El juez aparta a uno de los fiscales que acorralaron al vicepresidente argentino

La investigación sobre el posible enriquecimiento ilícito del vicepresidente argentino, Amado Boudou, seguirá a partir de ahora sin uno de los fiscales que acorralaron al político. El juez federal ha decidido este miércoles apartar del caso a Carlos Rívolo, recusado por el vicepresidente por haber ordenado el registro de uno de sus pisos. Se repite así lo sucedido a finales de abril, cuando un tribunal apartó al juez Daniel Rafecas, también objetivo de los ataques del viceministro.

Mientras los jueces investigaban a Boudou, antes de ser imputado este lunes, el vicepresidente dio una conferencia de prensa en la que no admitió preguntas. Durante unos 45 minutos, Amado Boudou se dedicó a atacar a varios estamentos judiciales y políticos de Argentina. Las acusaciones más graves iban destinadas al juez que lo investigaba, Daniel Rafecas, y al fiscal general, Esteban Righi, a quienes tachó de parciales. También se refirió al fiscal Rívolo. Poco más de un mes después, los tres están ya fuera del caso.

Por otra parte, el juez federal Ariel Lijo ha ordenado este miércoles ampliar la investigación patrimonial del vicepresidente, imputado por enriquecimiento ilícito por el fiscal Jorge Di Lello a raíz de la denuncia presentada por el periodista Cristian Sanz. Boudou ya se encontraba bajo investigación judicial por supuesto tráfico de influencia en el caso de la imprenta Ciccone de impresión de billetes. El magistrado ha unificado las dos causas.

Diputados opositores acusan a Boudou de haber intercedido, cuando era ministro de Economía (2009-2011), para pedir el levantamiento de la quiebra de la imprenta Ciccone y así facilitar su compra por el fondo de inversión The Old Fund, dirigido por Alejandro Vandenbroele, también involucrado en el caso.

La denuncia del periodista que dio inicio a las investigaciones señala como "supuestos testaferros" del vicepresidente a Vandenbroele, al socio de Boudou José María Núñez Carmona y a su novia, Agustina Kampfer, entre otros. El magistrado ha pedido que se investigue a los acusados por la "compra de terrenos" en un lujoso club de campo del balneario de Pinamar, a 380 kilómetros al sur de Buenos Aires, y un apartamento en el barrio de Puerto Madero, uno de los más exclusivos de la capital argentina. Los acusados de enriquecimiento ilícito están obligados a demostrar el origen de sus ingresos y propiedades, ya que la legislación les excluye de la presunción de inocencia.

Los legisladores opositores han pedido un juicio político contra el vicepresidente, pero según han adelantado fuentes del Gobierno, con mayoría en ambas cámaras parlamentarias, no tiene posibilidades de prosperar. El vicepresidente, por su parte, sostiene que es blanco de una campaña ideada por opositores y firmas competidoras de Ciccone para atacar al Gobierno. Hasta ahora sus ataques a la justicia han dado resultado.