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La ONU da a Nicaragua más derechos marítimos en su litigio con Colombia

Nicaragua obtiene una ampliación de su mar territorial

Los jueces internacionales confirmaron en 2007 la soberanía colombiana sobre el archipiélago caribeño de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ha fallado este lunes sobre el contencioso fronterizo que Colombia mantenía con Nicaragua en el Caribe. Los jueces han adjudicado a Bogotá la soberanía de los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajosueño, Este Sudeste y Alburquerque. Se ha mantenido la jurisdicción colombiana en las islas de San Andrés y Providencia. También en un radio de 12 millas náuticas alrededor de Serrana y Quitasueño. Y otro tanto sucede con Albuquerque y Este Sudeste. Pero el fallo traza también una nueva frontera marítima que amplía los derechos de Nicaragua hacia el este, una decisión que ha sentado mal en Colombia y que tiene más relevancia que las relativas a las islas y cayos. Ambos países no lindan por tierra, pero en el mar se disputaban los derechos en una zona rica en recursos pesqueros. Según las últimas prospecciones, también podría haber bolsas de gas y petróleo.

La demanda original fue presentada por Nicaragua en 2001, que pidió además una nueva definición de los límites en unos 50.000 kilómetros cuadrados de mar. El caso cuenta con una decisión preliminar, adoptada en 2007 por el propio TIJ, que refrendó la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en virtud del Tratado Esguerra-Bárcenas.

Firmado por ambas partes en 1928, Managua lo declaró nulo en 1980 aduciendo presiones de Estados Unidos, que ocupaba entonces su territorio. En 1969, Colombia intentó trazar su linde con Nicaragua en el meridiano 82, pero Managua lo rechazó alegando que no figuraba en el Esguerra-Bárcenas. Ello hubiera recortado, asimismo, su plataforma continental en el Caribe.

El origen del litigio es anterior incluso a los años 80. Se remonta al siglo XIX, porque tanto la Corona española, como Inglaterra y Estados Unidos han discutido por un archipiélago de gran valor estratégico en su día. En estos momentos, forma parte de un territorio declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Es uno de los mayores ecosistemas coralinos del Caribe y un gran banco pesquero. De confirmarse la presencia de hidrocarburos, al valor ecológico se sumaría la importante fuente de ingresos (y riesgo medioambiental) que ello supondría.

En 2011, el TIJ dejó fuera del caso a Honduras y Costa Rica, que habían pedido intervenir aduciendo intereses en la zona. El nuevo territorio marítimo concedido a Nicaragua pretende repartir "de forma equitativa los derechos en la zona" para que ambas puedan buscar hidrocarburos.