El Congreso de Brasil asesta un duro golpe a la preservación forestal

A solo unas semanas de la samblea de la ONU de la Tierra en Rio, el Congreso de Brasil infligó la noche del miércoles, una dura derrota ambiental al gobierno Dilma. Lo hizo con la reforma del Código Forestal, de 1965, que aprueba una amplia amnistía a los grandes terratenientes que hasta 2008 llevaron a cabo la deforestación de la Amazonia.Ahora a la Presidenta Dilma Rousseff se le presenta una papeleta difícil. Los ecologistas y la oposición le piden que vete la ley para no manchar la credibilidad del país en materia embientalista en Rio+20, en el que ella será la gran anfitriona y a la que acudirán jefes de Estado de los continentes para celebrar el 20 aniversario de la primera cumbre de la Tierra.

La batalla por el Código Forestal que ha durado años y que ha enfrentado al sector agroindustrial y a los ecologistas, es el resultado de una lucha de dos concepciones políticas: la de la defensa de la integridad de la selva amazónica contra el desarrollo agroindustrial de uno de los mayores productores de comida del mundo.

Con el nuevo código quedan amnistiadas las multas por deforestación anteriores a 2008, aunque los agricultores y ganaderos deberán reforestar un área similar o conservarla en otras partes de la selva. Brasil defiende que ha reducido la deforestación a niveles de hace 40 años.

Según Greenpeace, los cambios “arrojan una sombra oscura a la reputación de Brasil como lider global en la lucha contra la deforestación y el cambio climático”. La ONG apunta que el nuevo Código “compromete los acuerdos internacionales que firmó el expresidente Lula da Silva en 2009 en la Cumbre de Copenhague”.

Dilma, ya antes de su llegada a la Presidencia, tenía su corazón dividido entre la defensa del Medio Ambiente y su filosofía de que uno de los ejes del desarrollo del país es el crecimiento agroindustrial.

Los verdes denuncian que detrás de la reforma hay "una ofensiva de los especuladores de tierra y de los grandes latifundistas"

Ella no ignora que, a pesar de las críticas que recibe Brasil por la destrucción de la Amazonia, aún un 61% de su territorio sigue protegido por ley y solo un 27% está dedicado a la agricultura. El sector agroindustrial representa el 37% del empleo nacional y el 27% del PIB (producto interior bruto), así como el 37% de las exportaciones brasileñas y tiene mucho poder entre diputados y senadores procedentes de las regiones del interior.

Al mismo tiempo, Dilma no puede dejar de escuchar el clamor internacional que no dejará de ver la amnistía a los deforestadores de antaño, como una luz verde a los grandes terratenientes para seguir robando espacio a los bosques de la Amazonia a favor de sus negocios.

Actualmente, el Rainbow Warrior, el buque emblema de Greenpeace, está en la Amazonia brasileña exponiendo los motivos de la deforestación y destacando las soluciones para el futuro. Greenpeace, junto con la sociedad civil brasileña, ha lanzado una campaña popular para conseguir una Ley de Deforestación Cero, como solución definitiva y permanente para la defensa de los bosques de la Amazonia que algunos desearían convertir en Patrimonio de la Humanidad al estar considerada como el gran pulmón de la Tierra donde corrre el 24% del agua potable del Planeta.

La aprobación en el Congreso, contra la voluntad de la Presidenta Dilma, del nuevo Código Forestal, ha sido debido a la fuerza que en él representa la llamada “lobby ruralista”, la del grupo de diputados ligados a los grandes terratenientes gracias a cuyos favores son siempre reelegidos.

Lo que pocos discuten es la amnistía a los miles de pequeños agricultores que no tendrían posibilidad de pagar las multas ni de dejar sus tierras que son la única fuente de renta de sus familias y que al mismo tiempo suponen una importante contribución a la producción de alimentos y ganado del país.