Asesinado en Colombia otro campesino que promovía la devolución de tierras

Un crimen ha vuelto a ensombrecer el incipiente proceso del Gobierno de Colombia de devolución de tierras a propietarios que fueron despojadas de ellas por bandas armadas. Un líder de un grupo de campesinos que reclaman terrenos, Jairo Martínez, fue asesinado el viernes pasado.

Desde 2007 han sido ejecutados 60 activistas de este tipo, 17 de ellos desde junio de 2011, cuando el presidente Juan Manuel Santos aprobó la Ley de Víctimas, que incluye el programa para la restitución de tierras.

El asesinato de Martínez, cuyos detalles y autores no se conocían cuando se publicó esta noticia, tuvo lugar en una zona rural del departamento de Sucre, donde operan potentes grupos armados de origen supuestamente paramilitar.

Ha sido el presidente Santos quien ha dado la noticia en su Twitter con el lenguaje telegráfico de esta red social. “Condenamos enérgicamente asesinato de reclamante de tierras. He ordenado investigación pronta para castigo severo”.

La violencia contra activistas y campesinos es uno de los muros contra los que choca por el momento el ambicioso plan de Santos, que pretende devolver más de tres millones de hectáreas, aproximadamente la mitad del total, antes de 2014, cuando termina su legislatura.

La raíz del problema es la permanencia de grupos paramilitares, según la Comisión de Juristas

Los afectados por la violencia criminal contraria a la devolución de las tierras suelen ser pequeños o medianos propietarios rurales. Aunque solo se ha esclarecido uno de los 60 asesinatos de los últimos cinco años, se sospecha que los hostigadores son remanentes de antiguas bandas paramilitares ligadas a terratenientes particulares y, en teoría, disueltas desde el inicio del proceso Justicia y Paz (2007) de desmovilización de paramilitares.

Según el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, “quienes están detrás son estos grupos que persisten y el tejido local -político, económico y social- en el que se asientan”.

La Comisión de Juristas, una ONG que da ayuda jurídica a víctimas de despojos de tierras, sufrió la pérdida de uno de sus representados en 2010, el líder campesino Óscar Maussa. “Lo mataron a palos y lo dejaron amarrado a un árbol con alambre de púas, algo horrible, con mucha sevicia”, explica Gallón por teléfono.

El pasado mes de abril la víctima fue Manuel Antonio Ruiz, asesinado con su hijo de 15 años en el departamento de Chocó después de ser torturados. Gallón dice que el Gobierno ha dispuesto medidas contra este problema, como la creación de una unidad de protección a víctimas, pero no ha atacado el problema de raíz, que a su juicio es la permanencia del paramilitarismo.

“El elemento más grave es la ausencia de reconocimiento de la existencia del paramilitarismo”, dice el director de la Comisión de Jurista, “y de su relación con las autoridades estatales –ejército, policía y otras agencias– en las zonas que necesitan una política de seguridad”. En su opinión, tratar de proteger a las víctimas o amenazados sin eliminar la supuesta existencia de bandas coludidas con entidades públicas “es como tratar un cáncer con aspirinas”.