La justicia argentina investiga a Ford por presunta colaboración con la dictadura

La justicia de Argentina está avanzando sobre las sospechas de que el poder empresarial fue cómplice de los crímenes de la última dictadura en el país (1976-1983). Semanas después del procesamiento del poderoso industrial azucarero Carlos Pedro Blaquier, una juez de la periferia de Buenos Aires, Alicia Vence, ha llamado este miércoles a declaración indagatoria a cuatro exejecutivos de Ford por la presunta colaboración de la empresa norteamericana en el secuestro y la tortura de por lo menos 25 obreros que trabajaban en su fábrica bonaerense. Se trata de la misma acusación que pesa sobre el procesado Blaquier.

A pocos metros de la fábrica de Ford en Pacheco, en la periferia norte de Buenos Aires, un cartel de la Secretaría de Derechos Humanos indica que en esas instalaciones fueron detenidos ilegalmente y atormentados operarios de la compañía en 1976. Los cuatro exejecutivos llamados a indagatoria son Nicolás Courard, presidente Ford Argentina en aquel tiempo; Pedro Müller, que era gerente de manufactura; Guillermo Galarraga, gerente de relaciones industriales, y Héctor Sibilla, jefe de seguridad. La juez del municipio de San Martín, en el noroeste del Gran Buenos Aires, pidió su indagatoria dentro de la causa sobre los secuestrados y torturados de Ford, en la que hasta ahora el principal acusado era el comandante militar Santiago Riveros, ya condenado a prisión por otros delitos de terrorismo de Estado. El fiscal de la causa, Félix Crous, considera que las “máximas jerarquías” de la fabricante de coches debieron colaborar con los crímenes.

Hace unos años, Ford reconoció que había pedido protección militar de su fábrica porque dos de sus ejecutivos habían sido asesinados y otros más habían caído heridos por atentados de la guerrilla peronista Montoneros entre 1973 y 1975, años en que gobernaba el ala derecha del peronismo. Sin embargo, la compañía negó que su planta se hubiese convertido en otro de los centros clandestinos de detención del régimen militar.

Ya son siete los empresarios que han sido imputados por crímenes de lesa humanidad de la dictadura, según la estadística de Centro de Estudios Legales y Sociales. La justicia de San Martín también investiga denuncias contra exejecutivos de Mercedes-Benz. Un juez de Buenos Aires indaga crímenes similares en Acindar, una siderúrgica que hace pocos años pasó a manos de ArcelorMittal y que había sido presidida por el después ministro de Economía del régimen José Alfredo Martínez de Hoz. El colectivo obrero fue el más perseguido por el terrorismo de Estado: el 30% de los miles de desaparecidos trabajaba en fábricas.

El empresario Blaquier difundió el pasado lunes una carta en la que niega su culpabilidad, anuncia que apelará su procesamiento y critica al juez de la causa, Fernando Poviña, porque supuestamente no tuvo en cuenta las pruebas que aportó para su defensa. Poviña recibió la semana pasada en su ciudad, Jujuy (noroeste de Argentina), el apoyo del exjuez Baltasar Garzón, ahora asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del país sudamericano.