jeroglífico de la paz social en Colombia.