Condena internacional a Israel por 850 nuevos pisos en territorio ocupado

El Ejecutivo de Netanyaju intenta compensar a los colonos por la decisión del Supremo de desalojar 30 familias en un asentamiento en Beit El

“Los asentamientos son ilegales bajo la ley internacional y amenazan con hacer imposible la solución de dos Estados”, se leía en un comunicado difundido por la oficina de la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton. La condena, a la que se le ha sumado la del gobierno británico, reprueba la próxima construcción de 851 nuevas viviendas en la Cisjordania ocupada por Israel (al este de la Línea Verde) como medida compensatoria del Ejecutivo israelí para calmar los ánimos de los colonos y la extrema derecha, abiertamente opuestos al desalojo el próximo 1 de julio de 30 familias en el barrio de Ulpana, en el asentamiento Beit El (a unos 20 kilómetros de Jerusalén)

El miércoles pasado el parlamento israelí (la Knesset) rechazó una propuesta de ley, impulsada por los partidos más a la derecha de la arena política israelí, con la que se pretendía anular el desalojo dictado por el Tribunal Supremo y lograr mantener las viviendas. Sin embargo, la presión del primer ministro Netanyahu, contrario a esta opción por contravenir lo dictado por la Corte y en previsión del rechazo que provocaría en la comunidad internacional, se dejó notar en la votación. Incluso el primer ministro había amenazado a sus ministros con despedirles si alguno de ellos votaba a favor de esta iniciativa. El proyecto de ley fue finalmente rechazado por 69 votos, frente a los 22 diputados que votaron a favor.

Poco después el Benjamín Netanyahu anunció que respetaría el fallo del Tribunal Supremo, enfureciendo a los colonos y a sus aliados de línea dura que se han comprometido a resistir la orden. Esta semana ya ha habido varias movilizaciones en los alrededores de Jerusalén y los colonos han anunciado que habrá más en los próximos días. “Los residentes todavía no han decidido exactamente qué tipo de pelea será o que tipo de confrontación física habrá”, dijo el jefe del consejo de Yesha (Judea y Samaria), Danny Dayan, al término de un encuentro mantenido el jueves con los residentes del barrio de Ulpana.

De momento allí ya se han aparecido tiendas de campaña de vecinos y simpatizantes de los colonos que persiguen protestar por una evacuación que, en principio, será “pacífica", tal y como acordaron en la noche del jueves los representantes políticos de los colonos y la Fiscalía del Estado, que representa al Ejecutivo en las negociaciones.

De las 800 viviendas anunciadas por el Gobierno, 300 apartamentos se añadirán a los ya existentes en Beit El y otros 551 se levantarán en los asentamientos de Maale Adumim, Ariel, Adam, Efrat y Kiriat Arba. “Las 30 familias permanecerán en Beit El y otras 300 familias se les unirán”, dijo Netanyahu.

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Además, el diario israelí Haaretz, informó el viernes que el Ejecutivo legalizará 13 de las 18 asentamientos ilegales con causas abiertas en el Tribunal Supremo, a pesar de que Israel se comprometió hace nueve años- al aceptar la Hoja de Ruta , el plan de paz de 2003 presentado por el Cuarteto de Madrid (EE.UU., la UE, la ONU y Rusia- a evacuar los construidos en territorio palestino al considerarlos ilegales.

Críticas internas y externas

Pero el anuncio ya ha provocado numerosas críticas internas, incluso en el seno de la coalición de gobierno de Netanyahu, de la que recientemente entró a formar parte el grupo Kadima. Yoel Hasson, diputado por este partido en la Knesset dijo que “Israel pagará caro su decisión de apaciguar a la extrema derecha”.

También han saltado chispas en la Autoridad Nacional Palestina, que lleva varios años demandándole al Gobierno israelí que congele la construcción de asentamientos como condición para sentarse de nuevo en la mesa de negociaciones. "Este es un acontecimiento muy grave; socava todos los empeños para reanimar los esfuerzos de paz entre ambas partes", afirmó Saeb Erekat, el jefe de los negociadores palestinos.

Condenas también llegadas desde Estados Unidos. En Washington, Mark Toner, portavoz del Departamento de Estado dijo esta semana que "no aceptamos la legitimidad de la continua actividad en la construcción de asentamientos israelíes. Y queremos ver que ambas partes se abstengan de realizar este tipo de acciones y regresen a negociar".

En la misma línea de lo ocurrido con la colonia de Beit El, el Ejecutivo israelí se ha comprometido a desalojar este verano un segundo asentamiento ilegal, el de Migrón (a 14 kilómetros al norte de Jerusalén) cuyo desalojo está previsto para el próximo 1 de agosto. Pero en este caso también habrá contraprestaciones, como el plan de 25 millones de shekels (unos 5 millones de euros) que el Gobierno israelí destinará para recolocar a las familias evacuadas en casas temporales, aún por construir, en el asentamiento cercano de Kojav Yaacov, al sudeste de Ramala.

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