Las fuerzas de seguridad de Argentina acaban con su protesta

Después de ocho días, acabó este miércoles la rebelión por reclamaciones salariales de los suboficiales de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, dos cuerpos policiales de Argentina que se dedican al control de las fronteras, pero que en los últimos años han comenzado a cuidar también la seguridad en grandes ciudades. La protesta de las fuerzas de seguridad, que tienen prohibido por ley cualquier manifestación callejera como la que hicieron, se fue desgastando con el correr de los días, pero acabó definitivamente después de que el Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner prometiera el martes que aumentará la nómina de los policías de menor rango y de que renunciara el principal asesor y hermano de la ministra de Seguridad, Raúl Garré, acusado de ser el responsable de redactar el decreto que a principios de octubre rebajó los salarios de los uniformados entre el 30% y el 60%. También se ha ido diluyendo la protesta, también ilegal, de un grupo de 200 suboficiales de la Armada, que se quejaban porque sus superiores habían recibido aumentos de sueldos mientras que los suyos permanecían congelados.

Más de 1.000 gendarmes y prefectos habían encabezado manifestaciones permanentes frente a las sedes centrales de sus fuerzas, en Buenos Aires. En ningún momento llegaron a hacer una huelga, sino que protestaban en sus horas libres. Al tercer día de protestas, el Gobierno de Fernández eliminó por este mes los recortes y removió las cúpulas de la Prefectura y la Gendarmería al responsabilizarlas del ajuste, pero los uniformados ratificaron su protesta en demanda de que se duplicara su sueldo básico hasta el equivalente a 1.100 euros. El Ejecutivo, los nuevos jefes de las fuerzas y todos los partidos políticos con representación parlamentaria reclamaron a los policías que cesaran entonces con su protesta, pero ellos optaron por la rebelión. Eso sí, siempre negaron que lo suyo fuera una intento golpista.

Durante el pasado fin de semana, el Gobierno separó de la Gendarmería a una decena de los líderes sublevados. Los gendarmes protestaban en la calle con sus armas reglamentarias en la cintura, a diferencia de los prefectos y los marinos, que las dejaron en sus cuarteles en un gesto para demostrar que aquí la democracia no estaba en juego, en un país con una larga historia de golpes de Estado e intentos frustrados de ruptura institucional. También se inició una investigación contra dos prefectos por hechos de violencia en la protesta. Así fue cómo las manifestaciones se fueron diluyendo y el pasado martes el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, prometió que en noviembre los policías de menor rango iban a recibir aumentos salariales. El anuncio llevó a que un líder rebelde de los gendarmes llamara a una huelga, que careció de acatamiento, y encabezó una marcha a la Plaza de Mayo, que solo fue acompañada por 150 policías.

La protesta se terminó de diluir cuando el Gobierno hizo responsable a uno de los suyos por el desaguisado salarial. Renunció el hermano de la ministra Nilda Garré. Ella es quien ha encabezado en los últimos años una fuerte lucha contra la corrupción de la Policía Federal, la que custodia la seguridad en Buenos Aires, e incluso la ha reemplazado en los barrios más pobres e inseguros de la capital. Allí puso a los gendarmes y prefectos, acostumbrados a custodiar pasos fronterizos o ríos y mares, pero no a manejarse por las villas (barrios de chabolas) en los que se refugian las violentas bandas del narcotráfico. En los corrillos de la protesta, los policías rebeldes también criticaban a Garré por su pasado, su familia y su pensamiento político: ella siempre militó en la izquierda, su excuñado -y tío del jefe de Gabinete- había sido fundador de la guerrilla peronista Montoneros, ella fue abogada de presos políticos durante la dictadura de 1966/1973, diputada por el peronismo entre 1973 y 1976 y exiliado en el último régimen militar (1976-1983).