Regresión húngara

El Gobierno del primer ministro húngaro, Víktor Orbán, ha desatado las alarmas tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. La reforma constitucional promovida por Orbán aprovechando una arrolladora mayoría absoluta es contraria a principios del Estado de derecho como la independencia del Poder Judicial. Pero no es este el único atropello que ha cometido el primer ministro: además, ha limitado la libertad de prensa, modificado a favor de su partido la ley electoral, criminalizado a la oposición socialista recurriendo al pasado comunista y alterado las competencias del Banco Central. En suma, ha puesto en marcha un proyecto autoritario por el que pretende convertir una mayoría electoral en un monopolio institucional.

 Orbán ha adoptado estas iniciativas en medio de una de las más severas crisis económicas que ha padecido Hungría. El descontento crece entre los húngaros, por más que el Gobierno trate de desviar la atención recurriendo al nacionalismo y la xenofobia. El Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, por su parte, están reconsiderando los planes de ayuda a Hungría. Las razones no son solo económicas, sino también políticas.

La deriva autoritaria emprendida por el Gobierno húngaro no es el primer caso de esta naturaleza que se plantea en el seno de la Unión. Algo similar ocurrió en Austria y después en Italia, cuando partidos de ultraderecha se incorporaron a los respectivos Gobiernos e impusieron su agenda política. La respuesta frente a Austria, o la falta de ella frente a Italia, pusieron de relieve que la Unión carece de instrumentos eficaces para prevenir y corregir la vulneración de principios políticos y jurídicos irrenunciables por parte de algunos miembros. El Tratado de Lisboa prevé sanciones, pero al mismo tiempo ofrece demasiadas vías de escape a los países que podrían recibirlas. Al margen de que, en el caso de Hungría, podrían jugar a favor del nacionalismo que esgrime el Gobierno de Orbán.

La Unión no puede permanecer impasible ante la regresión autoritaria en Hungría. Mientras las normas impulsadas por Orbán no sean derogadas, la UE no puede seguir adelante como si nada con los planes de ayuda económica. Y si fuera preciso incrementar la presión política, debería hacerlo. Condescender con la deriva autoritaria en Hungría equivale a fijar un listón en Europa por debajo del cual todo estaría permitido.