La fiscalía peruana reabre el caso de las esterilizaciones en la etapa de Fujimori

La fiscalía peruana ha reabierto el caso de las esterilizaciones forzadas practicadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), archivado hace dos años y medio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado peruano en octubre de 2011 reanudar la investigación fiscal tras la denuncia de 2.074 mujeres que no dieron consentimiento informado o a quienes se les condicionó ayuda alimentaria y social a cambio de aceptar la entonces denominada "anticoncepción quirúrgica voluntaria".

Por esta causa será investigado, entre otros, el congresista Alejandro Aguinaga, exministro de Salud y actual médico de cabecera de Fujimori. La mención a las denuncias por esterilizaciones forzadas fue uno de los pocos aspectos que debilitó la campaña de Keiko Fujimori por la presidencia en el 2011: el entonces candidato Ollanta Humala mencionó el tema en un debate con la hija del exgobernante y, desde entonces, no lo volvió a aludir hasta este domingo, durante una actividad por el día de la no violencia contra la mujer.

De 1995 a 2001 se realizaron más de 272.028 esterilizaciones, tras modificar el Gobierno de Fujimori la Ley General de Población para legalizar ese procedimiento como un método de planificación familiar. El primer informe del CLADEM (Comité de América Latina y Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), que denunció dicha práctica en 1999, demostró que los centros de salud recibían presiones y estímulos para cumplir con cuotas de esterilizaciones, por lo que las realizaron en su gran mayoría con mujeres jóvenes, pobres, rurales, quechua-hablantes y excluidas, sin consentimiento informado o mediante asedio y engaño.

La abogada Jeannette Llaja ha relato a este diario que Aguinaga lideró en 2011 un grupo de congresistas que envió una carta a la fiscalía supranacional de derechos humanos para que no avanzara el caso de Mamérita Mestanza, una mujer que murió luego de someterse a la anticoncepción quirúrgica voluntaria. Dicho caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por cinco organismos peruanos y regionales de derechos humanos, entre ellos Demus, que dirige Llaja.

La abogada sostiene que uno de los “riesgos más grandes en este proceso es que el Ministerio Público no destine el dinero suficiente para la investigación. Por su complejidad, si no liberan a la fiscal la carga de otros casos y no le da presupuesto, el proceso morirá como ocurrió en primera instancia”. El congresista fujimorista Aguinaga ha respondido que “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo caso”, sin embargo, Llaja indica que dicho argumento de defensa es incorrecto: “No hubo pronunciamiento de fondo”.

A su vez, el abogado Carlos Rivera, asesor legal de las víctimas, señala que el exministro de Salud Aguinaga “logró dilatar la reapertura de la investigación fiscal por casi un año, con medios de defensa ilegales”. El diario La República informó que los otros investigados serán el exministro de Salud Marino Costa Bauer, el exasesor presidencial Eduardo Yong Motta, el exdirector del programa de salud reproductiva Jorge Parra y otros cinco exfuncionarios del ministerio de Salud.

Un testigo del trabajo que se realizaba en el ministerio de Salud entre 1997 y 2000, ha revelado que Parra tenía una sala de situación en su oficina, con “una pantalla gigante y muy moderna que nadie tenía en aquella época” donde registraban los avances en el número de esterilizaciones.

Los delitos que investigará la fiscalía son secuestro, coacción, omisiones y lesiones seguidas de muerte. De acuerdo con el informe de una comisión del Congreso que investigó en 2002 las esterilizaciones forzadas, a los trabajadores de los centros de salud los amenazaban con no reconocerles el pago de ciertas horas de trabajo o no renovarles sus contratos si incumplían con una cuota de esterilizaciones por mes o semana.

El reporte de dicho grupo de trabajo que lideró el parlamentario Héctor Chávez Chuchón aseguró que la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (USAID, en sus siglas en inglés) fue una de las entidades que financió las campañas de esterilización, un alto porcentaje de ellas en condiciones ilegales e irregulares. Cuando hace un par de años se archivó esta denuncia, esto significó un incumplimiento de la Convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) por parte del Perú.