Bruselas advierte a Suiza de que no puede restringir el acceso de europeos

Primero fueron los europeos del Este y ahora, todos los europeos. La amenaza de que Suiza pueda extender al conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) las trabas de acceso que ya aplica a ocho Estados miembros molesta a las autoridades comunitarias. Bruselas advierte de que esas intenciones vulneran el acuerdo de libre circulación vigente desde 2002 y duda de que se cumplan los supuestos que permiten a Suiza hacer una excepción, según explica una portavoz de la Comisión Europea.

“Las restricciones a ciudadanos de ocho Estados miembros son contrarias al acuerdo de libre circulación, como lo sería aplicar restricciones a inmigrantes de los otros 17”, advierte una representante del departamento que dirige Catherine Ashton. Tanto la Comisión como la representación helvética ante la UE confirman que la semana pasada el jefe de la diplomacia suiza, Yves Rossier, se reunió con un alto cargo del servicio exterior de la Comisión, David O’Sullivan, y le planteó esa posible restricción a los trabajadores comunitarios a partir de junio. Aunque el encuentro estaba convocado para otros fines, se abordó este espinoso asunto y O’Sullivan comunicó a los representantes suizos que las medidas “no están justificadas”. Bruselas se pronunciará oficialmente cuando Suiza tenga que adoptar la decisión definitiva, hacia el mes de mayo.

Paradójicamente, los más afectados por el eventual cierre de fronteras a la mano de obra comunitaria no serán españoles, italianos ni portugueses, como han destacado la prensa suiza y francesa, sino los europeos con mejor posición económica: los alemanes. Suiza cuenta con 1,1 millones de ciudadanos comunitarios y la mayoría proviene, por este orden, de Alemania, Francia e Italia, según explica el portavoz de la representación suiza ante la Unión. Y, de aplicarse las restricciones, no podrían ir dirigidas hacia países concretos, sino al conjunto de los socios europeos.

No obstante, las estrecheces económicas están incrementando el flujo de trabajadores españoles y portugueses en territorio suizo, lo que eleva el perjuicio potencial de estas medidas. La salida de españoles hacia ese país se duplicó en 2011 respecto al año anterior, hasta alcanzar las 6.013 personas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Son cifras aún poco relevantes, que podrían verse afectadas si Berna decide limitar los movimientos de los europeos hacia sus fronteras.

Los acuerdos que rigen desde 2002 permiten a Suiza frenar la entrada de europeos si la inmigración de un año determinado supera en más de un 10% la media de los tres últimos ejercicios. En ese caso, las autoridades de ese país pueden, por un solo año, dejar el crecimiento en el 5% respecto a esa media. Pero, además, el número de permisos de residencia de larga duración concedidos a ciudadanos comunitarios no debe ser inferior a 15.000. Con esa afinada regulación, Bruselas no cree que, llegado el momento de hacer las cuentas, Suiza pueda oponerse a acoger más europeos. La excepción, en todo caso, expira en junio de 2014. A partir de ahí todos circularán libremente por Suiza, salvo rumanos y búlgaros, los últimos en incorporarse al club comunitario.

Las cifras que manejan las autoridades helvéticas evidencian que la inmigración está lejos de ser una amenaza para la prosperidad del país. Con la zona euro en recesión, las entradas de europeos crecieron en 2012 un magro 4,1%, según el portavoz suizo. Si se contempla toda la inmigración, no solo la comunitaria, el avance anual se reduce al 2,9%.

Tampoco los niveles de paro, ligeramente superiores al 3% —frente a más del 10% en la UE—, sugieren la necesidad de frenar la entrada al mercado laboral suizo. “Pero hay presiones [a la baja] sobre los salarios porque la inmigración ha aumentado en los últimos años”, argumenta el representante suizo.