La batalla de la Autopista del Sol

La muerte de dos estudiantes por disparos de la policía el pasado lunes durante una protesta que acabó en salvaje balacera —casi 30 minutos de tiros— ha devuelto a México a los momentos más oscuros de su pasado. El del autoritarismo del poder, la mentira oficial, la incompetencia policial y la marginación de las zonas rurales.

Los hechos se produjeron en la Autopista del Sol, en realidad una autovía con bastantes baches que va de Cuernavaca a Acapulco, a su paso por Chilpancingo, la capital del Estado de Guerrero (suroeste), uno de los más pobres y broncos del país y de los primeros en producción de marihuana y amapola. La ciudad, humilde, triste y provinciana, sobrevive hundida en las faldas de la Sierra Madre del Sur. Más allá de los montes se extienden los sembrados de droga. Más acá tuvo lugar la tragedia. Sus protagonistas, los alumnos de una escuela campesina de magisterio, proclives al vandalismo revolucionario; unas fuerzas de seguridad que más parecen matones de gatillo fácil y una clase política acostumbrada a la impunidad.

Todo empezó a mediodía. “Llegue allí a las 11.50. Los estudiantes eran unos 300. Llegaron en seis autobuses que habían secuestrado el día antes. Los atravesaron en la carretera. La Policía Federal les pidió que se fueran, los estudiantes dijeron que querían hablar con el gobernador. El jefe de los federales dijo: ‘Me vale madre, les vamos a quitar”, cuenta Lenin Ocampo, de 30 años, fotógrafo de prensa y testigo de los hechos.

“Al otro lado estaba la policía ministerial [de la Procuraduría general de Guerrero] lanzando bombas lacrimógenas. Entonces comenzó el relajo. Los chavos empezaron a juntar palos, piedras y cócteles molotov. Uno se acercó a la gasolinera y prendió fuego a la torre de aceite y la flama incendió un surtidor. Del otro lado se oyeron disparos y la Policía Federal creyó que estaban siendo atacados cuando eran las ráfagas de los policías estatales y los ministeriales”.

En la balacera, que duró cerca de 30 minutos, se usaron tres tipos de armas de cuerpos policiales distintos

Algunos estudiantes quedaron en el fuego cruzado de los diferentes cuerpos policiales. La refriega, en la que también participaron agentes vestidos de civil no identificados, acabó con dos estudiantes tendidos en el asfalto muertos, siete heridos de bala —uno de ellos está en estado de coma— y un empleado de la gasolinera que se debate entre la vida y la muerte por las quemaduras.

Fuentes conocedoras de la investigación oficial confirmaron a EL PAÍS que “se dispararon balas de tres tipos de calibre de tres armas diferentes, entre ellas fusiles de asalto AK-47, AR-15 y G-36, procedentes de lados opuestos y de cuerpos policiales distintos”.

El Gobernador del Estado, Ángel Aguirre, ha negado que diera la orden de abrir fuego. Sin embargo, el general Ramón Arreola, subsecretario de Seguridad de su Gobierno, le desmintió: “El gobernador me pidió limpiar la carretera y la carretera está limpia”, declaró. Arreola y otros tres responsables de seguridad han perdido sus puestos y hay 10 agentes detenidos, pero nadie da un peso por los resultados de la investigación.

Aguirre, que llegó a gobernador hace seis meses bajo las siglas del PRD (Partido de la Revolución Democrática), la formación de izquierdas que lidera Andrés Manuel López Obrador, ya ocupó el cargo de forma interina antes. Fue con el PRI tras la matanza de Aguas Blancas, cuando policías estatales mataron a 17 campesinos en junio de 1995. En plena precampaña electoral el incidente ha profundizado la división del PRD en Guerrero mientras que el líder nacional del partido guarda silencio.

El gobernador del Estado de Guerrero se enfrenta ahora a las amenazas de los estudiantes

El gobernador, que recurrió en octubre al Gobierno federal incapaz de combatir al narcotráfico, se enfrenta ahora a las amenazas de los estudiantes. “Mantendremos las movilizaciones hasta que se le haga un juicio político y se castigue a los culpables”, dice Irvin Ramírez, que lleva una gorra guerrillera con una estrella roja y responde con desconfianza. Uno de sus compañeros muertos recibió un tiro en la cabeza, el otro, en el cuello; sus colegas detenidos, asegura, “fueron torturados”, a uno de ellos se lo llevaron y le obligaron a disparar un AK-47 para incriminarle… La timidez de Irvin es un disfraz de su determinación.

La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa está situada en un valle verde y fértil a pocos kilómetros de Chilpancingo. Legendaria por su espíritu combativo, un cartel anuncia a su entrada: “Ayotzinapa, cuna de la conciencia social”. Aquí estudió Lucio Cabañas, fundador en los años setenta del movimiento guerrillero mexicano, y los murales de la escuela rinden homenaje a la épica revolucionaria. Más de 500 muchachos de origen campesino y procedentes de pueblos perdidos de la sierra con edades entre los 18 y 23 viven internos allí cuatro años. Estudian para maestros y reciben adoctrinamiento político en un lugar mezcla de colegio religioso y campamento maoísta.

Irvin explica las modestas reivindicaciones que llevaron a la tragedia: incrementar de 35 a 50 pesos (menos de tres euros) la ayuda diaria por cabeza en alimentos, aumentar de 140 a 170 las matrículas de ingreso y que todos los que salgan tengan empleo.

Los estudiantes han protagonizado diversos incidentes en los últimos años y en Chilpancingo son bastantes los que están hartos de los “vándalos de Ayotzinapa”. Creadas en los años veinte y fortalecidas después por Lázaro Cárdenas, estas universidades campesinas vivieron su peor momento en 1968 cuando Díaz Ordaz, el presidente que ordenó la matanza de estudiantes en Tlatelolco, cerró la mitad de ellas. Hace una semana, en una autopista, los fantasmas del pasado mexicano volvieron a tener una cita con la muerte.