Argentina sanciona la ley de regulación de papel para periódicos

El Senado de Argentina ha convertido este jueves en ley el proyecto de regulación de la fabricación, distribución e importación de papel para periódicos. La norma recibió el apoyo de los senadores del peronismo kirchnerista y otros grupos aliados, pero no consiguió el respaldo de la oposición, ni siquiera de los progresistas que estaban a favor de una regulación del sector, pero en términos distintos de los que impulsó el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El vicepresidente del Ejecutivo y presidente del Senado, Amado Boudou, opinó que la nueva legislación "mejorará la calidad de información y la pluralidad de opiniones” al asegurar el acceso al insumo al mismo precio para todos los periódicos. Los opositores consideraron que, en lugar de declarar el papel de periódicos como de “interés público”, la ley lo convertía en “interés del Gobierno”.

La nueva legislación establece que la única fabricante argentina de papel para periódicos, Papel Prensa (49% del Grupo Clarín, 27% del Estado y 22% del diario La Nación), deberá vender el insumo al mismo precio a todos los medios de Argentina. También tendrá que garantizar a todos el acceso al papel. En la actualidad se importa sin aranceles ni regulaciones el 22% del insumo consumido por las publicaciones argentinas.

Dos asociaciones de periódicos de Argentina han manifestado su oposición a la ley porque consideran que, en lugar de beneficiarlos, los perjudica

La ley dispone que Papel Prensa deberá presentar cada tres años un plan de inversiones para aumentar el abastecimiento del mercado. En el caso de que los accionistas privados no inviertan, lo hará el Estado y así elevará su participación en la empresa. Los derechos políticos que surjan de esas nuevas acciones del Estado serán ejercidos por un consejo federal del que formarán parte todos los periódicos del país, con excepción de los que sean accionistas de Papel Prensa. Ese consejo velará por el cumplimiento de la nueva regulación.

Dos asociaciones de periódicos de Argentina han manifestado su oposición a la ley porque consideran que, en lugar de beneficiarlos, los perjudica. Reclamaron que el Gobierno garantizara el pluralismo informativo y la continuidad de todas las empresas periodísticas. En cambio, algunos periódicos han apoyado la iniciativa de Fernández porque consideran que con ella se acabará lo que ellos consideran el “monopolio” del papel para periódicos. Papel Prensa abastece al 78% del mercado argentino.

“Lamentablemente Clarín y La Nación están haciendo un ataque feroz desde sus líneas editoriales en contra de la libertad de acceso al papel que necesitan todos los medios y, en definitiva, en contra de la democracia”, declaró Boudou. Clarín, dueña del principal grupo de medios de comunicación, que incluye el periódico más vendido, y el grupo La Nación, que también cuenta con revistas, atribuyeron el proyecto del Gobierno a una ofensiva más amplia contra los medios de comunicación que son esquivos al kirchnerismo. La pelea de Fernández se libra sobre todo contra Clarín, grupo al que acusa de monopolio tanto en el mercado de papel para periódicos como en las emisoras de radio y televisión y en la operadora de TV por cable.

Algunos periódicos han apoyado la iniciativa de Fernández porque consideran que con ella se acabará lo que ellos consideran el “monopolio”

Pero La Nación informó el jueves que un juez había inhibido bienes de ese periódico por un valor de 28,8 millones de euros por una presunta deuda que mantiene con Hacienda. La Nación acusó a las autoridades tributarias de esconder al juez un fallo de la Corte Suprema de 2009 en el que se disponía que se frenara la ejecución de ese pasivo hasta tanto no se expidiera sobre su legalidad. Los medios de comunicación se habían beneficiado de una rebaja tributaria a partir de la crisis argentina de 2001, pero el Gobierno de Néstor Kirchner la derogó en 2003 con la presunta promesa por escrito de crear una nueva, según La Nación. A partir de eso, este periódico y otros 23 medios más siguieron computando en sus balances esa rebaja impositiva. Hacienda no ha aceptado ese criterio y ha recurrido a la justicia.

El Senado también aprobó el míercoles una ley antiterrorista que, según el Gobierno, podrá usarse contra los medios de comunicación que provoquen “golpes de mercado”. "La ley antiterrorista no es para perseguir. Es para que no vuelva a pasar un golpe de mercado", dijo José Sbatella, jefe de la Unidad de Información Financiera, que se dedica al combate del lavado de dinero. “Lo que está previniéndose es la posibilidad de que un grupo de personas con un gran poder económico pueda concertar una política que vacíe las reservas (del Banco Central) o aterrorice a la población de tal manera que la induce a llevarse los depósitos, que es lo que ha pasado históricamente en los golpes de mercado. Los que generan eso son un núcleo muy reducido de operadores que luego difunden la situación con los medios”, declaró Sbatella a Radio La Red, en alusión a lo sucedido, por ejemplo, en la crisis que desembocó en el corralito de 2001.